Subsecretario de Lagos niega que se hayan ordenado aceptar salmoneras en parques nacionales

A través de una carta, quien fuera subsecretario General de la Presidencia del gobierno de Ricardo Lagos, Rodrigo Egaña, niega que “los cinco Subsecretarios mencionados hayamos ordenado aceptar salmoneras en parques nacionales”, como se acusó en la nota publicada el lunes pasado. Dice que una “anomalía” incluyó territorio marino en los deslindes de parques nacionales y que por ello entregaron una “orientación de política pública clara a las diversas autoridades intervinientes en los procesos” y que la “Subsecretaría de Marina agilizaría la tramitación del decreto que modificaba las áreas aptas para la acuicultura en la Región de Magallanes, las solicitudes de concesiones acuícolas que se refieren a aguas marinas colindantes a parques nacionales no serían objeto de informes negativos en su proceso de evaluación de impacto ambiental por el hecho de situarse dentro de los límites cartográficos de dichos parques”. La respuesta íntegra aquí:

En su edición del día de hoy, su periódico digital, bajo el título “5 subsecretarios de Ricardo Lagos ordenaron aceptar salmoneras en Parques Nacionales” se refiere a un oficio que en mi calidad de Subsecretario General de la Presidencia,  junto a otros colegas Subsecretarios, firmé en 2004, referido a la posibilidad de aprobar permisos de instalación de la industria salmonera en aguas marítimas en la Región de Magallanes.

Efectivamente a solicitud del entonces Intendente de dicha Región, a nivel central de gobierno se discutió la situación que se creaba para la aprobación de instalaciones de la industria salmonera en aguas marítimas de la región, en zonas colindantes de parques nacionales, con la finalidad de entregar una orientación de política que fuese aplicable en diversas situaciones ante las cuales las autoridades debían pronunciarse.

Esta interrogante surgía, como se especifica en el oficio firmado por los Subsecretarios y que su artículo reproduce, por  el hecho que los decretos que en su momento crearon diversos parques nacionales en el país, al definir los deslindes de dichos parques, no se refirieron solamente a la porción de territorio fiscal que pasaría a ser catalogado como parque, sino que incluyeron porciones de mar  territorial que se situaban al interior de los límites cartográficos utilizados para los mencionados decretos.

Lo anterior fue producto de una opción administrativa que decretó la creación de los parques, motivada por la mayor facilidad que implicaba usar límites cartográficos que permite unir dos puntos sin tener la necesidad de especificar todos y cada uno de los límites de la porción de tierra que pasaría a ser parte del parque. Lo anterior, si bien facilitaba la formulación de cada decreto, incurría en una anomalía por la cual se creaba un parque nacional que tenía porciones de tierra y porciones de mar; esta anomalía no fue reparada en su momento por los órganos contralores, creándose así una situación que debía ser corregida.

La situación que se había creado ponía bajo la normativa que rige los parques nacionales espacios marinos en los cuales se restringía todo tipo de actividades que están restringidas por las normas del SNASPE. Estas podían incluir las actividades de la industria del salmón, de la industria turística, del tráfico de cabotaje marítimo y varias otras.

Para reparar esta anomalía es que se definió como orientación de política pública lo que se señala en el mencionado oficio. En lo fundamental se señalaba que “el Ministerio de Bienes Nacionales iniciará los procedimientos tendientes a la aclaración de los decretos que crearon los parques nacionales en cuyos límites cartográficos hayan incluido aguas marinas con el único objeto de precisar que la declaración sólo ha referido a tierras fiscales, sin afectar a las aguas marinas colindantes a ellas”.

Al mismo tiempo se instruía a los diversos órganos de gobierno intervinientes en la materia para que se actuara en forma coordinada y coherente con la orientación de política que se había definido. De esta forma la Subsecretaría de Marina agilizaría la tramitación del decreto que modificaba las áreas aptas para la acuicultura en la Región de Magallanes, las solicitudes de concesiones acuícolas que se refieren a aguas marinas colindantes a parques nacionales no serían objeto de informes negativos en su proceso de evaluación de impacto ambiental por el hecho de situarse dentro de los límites cartográficos de dichos parques, se revisarían los informes ya emitidos que no concordaran con la orientación mencionada y se agilizaría el proceso de zonificación del borde costero de la región, para poder aprobarlo por Decreto Supremo.

Por último se señalaba explícitamente que, para proteger espacios marítimos determinados, se pasaría a “otorgar protección a las porciones de agua o zonas marítimas que lo requieran, a través de las medidas de afectación y/o protección pertinente, como parques marítimos u otros contemplados en la legislación vigente”.

De lo reseñado, se puede concluir que es falso que los cinco Subsecretarios mencionados hayamos ordenado aceptar salmoneras en parques nacionales. Lo que realmente hicimos, como era nuestro deber como autoridades de gobierno, fue entregar una orientación de política pública clara a las diversas autoridades intervinientes en los procesos en comento, que respetaran las disposiciones constitutivas de los parques nacionales y que el mismo tiempo permitiera corregir la anomalía que tuvieron los decretos en su origen, que crearon dichos parques.

Nunca ordenamos aprobar instalaciones de la industria salmonera en los parques nacionales de la Región de Magallanes, por el hecho que los parques  se constituyen en base a territorio terrestre y no en base a territorio marítimo.  Si se hubiese deseado crear parques marítimos, se debería haber formalizado dicha voluntad en un decreto especial, como el que se emitió durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos para crear el primer parque marítimo del país.

Es lamentable que se señale que la situación arriba descrita ha sido conocida producto que las “actuales autoridades de gobierno de la Región Austral desclasificaran un documento firmado por los ex – subsecretarios”. El oficio enviado por los Subsecretarios firmantes era público y conocido por todos los interesados; es increíble que las autoridades de la región sólo después de dos años en sus cargos hayan tomado conocimiento de una definición que ya tiene 8 años.

Igual de lamentable es que una ONG como el Centro Ecoceanos se haga eco de una maniobra política de las autoridades regionales, destinada a opacar una discusión que en su momento y en forma fundada fue definida por el Gobierno.  Es perfectamente válido reabrir una discusión sobre el tema, pero si esto se decide hacer, lo que menos se puede pedir es que se respete la verdad de lo que en su momento, durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos se definió y no se intente sacar provecho político pequeño.

Agradezco la publicación de esta carta aclaratoria en El Ciudadano para que sus lectores accedan a la información que aquí entrego.

Lo saludo muy atentamente

Rodrigo Egaña Barona

Ex Subsecretario General de la Presidencia

El Ciudadano