El debate en torno al primer marco regulatorio del comercio de armas

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tratado de Comercio internacional de Armas (TCA) empezó el 3 de julio en Nueva York, en la sed de la ONU, y durará hasta el próximo 27 de julio. El encuentro busca consensuar un primer tratado internacional que regule el comercio de armas que llene el vacío jurídico actual. Claro que no cuenta con la venia de los principales exportadores de armas: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania y el Reino Unido. Un oscuro negocio que el 2009 transó US$ 1.531.000 millones.

Por asombroso que pueda parecer, no existe ningún tratado internacional jurídicamente vinculante y coherente sobre el comercio de armas, o sea, hay más regulaciones para el intercambio de plátanos o minerales que respecto a pistolas, metralletas o granadas. Hasta ahora los gobiernos no se han puesto de acuerdo para aprobar leyes que regulen el tráfico de armas, pese a que existen varias medidas para controlarlo al nivel nacional o regional.

Para paliar este problema, desde los años ‘90 varios ganadores del Premio Nobel de la Paz, apoyados por organizaciones no gubernamentales (ONG), exigieron la creación de un Código de conducta sobre los intercambios internacionales de armas. Durante años, numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, asociaciones humanitarias y juristas se movilizaron para poner fin al comercio de armas irresponsable y al vacío jurídico que lo permite. La campaña ‘Controlar las Armas’, de 2003, fue una de esas iniciativas.

El 6 de diciembre de 2006, la gran mayoría de los países miembros de la ONU (153) se pusieron de acuerdo en lanzar un proceso con el fin de crear un Tratado de Comercio internacional de Armas (TCA). Votaron la resolución 61/89 hacia el establecimiento de normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales, en la Asamblea General.

A fines de 2009, después de varias etapas, empezó oficialmente el proceso de negociación con el fin de aprobar un TCA en 2012, con el voto de la resolución 64/48 por 153 países y el apoyo de Estados Unidos por primera vez. La Conferencia final sobre el TCA empezó el 3 de julio pasado, después de 5 reuniones de un comité preparatorio.

LA URGENCIA DE REGULAR EL COMERCIO DE ARMAS

Cada año millones de personas sufren las consecuencias directas o indirectas de la falta de regulación del comercio de armas al nivel internacional y de su tráfico ilícito. Muchas son matadas, heridas o torturadas, también son víctimas de violaciones o forzadas a huir sus hogares. Varios crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos fueron cometidos debido a ventas de armas irresponsables y sin límites a varios países como Siria, la República Democrática del Congo (RDC), Sudán, Tchad o Colombia.

En el conflicto de Siria, por ejemplo, China y Rusia venden armas al régimen de Bachar el-Assad y la Unión Europea y Estados Unidos financian a los rebeldes en sus compras de armas. Así, superar los intereses económicos de los Estados parece imperativo a fin de salvar vidas.

La falta de regulación del comercio de armas y sus consecuencias constituyen un freno al desarrollo socioeconómico de muchos países. Según estimaciones de varias ONG, África pierde US$ 18.000 millones cada año por la violencia armada, lo que corresponde al importe anual de ayuda al desarrollo que recibe el continente. La compra de armas y su tráfico utilizan recursos necesarios a la educación, a la salud o a la construcción de infraestructuras, en Estados como Pakistán, India o China por ejemplo, donde una gran parte de la población todavía no tiene acceso a lo que se puede considerar como básico. Además, la inestabilidad y los conflictos disuaden las inversiones, lo que impide a varios países que alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

Además, la falta de regulación internacional del comercio de armas es un obstáculo al despacho de la ayuda humanitaria en las zonas de conflictos. Las amenazas armadas y los ataques impiden a menudo el trabajo de las ONG y de la ONU.

Otro costo está en el fomento de la corrupción. Se calcula que el costo de la corrupción en la industria de la defensa es de US$ 20.000 millones por año, cifra que equivale a la mitad de todas las transacciones vinculadas a la corrupción en el mundo, según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Amanda Cowl, Oficial de Asuntos Políticos del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), regular el comercio de armas “crearía un campo de ‘juego nivelado’ para las transferencias de armas a nivel global al exigir a todos los países exportadores a cumplir con normas similares para el control de las exportaciones y aportaría un mayor transparencia al mercado global de armas”.

UN MERCADO LUCRATIVO

La opacidad y las ventas de armas asociadas a asistencia militar hacen difícil poder evaluar el peso real de la industria de la defensa en el mundo. Hay marcados  desacuerdos según las fuentes, aunque todos los análisis reconocen que el comercio de armamentos representa un campo muy importante de la economía mundial.

Los principales exportadores de armas en el mundo son los Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania y el Reino Unido. Y los mayores importadores de armas serían Arabia Saudita, India, los Emiratos Árabes Unidos, China, Egipto, Pakistán, Israel y Siria.

La Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (ONUDA) indica que el total de los gastos militares mundiales en 2009 era de US$ 1.531.000 millones, es decir un 49% más que en 2000.

Según la ONU, el tráfico de armas forma parte de las 4 actividades ilegales más lucrativas junto al tráfico de drogas, de medicamentos y la prostitución. El cálculo acusa que equivale a US$ 1.200.000 cada año.

EL PELIGRO DE LAS PEQUEÑAS ARMAS

Cowl, de UNLIREC, plantea que un TCA efectivo permitiría “frenar el tráfico ilegal de armas”, ya que “la mayor parte de las armas ilegales provienen en primer instancia de canales legales. Es necesario evitar la diversión de las armas convencionales, incluyendo las armas pequeñas y ligeras, del mercado legal al mercado ilícito”.

En efecto, aunque se habla mucho más de las armas de destrucción masiva en la prensa, son las armas pequeñas y ligeras las que provocan más muertes: Se les atribuye la responsabilidad en 4 de cada 5 víctimas y de la mayoría de los crímenes de guerra, a pesar de que representen una pequeña parte del volumen total del comercio de armamentos.

Se estima que 875 millones de armas ligeras circulan en el mundo. Más de mil compañías en casi 100 países las fabrican, aunque los mayores productores están en Estados Unidos.

En América Latina y en el Caribe, existe un alto número de armas pequeñas y ligeras en circulación, además de un nivel muy importante de actos criminales realizados con las mismas, según Cowl. “El 77% de todas las muertes violentas en Centroamérica son perpetradas con este tipo de armas, lo cual es una proporción mucho más elevada que en otras partes del mundo”- sostiene.

La oficial de Asuntos Políticos de la UNLIREC precisa que “el tráfico ilícito de armas de fuego en la región está estrechamente vinculado con otras actividades ilícitas, como son el narcotráfico, la trata de seres humanos y la delincuencia organizada”.

ASEGURAR EL GATILLO PARA QUE NO DISPARE

La Conferencia de la ONU sobre el TCA logró reunir a sus 193 signatarios junto a representantes de varias organizaciones internacionales, regionales y de la sociedad civil. En apertura del encuentro, el 3 de julio, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon justificó a un TCA vinculante, aplicado de manera estricta a nivel nacional también.

Varias ONG, como Amnistía Internacional, con el apoyo de muchos países, exigen el establecimiento de una regla de oro, es decir, una norma que impondría que los países que violen los derechos humanos o en los que hay serios riesgos de que así ocurra, no les sean vendidas armas.

En juego también está el poder aprobar un tratado englobando la mayor cantidad de material militar posible (armas ligeras, municiones, etc.), además de las exportaciones e importaciones. La ONG Oxfam en particular reclama la inclusión de las municiones en el TCA, puesto que se trata de un mercado más importante que el de las armas.

El TCA debería alentar a los países a comportarse de manera responsable y transparente en lo que concierne al comercio de armas, publicando informes públicos al respecto, con el fin de impedir su malversación hacia redes de tráfico ilícito.

LAS DIFICULTADES DE LA NEGOCIACIÓN

Para muchos el TCA sería el mayor progreso del derecho internacional en favor de la protección de la población civil, desde la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998, claro que la tarea no resulta nada de fácil. Por ello la presencia de numerosas organizaciones de la sociedad civil en Nueva York para impulsar la aprobación del tratado.

En efecto, a pesar de la voluntad de muchos países de aprobar un TCA realmente vinculante, los seis principales exportadores de armas han vendido material de guerra varias veces. Incluso cinco de ellos son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir los supuestos guardianes de la paz mundial.

Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Alemania (único país que no forma parte del Consejo de Seguridad) se pronunciaron en favor de la aprobación de normas rígidas, aunque para estos países la industria de la defensa es un elemento fundamental de su economía.

Para Estados Unidos la exigencia del TCA en torno a los derechos humanos es menos importante. Por ello Amnistía Internacional teme que Francia, el Reino Unido y Alemania cedan ante la presión americana, con el fin de tratar bien China y Rusia.

En tanto, los gobiernos de estos dos países intentan reducir el alcance del TCA en lo que concierne les derechos humanos, indicando que este tipo de normas no se puede evaluar de manera objetiva.

China y Estados Unidos concuerdan en que el TCA debería excluir las municiones, asegurando que sería muy complicado controlar semejante volumen de ventas. En cambio, para Cowl “es primordial para muchos Estados latinoamericanos que ‘entre’ este tema al posible tratado”.

La oficial de UNLIREC advierte que “existe la posibilidad que los Estados no llegarán a un ‘acuerdo’ sobre su alcance, los parámetros, los mecanismos operativos, el nivel de transparencia o la periodicidad de la entrega de informes nacionales”.

¿ALGO DE OPTIMISMO?

A pesar de la resistencia de varios países, se puede ser optimista sobre el desenlace de las negociaciones debido a que muchos gobiernos afirmaron su apoyo al establecimiento de un TCA realmente vinculante.

Al parecer, Chile forma parte de los Estados que tienen una posición progresista en este campo. Al principio de la conferencia, el representante del gobierno afirmó que el acuerdo “debe lograrse a través de un instrumento jurídicamente vinculante, que fije altos estándares para la regulación de las transacciones comerciales de armamento, evitando su desvío hacia el mercado negro”.

Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, se alegró de que la Cancillería chilena adoptase una posición muy similar a la de su organización, por ejemplo con respecto a la necesidad de “incluir actos administrativos en toda la cadena de comercio, es decir, importación, exportación, transbordo, importación y exportación temporal”.

La ONG Oxfam parece optimista también. Indica que los países convienen aprobar el TCA, ya que la venta irresponsable de armas impacta todos. Además, considera que el TCA creará una nueva norma internacional, que influirá la manera de percibir los Estados en lo que concierne la venta de armas, incluso los que no hubieran aprobado el tratado. Oxfam recuerda que el tratado de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales (entrado en vigor en 1999) ha sido muy eficaz, mientras que los Estados Unidos, China, India y Rusia nunca lo firmaron.

Chloé Lauvergnier

El Ciudadano

+ INFO: Mapa de los intercambios de armas en el mundo

*  Se puede seguir lo que reporta la delegación Amnistía Internacional, que está en Nueva York y que incluye una delegada chilena, en la cuenta Twitter @AmnestyATT.