Justicia para ricos: Condenan a «libertad vigilada» a ejecutivos por delito que afectó a miles de personas

En el marco de un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de La Serena condenó a los ejecutivos de la empresa Investing Capital SpA, Francisco Zepeda Vásquez y Diego Fernando Morani, a la pena de 2 años y seis meses de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como autores del delito consumado de invasión al giro bancario. Los delincuentes perpetraron estos ilícitos entre noviembre de 2014 y marzo de 2016, en la comuna de la cuarta región.

En el fallo, el magistrado Pedro Rojas aplicó, además, a Zepeda y Morani la accesoria legal de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de condena, y el pago de una multa de 21 UTM cada uno.

Francisco Zepeda Vásquez

En la causa, el tribunal condenó también a Pedro Véliz Escudero, José Ignacio Valdivia Silva y Emiliano Cuchetti a un año presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, a accesorias legales y al pago de una multa de 21 UTM, en calidad de autores del delito.

Y, por otra parte, Francisco Zepeda Vásquez fue sentenciado a 41 días de presidio, más la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena por no haber «llevado o conservado los libros de contabilidad y sus respaldos exigidos por la ley (…) o si hubiese ocultado, inutilizado, destruido o falseado en términos que no reflejen la situación verdadera de su activo y pasivo», según establece el artículo 463 ter del Código Penal.

El tribunal decretó el comiso de $30.980.000, US$ 26.451, $1.072 (pesos argentinos); tres computadores HP Pavillion All In One y un computador Apple.

El juzgado acreditó que el 26 de noviembre de 2014, en la ciudad de La Serena, Zepeda Vásquez constituyó la sociedad por acciones Investing Capital SpA con un capital social de $1.000.000, instituyéndose como único socio y Gerente General de la misma, cuyo objeto social correspondía a la «prestación de servicios de asesorías financiera y comercial e intermediación de valores».

En dicho contexto, y por lo menos hasta marzo de 2016, los mencionados cinco ejecutivos «procedieron de manera concertada a recibir dinero habitualmente del público por la suma de al menos $31.904.369.713, en virtud de 4.647 operaciones de captación, de alrededor de 3.218 personas (…) ejecutando funciones que por ley se encuentran restringidas a las instituciones financieras y bancarias».

A consecuencia de las actividades ilegales desarrolladas por los imputados en la captación habitual de dinero del público, unas 1.370 personas recibieron una pérdida económica de entre el 90% y 100% de su capital, por una suma total no inferior a $11.607.621.571, según detalla el fallo.