En el centro de las críticas se encuentra la llamada Cumbre de Seguridad -para abordar la problemática que tiene en Estado con el pueblo Mapuche-, que se organizó la semana que termina en el Palacio de La Moneda. El Gobierno ha hecho un énfasis que excluye la mirada de las comunidades.
La postura de La Moneda ha sido fortalecer el envío de tropas y el endurecimiento de las medidas represivas en la zona de La Araucanía, en busca de proteger a los predios de las tomas que organizan los mapuche en protesta para recuperar las tierras que históricamente les fueron arrebatadas por el Estado chileno, sin avanzar en alternativas que permitan llegar a un entendimiento.
Diversos organismos de protección de los derechos humanos, así como representantes estudiantiles, han manifestado que ya es hora de finalizar con la represión de que ha sido y sigue siendo objeto el pueblo Mapuche.
Eloísa González, vocera de la Aces (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), declaró a Radio Universidad de Chile que desde su sector conocen lo que es la violencia por parte del Estado “ya sea por medio de la persecución política o la violencia policial” y agregó que consideran que se ha notado de manera especial en la violencia que se ha ejercido en contra del pueblo Mapuche.
En el mismo sentido, Carlos Muñoz Reyes, vocero de la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ), planteó que la llamada Cumbre de Seguridad sigue en el camino de lo que otros organismos han denunciado en múltiples espacios, que es el de la criminalización de la protesta social, y en este caso enfatiza en perseguir a quienes hacen legítimas reivindicaciones de territorio que hace el pueblo Mapuche.
El vocero de la ROIJ manifestó que la principal preocupación es que se ha agredido a menores de edad que resultan heridos por perdigones que ha disparado la policía uniformada y le dijo a Radio Universidad de Chile que “el Estado está demostrando un total desconocimiento del rol de garante de Derechos de los niños y niñas”, lo cual es un mandato de las mismas Naciones Unidas, protocolo que fue adherido por Chile desde 1990.
Desde la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), su presidenta Juana Aguilera, expresó que hay un permanente incumplimiento de este país a una serie de acuerdos y que impiden el desarrollo humano.
Aguilera explicitó que “Chile tiene compromisos internacionales con una serie de convenios y convenciones, especialmente la Convención Contra la Tortura, la Convención con los Derechos de la Infancia, los Derechos de los Pueblos Originarios. No puede ser que actúe de esta manera. El concierto internacional nos está mirando, no puede ser que entremos al desarrollo si tenemos este tipo de política salvajista”, dijo la activista.
Desde el viernes se vienen realizando nuevas marchas y manifestaciones, que se han visto en Ahumanda con Alameda, en Maipú, y en la Plaza de la Constitución (detrás del palacio de La Moneda), del mismo modo se han realizado nuevas protestas por la liberación de los presos políticos mapuche en el sur, desde donde se escuchan voces que endurecerán las acciones si es que el Gobierno no cede en el camino del entendimiento.
Del mismo modo continúa la toma de la Unicef por parte de representantes de la Alianza Territorial Mapuche en Santiago.
CBH
Twitter: @Cesar_inBH
El Ciudadano