Al menos 207 líderes entre indígenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de subsistencia y su modo de vida, indica la ONG británica Global Witness en su tercer informe anual sobre las luchas por los derechos humanos ligadas a los recursos naturales “¿A qué costo?”.

El documento califica al año 2017 como el más “letal” para los defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 países y específica que desde 2015, más de la mitad de los homicidios ocurrió en Latinoamerica.

Agrega, que a diferencia de años anteriores la agroindustria desplazó a la minería como uno de los sectores más violentos, con 46 personas asesinadas por enfrentarse a esta actividad.

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Países con más riesgos

El informe refiere que el país con mayor número de asesinatos fue Brasil. 57 activistas medioambientales perdieron la vida (80% por defender los recursos en la Amazonía), le sigue Colombia con 24, México con 15 y Perú con 8.

Un factor común entre los países con mayor número de víctimas es la corrupción gubernamental, explica el encargado de campañas de Global Witness, Ben Leather. Quien además sugiere someter a escrutinio el papel de los países inversionistas con empresas en zonas protegidas.

“No hay tantos asesinatos en Canadá o España, pero tienen inversiones relacionadas con ataques en el extranjero”, precisó.

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Indígenas principales víctimas

A diferencia de los habitantes urbanos, que pasan de una casa rentada a otra o se mudan de barrio sin sentir una desposesión, la relación con la tierra es muy distinta en el mundo rural e indígena. “La tierra nos orienta, el árbol sabe más”, asegura Mauro Mamani, nacido en Arequipa. “Ese pedazo de tierra no se cansaba de parir y alimentó a toda la familia”, relató en una conferencia el ahora Catedrático.

De las 207 personas asesinadas en 2017, la cuarta parte eran indígenas. La población indígena representa el 5% de la población mundial, por ello la ONG destaca que “siguen estando enormemente sobrerrepresentados entre las personas defensoras asesinadas”.

Casos de masacre

El informe de Global Witness reseña, que en 2017 se registraron más masacres que años anteriores. Brasil fue el escenario de tres “horribles” incidentes de este tipo en las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar asesinatos, en los que murieron más de cuatro personas a la vez, detalla Global Witness.

En una de las matanzas ocurridas en Brasil, 20 indígenas de la etnia Gamela (pueblo originario del estado de Maranhão) quedaron gravemente heridos y algunos les cortaron las manos, tras un ataque de agricultores brasileños que portaban machetes y rifles.

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En Filipinas, ocho miembros de una comunidad fueron asesinados por miembros del ejército al oponerse que en su tierra se instalara una gran plantación de café de la empresa Silvicultural Industries. La ONG sospecha que esa fuerza armada es responsable del 56% de asesinatos de ese país. Precisa que el 67% de las muertes ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos; y el 41% está relacionado a la agroindustria.

Galopa la Impunidad

El informe cita los ineficientes mecanismos de protección. Luego que “comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras ancestrales, siete miembros fueron asesinados entre 2013 y 2016 y ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia”, asegura Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre.

Para México, el informe plantea que el Gobierno garantice evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos “antes del otorgamiento de cualquier permiso o concesión para proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales”, dado que la imposición de proyectos a las comunidades “es la raíz de los ataques contra personas”.

El mismo diagnóstico es aplicable en Perú, donde decenas de proyectos mineros, de infraestructura o de agroindustria se han implantado sin procesos de consulta a los pueblos indígenas.

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Otras cifras

Los asesinatos relacionados con la minería aumentaron de 33 a 40. 23 asesinatos se asociaron a la tala. Global Witness pudo vincular a fuerzas de seguridad de los Gobiernos con 53 de los asesinatos y a actores no estatales con 90 de las muertes.
23 personas fueron asesinadas por enfrentarse a la venta ilegal de especies de vida silvestre, en su mayoría guardabosques en África. En Perú, seis agricultores fueron asesinados en septiembre con armas de fuego, después de ser maniatados. El contexto fue una disputa por tierras en Ucayali, una de las dos regiones más afectadas por la tala ilegal y la deforestación por cultivos de palma.

Responsabilidad privada

El informe menciona además de Silviculture Industries en Filipinas, a Desarrollo Energético S.A. en Honduras como empresas privadas ligadas a los asesinatos. “El umbral de evidencia para poder acusar a una empresa es bastante alto, y ya es complicado nombrar los sectores a los cuales los defensores asesinados se habían opuesto”, comenta el jefe de campañas de la ONG británica.

“Sin embargo, queda claro que ciertas industrias y en particular la agricultura a gran escala y la minería no están haciendo el debido proceso para prevenir la violencia en contra de los activistas”, agrega, Ben Leather .

Indica que defensores de derechos humanos han sido agredidos por protestar contra proyectos financiados por bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Holandés de Desarrollo y el Banco Interamericano.

Foto: REUTERS/Oscar Martinez (MEXICO

Ante el incremento de la violencia, la organización británica recomienda a los Gobiernos fortalecer las instituciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, ofrezcan mecanismos de seguridad a las personas amenazadas, y garanticen la rendición de cuentas y transparencia del Estado, dado que la corrupción y la participación de agentes del orden en las muertes están asociadas al incremento de las agresiones.

https://www.elciudadano.cl/derechos-humanos/en-un-ano-y-medio-29-defensores-del-medio-ambiente-fueron-asesinados-en-mexico/04/04/

https://www.elciudadano.cl/pueblos/indigenas-hondurenos-rechazan-proyecto-de-ley-que-limita-la-consulta-a-cabildos-abiertos/08/17/