El exasambleísta, abogado y político Virgilio Hernández manifestó que los argumentos utilizados por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, contra el exmandatario Rafael Correa no tienen base legal, por lo que considera que estas acusaciones corresponden a una “persecución política y de venganza aberrante”.
«Aún ni siquiera hay una cuantificación de los daños y, sin embargo, ya se señala que por una decisión del tribunal de La Haya se va a sancionar a Correa; esto es absolutamente increíble», dijo el político a Sputnik.
En días pasados, El Gobierno de Ecuador solicitó a la fiscalía que inicie un proceso legal contra Correa, por presuntamente no haber defendido los intereses del país, durante el llamado “juicio ambiental del siglo”, el cual fue impulsado por las comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana contra la petrolera estadounidense Chevron.
De igual forma, el político destacó que las negociaciones y favores hechos a la petrolera datan desde la administración del exmandatario Jamil Mahuad (1998-2000), cuando éste liberó a Chevron de sus responsabilidades por los daños causados en su momento.
«Es una barbaridad que el Gobierno acuse a la administración de Correa cuando la causa de Chevron viene de hace mucho tiempo atrás; no tuvimos nada que ver con esa empresa, fue en el gobierno de Mahuad que se le liberaron responsabilidades a Chevron», dijo Hernández, aliado del expresidente Correa.
Añadió que, el hecho de que en la actualidad sea la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, quien maneje este caso, constituye una evidente desventaja para los intereses del pueblo y, en este caso, de las comunidades indígenas afectadas.
«Estos tribunales no consideran los intereses de los pueblos, los desastres ambientales ni las afectaciones a los pueblos originarios, sino que prestan atención solamente a los intereses de las grandes transnacionales; esa inequidad que existe es una disputa desigual para los Estados», reflexionó.
El pasado 30 de agosto, la Corte Permanente de Arbitraje emitió un dictamen, el cual exonera a Chevron de pagar 9.500 millones de dólares en indemnizaciones a miles de campesinos e indígenas.
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