El Gobierno español inició el procedimiento para exhumar a Francisco Franco, del Valle de los Caídos con la aprobación de un acuerdo de incoación que abre el plazo para que la familia del dictador presente alegaciones. Ese período, de 15 días, le permitirá comunicar el lugar donde desea que sean sepultados los restos del militar sublevado.
Se trata de un trámite técnico, anunciado el pasado viernes e incluido en el real decreto ley que modificó la Ley de Memoria Histórica, con el que el Ejecutivo inicia un proceso que cree que puede prolongarse hasta final de año.
Si en el plazo de esas dos semanas la familia Franco no comunica al Gobierno el lugar donde quiere que sea enterrado el dictador, será el Ejecutivo el que decida adónde se trasladarán sus restos «asegurando una digna sepultura». Para ello, deberá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vayan a ser enterrados y un informe no vinculante al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes.
Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar un plazo de 10 días a la familia para que presente alegaciones y, transcurrido este, otro Consejo de Ministros, mediante «acuerdo motivado» resolverá si procede la exhumación y el traslado de los restos y su destino.
No habrá tributos para el dictador
La familia Franco había enviado una comunicación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que lo amenazan con iniciar acciones penales y civiles contra él, por haber aprobado el decreto de exhumación de los restos del dictador sin haber justificado la urgencia de la medida. La carta, firmada por el nieto de Franco, José Cristóbal Martínez-Bordiú Franco, marqués de Villaverde, fue remitida el pasado 23 de agosto, un día antes del Consejo de Ministros que dio luz verde al real decreto ley.
Sánchez advirtió además que ante «la suerte de amenaza» de la Fundación Franco, mantiene el plan de que la democracia no rinda tributo a un dictador.
Los robos de Franco
Aún con la exhumación del dictador, quien gobernó con mano de hierro a España entre 1936 y 1975, las deudas de la familia Franco con la justicia continuarán.
Se estima que para 1940 Franco amasaba una fortuna cercana a los 400 millones de euros, proveniente del saqueo de las arcas del Estado.
El patrimonio se enriqueció con regalos y donaciones, además de adjudicaciones de inmuebles en todo el país. La herencia multimillonaria, después de la única hija del dictador, Carmen Franco, contiene fincas, palacetes, pisos y aparcamientos, además de diversas sociedades empresariales. Creció hasta alcanzar unos 600 millones de euros en la actualidad, según los cálculos de Sánchez. La familia siempre ha calificado estos números como «cifras de ciencia ficción».
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