El pasado miércoles Italia sufrió una tragedia, el desplome del viaducto de Génova, que ha causado hasta ahora 39 muertos. El hecho para los medios españoles tiene implicaciones económicas en Europa, aunque la propia España debería revisarse.
La empresa encargada del mantenimiento del viaducto, Autostrade per l’Italia, filial de la multinacional Atlantia, se enfrenta ahora a la posible retirada de todas sus concesiones y una multa que puede alcanzar los 150 millones de euros. El problema que puede ir a más por su posible responsabilidad en la catástrofe. El gigante italiano de infraestructuras enfreta una pérdida del 22% de su valor en la Bolsa, en la fase final para adquirir la mayor gestora de autopistas de España, Abertis.
La compañía acordó con Hotchieff, filial alemana de ACS -la constructora presidida por Florentino Pérez (dueño del Real Madrid)-, la compra conjunta de Abertis, una operación valorada en más de 14.000 millones de euros, que todavía no se ha rematado.
Acuerdo en vilo con el dueño del Madrid
El acuerdo incluye, además, la entrada de Altantia en el capital de Hotchief, donde contará con cerca de una cuarta parte, mientras que ACS mantendrá una posición de control. La compañía, que cotiza en Alemania, también se vio afectada por el castigo en la Bolsa y cayó este jueves un 4%. La constructora española, por su lado, cerró la sesión con una caída del 2%, aunque al arranque de la jornada se llegó a dejar más del 5%.
Abertis tiene 14 carreteras gestionadas en España, que acumulan 1.560 kilómetros y, hasta que se lanzó la operación de compra de acciones de ACS y Atlantia, cotizaba en el Ibex 35 (Bolsa de Valores madrileña). Tal era su importancia estratégica que, en un primer momento, el Gobierno criticó la operación y los ministerios de Fomento y Energía acabaron solicitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que retirase la aprobación a la OPA (oferta pública de adquisición) de Atlantia. Finalmente, el Ejecutivo acabó aceptando este proceso.
Su papel como gran concesionaria de autopistas la sitúa en España en el centro de la decisión que tome finalmente el Ministerio de Fomento sobre las concesiones que vencen durante esta legislatura y sobre el futuro del modelo de peajes. La empresa, además, tiene presencia en 15 países de Europa, Asia y América, con más de 8.000 kilómetros, siendo uno de los principales operadores de autopistas del mundo, lo que ofrece un importante crecimiento a sus nuevos propietarios.
¿Qué es Atlantia?
Atlantia es una de las mayores empresas italianas por valoración bursátil. Durante la primera mitad del año, la compañía facturó 2.900 millones de euros y un beneficio de 531 millones de euros. Gestiona más de 3.000 kilómetros de autopistas en Italia y Auttostrade pel l’Italia, la filial inmersa en esta catástrofe, supone el 88% de su negocio de carreteras. Es además el propietario de los aeropuertos de Roma.
Su primer accionista es la familia Benetton, a través de su holding Edizione. Esta sociedad tiene otras compañías como la marca de ropa que lleva el nombre de la familia, United Colors of Benetton, o la cadena de restaurantes de carretera Auto Grill. El conjunto de sus participaciones empresariales tiene una valoración conjunta de 12.000 millones de euros, según la compañía, siendo Atlantia su principal activo.
Los Benetton también están en el Ibex 35. La familia italiana es la primera accionista de Cellnex. Esta empresa de infraestructura de telecomunicaciones era una filial de Abertis que la compañía decidió sacar a Bolsa para desinvertir. Edizione se hizo con la participación que le quedaba en esta empresa durante el proceso de la opa lanzada sobre la matriz.
La familia centra ahora buena parte de los titulares de la prensa italiana, puesto que el Gobierno ha dirigido hacia ellos sus críticas y ha convertido la empresa en arma política. «A mí Benetton no me pagaba las campañas», ha llegado a señalar Luigi Di Maio, viceprimer ministro y líder del Movimiento 5 Estrellas, señalando al Partido Democrático, previamente en el Gobierno.
El dirigente ha asegurado que por ello, «no les pagaremos por la retirada de las concesiones», ha añadido. El Gobierno también contempla una importante sanción de 150 millones de euros para la compañía.