No se trata de la vil propaganda. Son los hechos objetivos. Las últimas cifras y los recientes episodios de la política, la economía y de lo social, apuntan a que en nuestro país crecen las distancias entre los de abajo y los de arriba. La brecha entre los poderes políticos, financieros y económicos, y las mayorías que deben bregar por acercarse a una calidad de vida decente y digna, es cada día más grande.
Las dos últimas encuestas nacionales, de Adimark y CEP, en algo ilustran lo que no es sólo un mal momento. Son nuevas señales de las distorsiones y deficiencias del modelo de desarrollo y de la institucionalidad política.
El presidente (así, con minúscula) Sebastián Piñera, marcó un 66% y un 59% de desaprobación en Adimark y CEP, respectivamente. ¿Trabaja para los pobres?: Piñera tenía una escuálida aprobación del 28% en el sector socioeconómico bajo y disminuyó todavía más, a un 21%. Evidencia de que no puede sustentar la política pública en bonos eventuales (que al final no llegaron a todos y todas) y menos en proyectos llenos de letra chica; es que en el sector de adulto mayor, el piñerismo se fue a pique: de un 41% de aprobación pasó a un 29%, un descenso de 12 puntos. En los sondeos de Adimark y CEP quedó en evidencia que los de abajo siguen postergados en materias sociales y económicas. En la de Adimark, sólo un 36% consideró que hay buena gestión en economía, 27% en salud (cayó ocho puntos), 24% en educación y un 16% en delincuencia, a pesar de que esta área fue una prioridad de campaña del mandatario. En el trabajo del CEP, los indicadores de gestión salieron todos malos. Que la administración piñerista lo hace mal marcó un 40% en empleo, 39% en economía, 45% en medio ambiente, 51% en salud, 59% en el combate a la pobreza, 60% en educación y 58% en delincuencia. Es decir, en temas prioritarios como salud, pobreza, educación y delincuencia es donde peor lo ha hecho Piñera, según la ciudadanía. De confianza que se tenga en el alojado de La Moneda, ni hablar; en Adimark la confianza en Piñera apenas llegó a un 29% y en la CEP a un 26%.
Sebastián Piñera quiso relativizar todas esas cifras y salió con el dato -que no es atribuible a su gobierno totalmente- de que la economía chilena crece y añadió que no entendía tanta incomprensión si se tienen esos resultados. El problema es que ese crecimiento sigue sin llegarle a la gente, en un país que se sitúa entre los que tienen la mayor desigualdad en el ámbito mundial y donde alrededor del 75% de los trabajadores gana menos de 350 mil pesos mensuales.
Esos fríos números se suman a otros datos de las últimas semanas, como que la Contraloría detectó, en un estudio de 77 municipios y 28 corporaciones municipales, una pérdida o mal uso de 25 mil millones de pesos de la Ley de la Subvención Preferencial para alumnos más vulnerables, que los municipios destinaron a otros propósitos y no a mejorar la calidad de la educación. Se planteó en mayo situar el sueldo mínimo (con respaldo incluso de la Iglesia), en 250 mil pesos, algo a todas luces necesario porque los 182 mil pesos de hoy son un chiste cruel; pero la ministra del Trabajo (convertida más bien en titular de Hacienda y vocera del empresariado), respondió con la amenaza de que subir salarios implica desempleo; ni siquiera tuvo el pudor de plantear que se podría estudiar el asunto.
Los estudiantes, profesores, legisladores y especialistas plantearon que se requieren siete mil millones de dólares para encarar el tema de la educación, y el Gobierno salió con una reforma tributaria que apenas recaudará entre 700 y mil millones de dólares. Los de abajo seguirán pagando IVA y el impuesto a la bencina. Por lo demás, el ajustito tributario respecto a disminución de impuestos es indiferente para el 88% de la población porque no paga esos impuestos, es decir, sólo se benefician los que ganan más.
El Gobierno dijo estar “satisfecho” con una cesantía de 538 mil personas, omitiendo que hay casi dos millones de trabajadores subempleados o con situaciones laborales inestables, sin contrato y ganando el mínimo o menos del mínimo.
Esos números se suman a otros que dan cuenta de la brecha entre los de abajo y los de arriba. El 20% más rico se lleva el 80% de la riqueza nacional. Los cinco chilenos más ricos acumulan una riqueza equivalente al ingreso de cinco a seis millones de compatriotas. Según el último informe de la OCDE, en Chile, casi un 19% de la población es pobre y varios estudios internacionales indican que el 35% de la población ha pasado por la pobreza. El 90% de la evasión tributaria del país la realiza el 5% más rico. Hay segmentos en que las diferencias de ingresos ya superan los 200 puntos.
En la oposición hay situaciones como las señaladas en entrevista por el académico Carlos Pérez, donde cabe preguntarse si a Michelle Bachelet, la política con más aprobación ciudadana, le conviene arriesgar su capital político y ciudadano, cuando personeros como Francisco Vidal u Osvaldo Andrade, junto al resto de la patota concertacionista (sobre todo la prepotente de niveles medios) se lustran y sacan brillo con los porcentajes de la ex Presidenta. ¿Para ellos será esa aprobación; para que vuelvan a Palacio los mismos; para que el pueblo se mame otro periodo de arrogancia, ineficiencia y conservadurismo de la Concertación? Es una pregunta que Bachelet debe contestarle en algún momento a los de abajo: para qué usará el respaldo que tiene.
Claro que las cosas no están oscuras. Los de abajo están movilizados, organizados, imponiendo agendas nacionales, articulándose. Han logrado incidir en políticas públicas, cambios, mejoras. Las revueltas de regiones, la continuidad de las movilizaciones estudiantiles, las protestas de pescadores, deudores habitacionales, minorías sexuales, medioambientalistas, trabajadores del retail, las exigencias de profesores y subcontratados, la persistente lucha de los mapuche, son ejemplo de que los de arriba no pueden dormir tranquilos.
Este es un país que cada vez más no sólo se caracteriza entonces por la brecha enorme entre los de arriba y los de abajo, sino también porque las dinámicas nacionales están cada día más determinadas por lo que hacen los de abajo por sus derechos, a contrapelo de los de arriba. Son dos caras de una moneda que está en el aire.
Por Equipo Editor
El Ciudadano Nº125, segunda quincena mayo 2012
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