Acusación de parlamentarios a ministros de la Corte Suprema «no afecta Estado de Derecho», afirman abogados constitucionalistas

Vía Radio Universidad de Chile / Justo en la fecha que la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la comisión especial de la Cámara de Diputados inició la revisión del sustento jurídico de la acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema.

Así, en la sesión de este jueves, expusieron los abogados Patricio Zapata, Claudio Nash y Rodrigo Poblete, quienes asistieron a los legisladores y dejaron claro su puntos de vista respecto del cargo que se acusa.

El primer turno fue del abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien, a pesar de criticar el fallo de la Sala Penal, cuestionó la razón de fondo de la acusación, que se basa en “notable abandono de deberes”.

El jurista indicó que el libelo no contiene “argumentos válidos” para destituir a supremos en un “juicio político”. Además, precisó que está la posibilidad de que el mecanismo acusatorio pueda ser utilizado como precedente para que diversos sectores políticos del Parlamento puedan destituir a otros magistrados por diferentes motivos.

“Lo que está en juego no es sólo la destitución, sino que la inhabilidad por cinco años para cualquier función pública, pero yo diría que lo que está en juego es el honor. A Hugo Dolmestch le deben quedar dos meses para cumplir los 75 años y el tema no es la oficina; el tema es una carrera completa, enfrentando causas difíciles en materia de derechos humanos, tratando de hacer justicia; no como otros magistrados que simplemente miraron para el lado”, afirmó el experto.

Posteriormente, fue el turno del coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash. El abogado aseveró que la acusación constitucional no pone en riesgo el Estado de Derecho ni la independencia del Poder Judicial, y argumentó que la decisión de los jueces fue errada y que tiende a profundizar la impunidad, en un momento donde el negacionismo de los graves delitos cometidos en dictadura establece un contexto distinto que debe ser analizado en profundidad.

“Tenemos una decisión errada que profundiza la impunidad. Frente a eso, las condiciones personales –lamentablemente- en este caso no deberían ser consideradas. No estamos evaluando si son buenas personas; no estamos evaluando si están a dos meses o cinco años de jubilar. Lo que ustedes deben hacer es tomar una decisión que, de verdad, tiene una base judicial, pero es política”, dijo el académico.

Finalmente, expuso el abogado constitucionalista Rodrigo Poblete. El jurista hizo hincapié en las condenas tardías, bajas y con tratamiento de delito común para el otorgamiento de la libertad, por lo que sí se puede sustentar la acusación.

“Cualquier interpretación que favorezca la impunidad no puede ser considerada como una de las plausibles, por lo tanto, si había una interpretación que favorecía el derecho de las víctimas y sus familias, de acceso a la justicia, esa era la interpretación plausible. No es malo sacar la cuenta, estamos a punto de cumplir 45 años, en los que todavía hay necesidad de justicia y reparación”, subrayó.

Este jueves, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, volvió a sus actividades después de concluir sus vacaciones en Europa, y reafirmó la declaración del pleno en defensa de la autonomía del Poder Judicial: “Estamos frente a un problema de autonomía. Estamos en una situación que dificulta el desarrollo normal de las instituciones y los entes públicos. Lo que en definitiva resulta afectado, es la garantía de los ciudadanos a un tribunal completamente autónomo”, recalcó.

En esa línea, la comisión recibió, al iniciar su sesión, una declaración de las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, donde reafirmaron la necesidad de aprobar esta acusación constitucional.

Carolina Marzán del PPD, Natalia Castillo de RD, el socialista Leonardo Soto, Esteban Velásquez de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), y el UDI Renzo Trisotti, son los parlamentarios integrantes de la comisión que estudia el mérito de la acusación contra los magistrados Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, cuestionados por otorgar libertad condicional a siete presos que estaban detenidos por delitos de lesa humanidad.

Publicado en Radio y Diario Universidad de Chile

Foto portada: ATON