Contrariando el posicionamiento del Vaticano -uno de los primeros en reconocer y apoyar al gobierno de Federico Franco– la Pastoral Social Nacional de Paraguay se posicionó en contra del golpe de Estado, que a fin del mes de junio destituyó a Fernando Lugo del poder. Mediante un comunicado, los coordinadores diocesanos de la Pastoral Social reafirman su opción en favor de la población más carenciada y piden que los obispos de la Iglesia Católica rectifiquen su posicionamiento.
La Pastoral Social se une a la voz de diferentes sectores de la Iglesia Católica paraguaya, como la Conferencia de Religiosos y Religiosas, grupos de sacerdotes de base, órdenes religiosas (jesuitas, dominicanos) y entidades católicas para mostrar su total reprobación al golpe de Estado y la quiebra del orden democrático del país.
En un comunicado dirigido a los miembros de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, los coordinadores diocesanos y el Secretariado Nacional de la Pastoral Social, fieles a su misión y al mandato evangélico de opción preferencial por los pobres, manifiestan que es claro que la destitución de Fernando Lugo es parte del proceso golpista iniciado desde la llegada de este mandatario al poder, en 2008.
«Después de 24 intentos de juicio político, materializado con la destitución de un presidente electo por amplia mayoría, se da un juicio político simulado por causas totalmente ajenas a lo que causa un juicio serio, como por ejemplo la paternidad del presidente Lugo, la cuestión ideológica, la amistad de Lugo con dirigentes Sin Tierra, etc.; lo acontecido fue un golpe de Estado y un duro revés al proceso democrático paraguayo”, se lamentan.
En el comunicado se expresa además la posibilidad de que lo ocurrido en Curuguaty haya sido «un montaje de los políticos representantes de los grupos de poder”, que utilizaron el hecho para justificar el golpe. Así, la masacre de Curuguaty fue un oportunismo político de sectores que sólo hace algunas semanas habían negado el mismo juicio a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que mediante el Tribunal Superior Electoral se articularon para derramar cerca de 50 millones de dólares en las manos de operadores políticos.
Los coordinadores diocesanos y el Secretariado Nacional de la Pastoral lamentan que el posicionamiento de algunos obispos de la Comisión Episcopal Paraguaya (CEP) de apoyar al gobierno de Federico Franco, aún ante estos hechos, haya sido utilizado por parlamentarios para generalizar y decir que la Iglesia Católica apoyaba la destitución de Fernando Lugo.
En el comunicado se aclara que la decisión de algunos miembros de la CEP de solicitar al presidente su renuncia causó decepción, dolor, sorpresa y confusión en los fieles y en la población paraguaya, en especial en la población más humilde, y que a partir de esto, los sectores más populares comenzaron a ver tal postura como un distanciamiento de la Iglesia de los más pobres y excluidos.
«Por tanto, con amor filial y en espíritu de comunión, solicitamos que los obispos hagan una declaración que rectifique la visión que se ha dado de la Iglesia de Jesucristo al pueblo paraguayo y al mundo en estos sucesos y, de esa manera, reafirmar su compromiso de pastores con los más humildes y desprotegidos”, piden.
Además, la Pastoral Social remarca que la Iglesia puede actuar en el sentido de ofrecer atención a los campesinos y campesinas afectados por la masacre de Curuguaty. En el comunicado se señala que en la actualidad la Iglesia puede: hacer un acompañamiento institucional atendiendo humana y jurídicamente a los heridos, a los que están presos y a sus familias, solicitar a las autoridades que otorguen el acceso inmediato a la tierra propia a los campesinos de Curuguaty afectados por la tragedia, exigir la elucidación de los hechos y trabajar por la concreción de la Reforma Agraria en el país.
Naomi Pitts
Adital
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