Lonkos mapuches sospechan del Gobierno por carta entregada ante la CIDH que lleva su firma

A fines de junio llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de documentos una carta con la firma de los lonkos mapuches, Aniceto Norín y Pascual Pichún, en la que desisten de la demanda que tienen contra el Estado de Chile por la condena por Ley Antiterrorista en el Caso Poluco Pidenco. Claro que ellos jamás han claudicado respecto de mantener el juicio y menos firmado la carta. Extrañamente la Conadi citó a uno de ellos a firmar un traspaso de tierras hace algún tiempo.

El Lonko Aniceto Norín y su abogada Ylenia Hartog entregaron una solicitud de información al gobierno chileno para que clarifique qué tipo de participación tuvo en la llegada de la misiva ante la CIDH.

“Nunca nos retiramos de este caso”, afirma el Lonko Norín. Hace más de seis años que lleva litigando el caso Poluco-Pidenco con Pascual Pichún y sus abogados, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso Poluco Pidenco es emblemático. Los Lonkos fueron condenados por el delito de amenaza terrorista, en la causa que se llevó adelante por los incendios acontecidos en los fundos Santa Rosa y Nancahue. Patricia Troncoso, conocida también como La Chepa, junto a otros comuneros resulta condenada por el delito de incendio terrorista, que ocurrió en el fundo Poluco-Pidenco el 2001, perteneciente a la empresa forestal Mininco, del poderoso grupo económico Matte. Eso ocurrió en el marco de un conflicto territorial entre Mininco y las comunidades locales, que reivindicaban varios terrenos que pertenecían a sus ancestros y en esa fecha estaban en manos de la forestal. Fue aplicada la Ley Antiterrorista y Patricia Troncoso fue condenada a diez años de cárcel, incriminada por el testimonio de testigos protegidos. Pichun Paillalao y Norín fueron condenados a cinco años de cárcel por amenaza terrorista.

El caso Poluco Pidenco nunca fue revisado de fondo, a pesar de su carácter arbitrario y discriminatorio. Es por eso que Norín y Pichún decidieron llevarlo al nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de denunciar el uso ilegal de la Ley Antiterrorista por el Estado chileno cuando condenó la activista mapuche.

Los dos lonkos se enteraron la semana pasada que ellos mismos remitieron documentos ante un notario público, que señala «el desistimiento de toda acción relacionada con el presente caso, en atención al compromiso asumido por el Estado de Chile de realizar acciones […] por parte del gobierno chileno respecto de los pueblos indígenas, manifestando […] su voluntad de solucionar los problemas que los aquejan». Hubieron también declarado a la Corte que ya no tienen calidad de víctimas.

Gran sorpresa para los lonkos mapuches, ya que ellos jamás se han desistido de la demanda ante la CIDH, instancia a la que el 19 de junio llegó la carta que acusaba el desistimiento en la demanda ante el Estado chileno.

Norín afirma que “no hubo ningún compromiso” con el gobierno, y que el supuesto desistimiento totalmente los tomó por sorpresa. Hartog indica que hubiera sido “absolutamente incoherente” renunciar al juicio, dado el carácter emblemático del caso y para las víctimas.

Por ello presentaron una solicitud de información al gobierno, subrayando que no saben “quién redactó [los documentos aludidos], con quienes presentes, y quién los habría enviado a la Corte Interamericana”. Además, la abogada recuerda que el derecho de restitución de tierras se circunscribe “a la tramitación legal de estas demandas de conformidad con la Ley Indígena, a través del Fondo de Tierras de CONADI, y con la intermediación de los consejeros de la misma”.

FIRMA BAJO ENGAÑO

Concretamente, los lonkos declararon que si firmaron estos documentos, desistiendo de sus demandas, lo hicieron “bajo engaño” del gobierno. O fueron falsificaciones. De hecho, Norín fue a una notaría pública con una persona de Conadi, en Temuco, a firmar un asunto de un traspaso de tierras, después de una serie de reuniones en abril y mayo destinadas a restituir el territorio ancestral de su comunidad. La firma fue motivada por “recomendaciones” hechas por representantes del gobierno, las que a juicio de Hartog fueron “presiones” a Norín, con el fin de llegar a una especie de solución amistosa, es decir extrajudicial, “ya que no iban a ganar nada en juicio”.

“La primera lengua de los mapuches es el mapudungun, no hablan castellano tan bueno como este idioma”, explica Jaime Madariaga, abogado de Pichún. Todo este marco hubiera podido facilitar el engaño de los mapuches y añade que “los documentos que llegaron a la Corte no tienen ninguna validez”.

Hartog precisó que nadie en el gobierno se ha pronunciado hasta ahora sobre el supuesto desistimiento. Tampoco les han respondido cuando le consultaron sobre el aso. Por ello la abogada le envió una solicitud de acceso a la información pública. El gobierno tiene diez días hábiles para responder, plazo establecido por dicha legislación.

Hartog solicitó conocer el contenido de actas, acuerdos, encargados, responsables, fechas y lugares de reunión que llevaron al supuesto desistimiento, con el fin de entender en qué circunstancias eso se desarrolló, mientras insiste que su representado nunca firmó tal documento.

Norín sentencia: “Eso nunca ocurrió, y vamos a seguir adelante para defender nuestros derechos ancestrales”.

El Ciudadano intentó tener la respuesta de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), del Ministerio de Desarrollo Social y de la Cancillería, pero al cierre de esta nota no hemos tenido respuesta.

Chloé Lauvergnier

El Ciudadano

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