La credibilidad democrática de Brasil se encuentra amenazada en la actualidad por el gobierno de facto que encabeza Michel Temer, específicamente por el caso de persecución judicial que se gesta en la actualidad contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el cual ha evidenciado serias irregularidades en el debido proceso y que ha llevado a la cárcel al líder obrero sin que existan pruebas materiales en su contra.
La advertencia fue realizada por el ex canciller brasileño Celso Amorim, quien explica que si las instituciones involucradas deciden ignorar y desacatar la decisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que instó a garantizar todos los derechos políticos de Lula como candidato a la Presidencia en las elecciones de octubre próximo, Brasil quedará fuera del Estado de Derecho internacional.
“No respetar la directiva, de naturaleza obligatoria, de una entidad internacional colocará a nuestro país al margen del derecho internacional, en la misma posición que otrora fue ocupada por países como África del Sur en tiempos del apartheid”, explicó Amorim en un artículo publicado este martes.
Al respecto agregó que tal situación no sólo afectará “la ‘imagen’ de Brasil -una obsesión de nuestras élites- sino también la credibilidad del país como miembro de la comunidad de las naciones civilizadas”, remarcó el diplomático, quien recordó que la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos de la ONU fue voluntariamente acogida por el Estado brasileño, al ratificar en 2009 el protocolo facultativo sobre Derechos Civiles y Políticos.
Este comité divulgó el viernes pasado una decisión donde instan al Estado brasileño a que se respeten todos los derechos políticos de Lula -preso político por más de 130 días- incluso los inherentes a su candidatura presidencial, “hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo”.
Acciones contra la credibilidad de Lula
Sin embargo, ya varias instituciones de Brasil han demostrado estar alineadas a los intereses del régimen de Temer y mantienen la persecución política y judicial contra Lula para cercenar todos sus derechos, al igual que lo hicieron con el golpe parlamentario y judicial que sacó de la presidencia a Dilma Rousseff, que allanó el camino para que Temer se quedará con el poder.
Un ejemplo de ello, han sido las posturas asumidas por el ministro de Justicia, Torquato Jardim, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Aloysio Nunes, quienes asumieron posturas contrarias al dictamen de la ONU.
En el caso de Jardim, consideró que la ONU “se entromete indebidamente en los asuntos internos de Brasil”, al creer que la decisión del Comité de Derechos Humanos no tiene ninguna relevancia jurídica.
Por su parte la Cancillería brasileña emitió un comunicado donde alegan que “las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto jurídicamente vinculante”.
A estas posiciones se sumó, este martes, el jefe del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes -asignado al cargo por el propio Michel Temer- al comentar que la determinación del Comité de la ONU “no tiene efectividad jurídica alguna”.
Sin embargo, reseña el diario digital Brasil 247, que la opinión del también exministro de Justicia del gobierno Temer carece de consenso en el STF.
Este medio también resaltó que incluso el ministro Luís Roberto Barroso, encargado de analizar en el TSF los pedidos de impugnación de la candidatura de Lula, “defendió la existencia de ‘un manantial’ de documentos internacionales que son indiscutiblemente vinculantes desde el punto de vista jurídico”.
Lee más:
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