Rodrigo Mundaca de Modatima: «El INDH debería tener competencias sancionatorias y los tribunales ambientales hacer la pega»

Vía Radio Universidad de Chile / El pasado cinco de septiembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos lanzó la última versión del mapa de conflictos socio ambientales en que se identificaron 116 pugnas activas. Algunos ejemplos latentes son: la catástrofe ambiental que vive el borde costero de Quintero y Puchuncaví, los daños al fondo marino provocado por las industrias salmoneras y el despojo territorial que viven las comunidades del norte producto de las faenas mineras.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (Modatima), se refiere al desamparo gubernamental que viven las comunidades en conflicto socio-ambiental, la falta de fiscalización y sanción para quienes cometen delitos ambientales, y la necesidad de un modelo de desarrollo que priorice la vida humana por sobre la inversión privada.

¿Cómo se compatibiliza la agenda pro inversión del gobierno con los conflictos socio ambientales latentes en Chile?

«Una de las iniciativas de Sebastián Piñera dice relación con destrabar la inversión privada en materia de proyectos en los territorios y a renglón seguido plantea la modificación del Servicio de Evaluación Ambiental, creando tres macro zonas en las cuales se debería definir el tipo de inversión privada en materia de proyectos en los territorios. Plantea también que la oposición que presenten las comunidades tienen que ir acompañadas por una persona jurídicamente competente, es decir, abogados.

Este concepto de destrabar la inversión privada en materia de proyectos, lo que hace es liberalizar aún más la intervención de nuestros territorios con industrias contaminantes, es decir es evidente que esta iniciativa del gobierno de Piñera busca en el fondo liberalizar aún más el modelo de despojo que existe en los territorios, profundizar aún más la situación que se vive en las diferentes regiones».

Dentro de la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental se pretende que exista una etapa de negociación previa a la evaluación ambiental entre las comunidades y las empresas. ¿Cree que esta instancia aporte en asegurar el resguardo de los territorios?

«Al acortar el periodo de tiempo para evaluar ambientalmente un proyecto de inversión se evidencia la relación de las empresas con las comunidades, la que es completamente asimétrica en términos del acceso al poder y a los recursos. Hemos visto lo que ha sucedido en algunos territorios donde empresas son capaces incluso de fracturar decisiones de algunos tribunales. Por ejemplo, lo que pasó con minera Los Pelambres y el emplazamiento del tranque de relave El Mauro en el curso natural de las aguas del estero el Pupío en Caimanes.

Este es el tranque de relave más grande de América Latina, ahí hubo una resolución judicial que obligaba al grupo Luksic a derrumbar el tranque de relave e incluso el tribunal de Los Vilos también tuvo un fallo en la misma dirección y finalmente lo que pasó es que los Luksic salieron con un maletín gigante de dinero a comprar voluntades, comprar dirigentes y finalmente ponerse por encima de la ley, fracturando una decisión judicial en circunstancias que tribunales diferentes habían fallado para que ese proyecto criminal no continuara adelante.

Por tanto, y a propósito de estos casos, es que vemos la existencia de una liberalización del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo mismo es que me preocupa esa relación que se va a establecer entre las empresas y las comunidades. Me parece que es completamente asimétrica y deja en absoluta desprotección a comunidades ante proyectos de un impacto ambiental tremendo».

¿Qué se debería tener en cuenta para la reforma del SEA?

«Lo que no puede continuar sucediendo es que exista un modelo de desarrollo que destruya ambientalmente a los territorios y que comprometa inequívocamente la vida de las comunidades que viven en esos territorios. Eso tiene una denominación, se llama ecocidio.

En Chile hay un ecocidio generalizado en pos de un mal desarrollo, que lo que hace en la práctica es privatizar el agua, apropiarse de las aguas, contaminar el agua, contaminar el aire, desmontar la flora y la fauna nativa en pos de un supuesto mal desarrollo que en la práctica lo que hace es hipotecar la vida de las comunidades.

Creo que hoy es fundamental a la hora de llevar adelante inversiones de grandes envergaduras la opinión de las comunidades. Hoy la opinión de las comunidades es completamente soslayada, por lo mismo, es que siguen funcionando en Quintero y Puchuncaví 19 industrias contaminantes, las que llegaron a un territorio prístino en materia de pesca artesanal, en producción de alimentos, un territorio donde vivían más de 50 mil personas, un territorio que no tenía las condiciones de contaminación que tiene luego de haberse desarrollado 50 años de faenas industriales.

Es fundamental construir una visión de desarrollo que sea viable económicamente y competitiva, pero también socialmente justa y ecológicamente más sana, eso es el debate que está ausente y ese es el debate que debería estarse dando en los territorios y no plantear solo destrabar la inversión privada con la finalidad de seguir emplazando industrias contaminantes a lo largo de todo el territorio».

¿Crees que el INDH debería tener atribuciones sancionatorias?

«Los derechos humanos asociados al acceso y la defensa del agua de la tierra, la flora y la fauna en el país son violados de forma sistemática, por lo mismo la preocupación por éstos amplían la perspectiva de los derechos humanos. La historia reciente nos demuestra como derechos políticos y civiles fueron conculcados por la dictadura, pero no se habla sobre la necesidad de luchar por los derechos humanos ambientales que permiten que los otros derechos existan.

Es muy importante internalizar la necesidad de defender y promover los derechos humanos ambientales en el país, ya que se encuentran completamente enmasillados. El INDH debería tener competencias sancionatorias y los tribunales ambientales hacer la pega, para que no sigan existiendo casos como los de las zonas de sacrificio de Quintero y Puchuncaví donde los tribunales conocen los antecedentes desde 1994 y no ha habido una respuesta.

Si se revisa el país de Arica a Magallanes te puedes dar cuenta que hoy tenemos un modelo ecocida frente al que la casta política no da el ancho para tomar decisiones a favor de las personas, y desde el punto de vista de la institucionalidad está completamente ajena a las necesidades que hoy se viven en los territorios».

¿De qué forma ves expresado el desamparo gubernamental en los conflictos socio ambientales activos en el país?

«El 31 de diciembre del año 2009, el entonces gobierno de la Concertación cambió el uso de suelo de la bahía de Quintero como de zona de amortiguación a zona de desarrollo industrial y facilitó el emplazamiento de la central termoeléctrica a carbón Campiche, que es de propiedad de AES Gener. Aquí hay una responsabilidad criminal de todos los gobiernos en materia de protección socio ambiental, el conflicto que hoy vive el borde costero es consecuencia de esa ausencia de institucionalidad, es el reflejo de la ausencia de políticas públicas en materia de protección y defensa de los derechos humanos ambientales. Lo curioso es que se sigan suspendiendo las clases y no se cierren las empresas.

Las mismas autoridades que han generado el daño y han facilitado el camino para que exista el ecocidio ambiental en la zona, son las que salen a dar declaraciones a favor de la defensa del medio ambiente, para luego a puerta cerrada generar un nuevo entramado que invisibilice la realidad de la comunidad hasta que se genere una nueva emergencia.

El mapa de conflictos socio ambientales publicado por el INDH da cuenta que la región que tiene el mayor número de conflictos socio ambientales es la Región de Valparaíso con 19 sectores en pugna.

Hace pocos días atrás en San Felipe, en la zona de Panquehue, hubo una intoxicación masiva por la aplicación de pesticidas de forma aérea.  El caso de Petorca está tipificado en el mapa de conflictos socio ambientales del INDH como usurpación de agua y se plantea como uno de los conflictos más importantes del país, Quintero Puchuncaví que tambien está en esta región.

Esta región no tiene nada de que sentirse orgulloso en materia ambiental, porque efectivamente en la Quinta Región hemos tenido autoridades que han sido absolutamente permisivas y genuflexas ante ese modelo de apropiación de los bienes naturales comunes, ante este modelo que no incorpora valor agregado a los bienes naturales comunes y que se destinan fundamentalmente a los mercados de exportación privando

Me parece que lo que está sucediendo en el país en materia de violación de los derechos humanos ambientales es una situación que se intenta ocultar, se le intenta bajar el perfil, ejemplo de esto es que se levantó la alerta amarilla en Quintero Puchuncaví. Los niños van a volver a clases el día lunes y probablemente vamos a tener cuadros de intoxicación masiva nuevamente la próxima semana, porque hoy la conducta del gobierno, y lo digo con toda propiedad, es completamente criminal y genocida frente al despojo y ante la contaminación del agua el aire la tierra».

Publicado por Diario y Radio Universidad de Chile