La necesidad de nacionalizar la gran minería

La lucha por la nacionalización de nuestras riquezas básica tiene ya casi un siglo de historia, como testimonia el artículo publicado el 11 de agosto de 1920, por Luis Emilio Recabarren en el diario “El Socialista” de Antofagasta: “Los problemas de la miseria y de la esclavitud no terminarán mientras tanto la clase obrera se resigne a sufrir la actual organización social. Nacionalicemos las industrias extractivas. Nacionalicemos las minas de carbón, las salitreras, los bosques, el cobre, la agricultura y procedamos a que toda la industria muy nacionalizada sea administrada bajo el control de comisiones nombradas por el gobierno o las municipalidades respectivas”.

Años más tarde, en junio de 1932, en la República Socialista de 12 días de Marmaduque Grove, se produciría el primer intento oficial por nacionalizar nuestras riquezas básicas, con un decreto que declaraba inconcesible el cobre, lo que equivalía a nacionalizarlo, pero un nuevo golpe de Estado de Carlos Dávila, al amparo de la Armada estadounidense anclada en Valparaíso dejó inconclusa esta iniciativa.

Posteriormente, el primer proyecto de ley de nacionalización del cobre, que se presentó en el Congreso Nacional, fue elaborado por los senadores comunistas Salvador Ocampo y Elías Lafertte, el 21 de julio de 1951. En este proyecto se disponía la expropiación de las empresas de la gran minería por el monto de su declaración de capitales que alcanzaba en esa época a los 53,5 millones de dólares por las tres empresas existentes a la época.

En 1961, los senadores socialistas Salvador Allende, Raúl Ampuero, Salomón Corbalán, Aniceto Rodríguez, Alejandro Chelén, Adolfo Quinteros y Galvarino Palacios, presentaron el segundo proyecto de nacionalización del cobre, mediante el cual se expropiaba a las empresas norteamericanas según el valor declarado en Impuestos Internos, y se procedía a la creación de la Empresa Nacional del Cobre, que explotaría los bienes expropiados y comercializaría el cobre. Este proyecto, como el de Ocampo y Lafertte, nunca fue objeto de mayor estudio en el Senado.

Pero la lucha por la nacionalización de la gran minería, dejó de ser una bandera que concernía solo a los partidos de izquierda, porque parlamentarios de la democracia cristiana e incluso de los partidos liberal y conservador, también se incolucraron en esta lucha, en la que destacó por su claridad y visión, Radomiro Tomic,  quien el 18 de junio de 1961 sostuvo en el Senado: «Es obvio que mientras pretendamos, no sólo en lo formal, sino que en lo real, ser un Estado soberano, el control del cobre debe estar en manos de los poderes públicos del Estado de Chile. Y no en las empresas extranjeras«. En 1965, en plena discusión de la Ley 16.425 de Chilenización del Cobre,  el senador liberal Julio Von Mühlenbrock, presentaba un proyecto que disponía la inmediata expropiación de todos los bienes que poseyeran en Chile las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, la que se debía pagar según el valor libros de la contabilidad.

Esta diversidad de actores políticos que abogaban por la nacionalización de la Gran Minería del Cobre, desde la izquierda hasta la derecha, permitieron que la gran minería del cobre se nacionalizara por la unanimidad del Congreso Nacional, el 11 de julio de 1971, fecha que hasta hoy se conoce como Día de la Dignidad Nacional.

La lucha de Recabarren, Grove, Aguirre Cerda, Lafferte, Ampuero,  Von Mulenbrock, Tomic, Allende, y miles de otros chilenos, por la nacionalización del cobre y el rescate del patrimonio nacional, quedaba consagrado en la Constitución Política de la República  al establecer que: «El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas«, preceptos de tal raigambre en la conciencia nacional, que incluso la Junta Militar los mantuvo en la Constitución que hizo aprobar en 1980.

Lo acertado de la nacionalización de la gran minería del cobre, lo demuestran las cifras. Desde 1971 hasta el año 2011, la empresa estatal Codelco, le ha entregado más de US$ 80.000.000.000 (ochenta mil millones de dólares) al erario nacional, lo que representa más que el impuesto a la renta de primera categoría que han pagado absolutamente todas las empresas privadas de todo tipo que existen o han existido en Chile en este mismo período de tiempo, incluyendo los bancos, compañías de seguros, AFP, empresas mineras, comerciales, forestales, industriales, pesqueras, etc. La nacionalización del cobre, es de lejos, el mayor éxito económico de nuestra historia republicana.

Sin embargo, la historia ha retrocedido, porque hoy nuevamente nos encontramos con un hecho incomprensible e injustificable, las empresas extranjeras están de vuelta y producen 2 veces más cobre que Codelco. Pero lo más grave de todo es que nada dejan en nuestro país, como lo demostró en el Senado por el Director del S.I.I., en octubre de 2003, al informar que entre 1994 y 2003, las 10 mayores mineras extranjeras, pagaron la exigua suma de 1.147 millones de dólares de impuesto a la renta, pero a la vez tenían pérdidas tributarias acumuladas superiores al impuesto pagado, de alrededor de 2.700 millones de dólares. Sin embargo, en ese mismo período de tiempo, esas empresas privadas habían exportado el equivalente a 20,7 millones de toneladas de cobre fino, que al precio actual del cobre de 3,5 dólares la libra, alcanza a la increíble suma de 167 mil millones de dólares, prácticamente no dejaron un solo dólar en nuestro país.

Estas cifras son tan catastróficas para nuestra economía que no parecen ciertas: Pero ellas también tienen la virtud de: 1) Destacar lo acertado que fueron todos aquellos chilenos que lucharon por la nacionalización del cobre, 2) Demostrar que la inversión extranjera en nuestra minería nunca fue necesaria y no se justifica bajo ninguna circunstancia, 3) En consecuencia es más urgente que nunca proceder a una segunda nacionalización de la gran minería del cobre, y en general de todas nuestras riquezas básicas.

Por Julián Alcayaga O.

Economista

El Ciudadano