Ecologistas aseguran que ley Tokman “institucionaliza la corrupción y la compra de voluntades”

Rechazo transversal ha generado el proyecto de ley anunciado por el ministro de Energía que otorga subsidios fiscales a las empresas eléctricas para que éstas compensen a los municipios que acepten sus proyectos. Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable, y Bernardo Reyes, del Instituto de Ecología Política, argumentan que el proyecto “institucionaliza la corrupción y la compra de voluntades”, mientras Reyes agrega que el ministro “ha cedido muy rápido a las presiones empresariales”.

Con el objetivo explícito de “disminuir el rechazo a la instalación de proyectos eléctricos” presentó el ministro de Energía, Marcelo Tokman, su proyecto estrella en la cena anual de energía el pasado 6 de enero. La iniciativa de ley, que según el secretario de Estado ingresará al Parlamento en marzo, establece la entrega de un subsidio fiscal a las empresas eléctricas para que éstas a su vez compensen financieramente a los municipios que acepten sus proyectos.

En su oportunidad el anuncio cayó como un balde de agua fría a Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente, que se enteró por la prensa del proyecto que debilita las políticas de evaluación de impacto ambiental impulsadas por su cartera. Pero el rechazo más de fondo proviene de los expertos y las organizaciones ecologistas, que ven en la iniciativa una peligrosa invitación a la corrupción y la anulación de la posibilidad ciudadana de rechazar proyectos que impacten negativamente el territorio.

Es el caso de Bernardo Reyes, coordinador del área de Economía Ecológica del Instituto de Ecología Política. Este es un proyecto, argumenta Reyes, en que “el Estado entrega facilidades financieras a las empresas para que los derechos preestablecidos de las personas y las comunidades locales no se les conviertan en obstáculos”.

En efecto, la “ley Tokman” establece que las empresas pagarán un monto aún no determinado a los municipios por cada megawatt producido en su territorio. La polémica se agudiza con el hecho de que esos recursos no vendrán de las empresas sino que del bolsillo de todos los chilenos, a través de un subsidio que aparece como expresión de la “responsabilidad social” de la empresa, pero que en la práctica constituye una reasignación del presupuesto fiscal.

COMUNIDADES COMPRADAS CON LA PLATA DEL ESTADO

Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, coincide con Reyes, y explica que el proyecto se anuncia justo cuando a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) diseñado por la CONAMA, comunidades locales y autoridades comunales de todo Chile han rechazado “con argumentos y mecanismos legítimos” proyectos que producían impactos ecológicos, sociales y económicos negativos en los territorios.

“Es un sistema que institucionaliza la compra de voluntades políticas de alcaldes, concejales y miembros de la comunidad local”, asegura Reyes, con el que “no sólo se debilita un sistema de evaluación que ya es bastante pobre (el SEIA), también se institucionaliza el financiamiento estatal de la corrupción”.

Larraín y Reyes valoran que dentro del proyecto se considere el pago de las patentes en los municipios, porque se redistribuyen con justicia recursos destinados a mitigar el impacto en las localidades. Pero Larraín subraya la distorsión que significa “que las empresas lleguen con un turro de billetes (proporcionado por el Estado) a comprarse a las comunidades cuando esos recursos debieran arribar producto de la planificación gubernamental”.

Como consecuencia de la “ley Tokman” no son pocos los que apuestan por la tesis del juego de presiones e influencias por parte de las empresas eléctricas, preocupadas por el rechazo a proyectos contaminantes y no sustentables. Uno de ellos es el mismo Bernardo Reyes, quien estima que el ministro “ha cedido muy rápido a las presiones empresariales. Las empresas amenazan diciéndole al Estado ‘si usted no nos apoya y no hace pública una medida de financiamiento, nosotros no invertimos’”.

En la Cámara de Diputados, en tanto, ya comienza a respirarse lo que podría ser un nuevo revés para el Ejecutivo. A la oposición del diputado Marcelo Díaz (PS), que aseguró hace un par de semanas a El Mostrador que la iniciativa respondía a la intención de destrabar la aprobación de Hidroaysén, se suma la de Antonio Leal ( PPD), quien se reconoció sorprendido por “lo absurdo” del proyecto: “es complejo, un proyecto así será rechazado en las dos cámaras, y aunque todavía no ingresa, yo hago público mi rechazo”.

Francisco Figueroa Cerda

El Ciudadano