Esfuerzos gubernamentales no han logrado reducir los casos de violencia doméstica, que colocan en una situación vulnerable a la mujer lusa.
Una llamada de alerta de su propio hijo a la línea de emergencia 112, hizo posible el domingo 9 de septiembre la detención de un ciudadano portugués, de 55 años de edad, quien provocó un episodio de violencia doméstica contra su esposa en la casa que ambos comparten.
El hecho se registró en el camino de Almoster, parroquia del municipio de Alvaiázere, a 167 kilómetros de Lisboa, la capital de Portugal, informó el medio impreso Diario de Coimbra.
Al lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la guardia local, pertenecientes al Destacamento Territorial de Pombal, quienes detuvieron en flagrante delito al hombre, que ahora deberá responder ante la justicia por los actos cometidos.
Portugal ostenta un lamentable sitial cuando de hablar sobre violencia doméstica y de género se trata. Figura como uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de violencia dentro del hogar.
Las cifras son reveladoras: durante la última década más de 400 portuguesas murieron a manos de sus parejas, y en 2017 un total de 18 mujeres perdieron la vida producto de la violencia intrafamiliar.
Aun cuando ha habido progresos en esa nación europea para enfrentar el problema, los índices siguen siendo alarmantes. Un ejemplo de los avances es que desde el año 2000 Portugal clasificó la violencia doméstica y de género como un «crimen público», lo que significa que no es necesario que la víctima presente una queja para que la Fiscalía promueva un proceso.
Además de ofrecer más ayuda a las víctimas, el Ejecutivo luso también prepara nuevas medidas de apoyo como parte de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, que tiene como objetivo el combate a la violencia contra las mujeres y la discriminación por motivos de género, reseñó la prensa.
Pese a los esfuerzos políticos, asociaciones a favor de la igualdad citan las recientes, polémicas decisiones de jueces de Oporto y de Coimbra que justificaron la violencia doméstica cuando las mujeres víctimas eran infieles o “autónomas y modernas”, como evidencia de un problema cuya base no es la falta de mecanismos judiciales, sino la cultura machista que aún pervive en Portugal.
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