Los pueblos originarios de Honduras realizaron una asamblea para denunciar las intenciones del Estado de imponer una Ley de Consulta Previa para las comunidades indígenas, con la cual se pretende, además de “cumplir” con los compromisos adquiridos, convertir este mecanismo en un mero trámite administrativo.
«La consulta previa es la médula de los derechos colectivos que poseemos los pueblos indígenas. El anteproyecto de Ley de Consulta, promovido por el Estado de Honduras, además de distorsionar la consulta, la limita a cabildos abiertos, dando lugar a un ciclo de violencia en contra de los pueblos indígenas», aseguró un vocero la de Organización Fraternal Negra Hondureña, Ofraneh.
Recuerdan que Tauli Corpuz, comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, emitió un informe en junio de 2017, denominado «observaciones adicionales», en el que exhortó al Estado de Honduras “a garantizar que se respeten los estándares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas”.
El asesinato de Berta Cáceres
La persecución y criminalización de líderes y defensores de los territorios, como medida de presión para que la élite empresarial logre sus objetivos, ha generado una serie de asesinatos, entre ellos el de Berta Cáceres (marzo 2016), eliminada aparentemente por militares activos y retirados.
El asesinato de Berta Cáceres sacó a flote la enorme problemática existente en Honduras en materia de seguridad y de aplicación de justicia. Durante más de dos décadas, el Estado ha tergiversado de forma deliberada la consulta con socialización, imponiendo de esta forma leyes, decretos, proyectos de “desarrollo», áreas protegidas, entre otras.
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