Suspendido indefinidamente el juicio contra asesinos de Berta Cáceres

La Corte Suprema de Justicia de Honduras suspendió por tiempo indefinido el juicio que debía comenzar este lunes por el asesinato de la activista social y ambiental Berta Cáceres, perpetrado en 2016.

La sentencia se produjo a solicitud de los familiares de Cáceres, quienes pidieron a los jueces que se aparten del caso por su parcialización y al Ministerio Público por ocultar la verdad. «Buscamos justicia en medio de circunstancias adversas y aun así descubrimos una estructura criminal detrás de la muerte de Berta», aseguraron.

«Hay cinco recursos de amparo que la Corte Penal de Apelaciones debe resolver en tres días«, informó el vocero del poder judicial, Melvin Duarte. Los recursos fueron presentados por la familia Cáceres y el Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Dos años y medio de espera de justicia

Dos años y medio después del asesinato de la activista, todavía no se ha juzgado a los responsables del crímen. Por el asesinato están encausados: Mariano Díaz Chávez, oficial del Ejército; Douglas Geovanny Bustillo exmilitar, y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la que Cáceres se opuso para defender el río Gualcarque, donde la firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por el impacto que podía tener en el territorio de la comunidad indígena lenca.

También están imputados Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza, y Óscar Arnaldo Tareas.

Los ocho están acusados por la Fiscalía del asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro. Castro fue el único testigo del crimen y aquel día resultó herido de bala, aunque no de gravedad.

El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20, según el Código Penal.

Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada a tiros por dos hombres armados que irrumpieron en su casa en la ciudad de La Esperanza, a pesar de que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía por su labor. Su muerte causó gran conmoción en el mundo de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos.

Cáceres fue activista por los derechos ambientales en Honduras

Dos años de trabas para procesar a los asesinos

Tras dos años de trabas, el caso se encontraba a la espera de celebración del juicio oral entre numerosas denuncias de irregularidades emitidas por la defensa y la familia de la líder indígena. «Fuimos marginadas de ese proceso. A pesar de que la ley hondureña contempla el acceso al expediente del caso por parte de las familias de las víctimas, nosotras no pudimos tener acceso. No pudimos participar», explicó Laura Zúñiga, una de las hijas de Cáceres.

Durante una entrevista con la Agencia EFE, otra de sus hijas, Olivia Zúñiga, sostuvo que los ocho imputados «no son los autores intelectuales en el escalón más alto (…) de este asesinato. Sin embargo, esperamos que las personas de las que se tiene evidencia clara sean condenadas y que haya justicia en este nivel y también en un nivel de autoría intelectual más alto». Zúñiga enfatizó que el sistema judicial «no está actuando de manera correcta a favor de la justicia y en contra de la impunidad».

Con la sentencia de hoy, los familiares intentarán que el juicio alcance hasta los que consideran los verdaderos autores intelectuales del crimen.

ONU se pronuncia

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras destacó en un comunicado, el pasado 3 de marzo, en el segundo aniversario del crimen, «la urgencia de profundizar» en la investigación sobre la muerte de Cáceres para conocer la verdad y sancionar a los responsables del crimen. Resaltó además «la responsabilidad» del Estado de Honduras de investigar este caso con la «debida diligencia» a través de una investigación «expedita, independiente, pronta y exhaustiva».

Por su parte, Greenpeace demanda «un juicio justo y ejemplarizante» en un contexto de «persecución» de quienes defienden el medio ambiente. «Reclamamos justicia para Berta, y una sentencia que contemple todo el proceso de criminalización de esta activista por parte de las personas que planificaron y ordenaron el crimen, que aún permanecen libres. Algo así no debería repetirse», sostiene Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España, en una nota de prensa.

https://www.elciudadano.cl/pueblos/familiares-de-berta-caceres-esperan-una-condena-para-autores-materiales-del-asesinato/09/13/

https://www.elciudadano.cl/honduras/berta-caceres-dos-anos-asesinato-elaboran-documental-homenaje/03/06/