La persecución judicial y policial es un recurso que la derecha internacional ha instalado como su preferido para neutralizar a los líderes progresistas que representan un obstáculo a sus intereses. El más reciente objetivo es el líder izquierdista francés Jean-Luc Mélenchon, a quien se quiere vincular con acciones de corrupción y malversación de fondos electorales.
Mélenchon denunció este martes que los registros realizados por la Policía, tanto en su residencia, como en la sede de su partido Francia Insumisa, responden al interés del Gobierno de Emmanuel Macron y cuyo fin es “intimidar” y “criminalizar” su acción política, pues representa una real alternativa ante el desprestigio y merma en popularidad que enfrenta el presidente francés.
Modus operandi
Los líderes progresistas son objeto de la persecución de una justicia corporativa y funcional que responde a los intereses de la derecha y que actúa bajo un esquema de guerra no convencional conocido como “lawfare” o “guerra jurídica”, en el que se coapta el sistema judicial como herramienta para desacreditar y/o encarcelar a un adversario político.
El neologismo fue creado por el profesor Charles J. Dunlap, director del Centro de Derecho, Ética y Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke (Estados Unidos), quien en 2001 lo definió como “el uso de la ley como un arma de guerra”.
De este modo, bajo el lawfare la ley, los procedimientos judiciales e incluso los medios de comunicación son empleados por los agentes políticos para perseguir y neutralizar a sus enemigos.
¿Cómo opera el lawfare?
Primero se “filtra” a la prensa un supuesto delito y se publican continuamente las sospechas o noticias falsas que involucran al “enemigo político”.
A través de este bombardeo mediático se crea una sensación de presunción de culpa que sirve como base para realizar investigaciones policiales y demandas judiciales.
El objetivo es lograr que en la opinión pública se establezca que el “sospechoso” es culpable y que la Justicia actúa con equidad.
En América Latina esta “guerra legal” ha sido aplicada contra líderes progresistas de Brasil, Ecuador y Argentina.
Guerra contra Lula
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) fue sometido a un proceso legal con el fin de impedir su candidatura a las elecciones presidenciales de este 2018, tras ser acusado de ser el supuesto dueño de un apartamento en la costa de Guarujá que le habría dado la constructora OAS a cambio de conseguir contratos con la estatal Petrobras.
Lula denunció que este plan constituye una “caza de brujas” y calificó a la acción del juez de la causa, Sérgio Moro, como una persecución judicial, perpetrada por la derecha para contrarrestar su altos niveles de popularidad, tras haber sacado de la pobreza a más de 50 millones de brasileños.
En julio del 2017, Moro condenó al líder sindical a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y asociación ilícita, y en enero de este año, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región aumentó la pena para 12 años y un mes, tras acusar a Lula da Silva de sobornos para beneficiar a Petrobras.
Aunque Lula lideraba todas las encuestas para ganar la presidencia de Brasil, a principios de septiembre un fallo del Tribunal Superior Electoral impidió que se presentara a la contienda.
El objetivo de la derecha fue cumplido, ya que la Corte resolvió implementar la ley de la “Ficha Limpia“, para evitar que el líder del Partido de los Trabajadores fuese postulado a cargos electivos por tener una condena en segunda instancia, normativa aprobada en 2010 cuando aún gobernaba.
Juicio político a Roussef
La sucesora de Lula, Dilma Rousseff (2001-2016), fue sometida a un “impeachment” o juicio político, con el cual fue removida de la presidencia de Brasil, tras ser acusada de supuestas irregularidades fiscales, tras haber «maquillado» la cuentas públicas de 2014 y 2015 y de haber «cargado» a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno.
Roussef denunció que estas acusaciones se trataban de un golpe de estado por parte de sus opositores, y acusó a su entonces vicepresidente, Michel Temer, de ser «uno de los jefes de la conspiración».
El 31 de agosto de 2016 , con 61 votos a favor en el Senado, y 20 en contra se llevó a cabo la consumación del golpe, que dio paso al actual Gobierno neoliberal de Temer.
En su último discurso antes de ser apartada del cargo, Dilma Rousseff afirmó que: «Soy víctima de una farsa jurídica y política» y asegura que el juicio político es «fraudulento, un verdadero golpe».
Persecución a Correa
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), ha denunciado en reiteradas ocasiones una persecución en su contra por parte de la Justicia ecuatoriana, con la finalidad de encarcelarlo y coartar su futuro político.
Para el analista ecuatoriano, Amauri Chamorro, entrevistado por Geraldine Colotti en Resúmen Latinoamericano, «Moreno es una especia de Reina de Inglaterra que ocupa el cargo de Jefe de Estado, pero no es quien realmente gobierna. Inmediatamente se re establecen las relaciones militares con los Estados Unidos, comienza a negociar la entrega de Julian Assange y devuelven el manejo de la economía del país a los bancos privados».
Y continúa: «Por medio de una acción burocrática ilegal del Consejo Nacional Electoral el partido fue pasado a manos de Moreno y el Presidente Correa impedido por medio de una inconstitucional Consulta Popular impedido de disputar elecciones. Nuestro vicepresidente Jorge Glas fue condenado ilegalmente por un crimen que no cometió. Ahora nuestros principales líderes, y principalmente el Presidente Correa, son bárbaramente perseguidos penalmente sin ninguna sustentación jurídica y sin posibilidad de amplia defensa. Es la repetición del modelo de persecución aplicado en contra del Presidente Lula en Brasil».
La auditoría de la deuda pública interna y externa, la preventa petrolera a Petrochina, y lo más reciente, la supuesta vinculación del exmandatario en el secuestro del exasambleísta opositor Fernando Balda en 2012, en Colombia, son algunos de los procesos que se han realizado en su contra.
La Contraloría de Ecuador determinó supuestos indicios de responsabilidad penal contra el exmandatario en el manejo de la deuda pública entre 2012 y 2017, por la implementación del Decreto Ejecutivo 1218, que permitió cambiar el cálculo de la deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB).
«No es verdad que hemos sobrepasado endeudamiento, ni que yo establecí una nueva metodología. Lo que pedí es que se aplicara el manual del FMI (Fondo Monetario Internacional)», aclaró el exmandatario.
Petrochina
El pasado 5 de febrero, la Fiscalía citó a Correa para que ofreciera su versión en el caso conocido como Petrochina, que indaga sobre la supuesta venta anticipada de petróleo a China durante su Gobierno.
El expresidente manifestó que este caso forma parte de la guerra política orquestada en su contra y aclaró que solo firmó un acuerdo en el 2010, «pero de ahí en adelante cambió la ley. “Yo no he firmado más. Me acusan de unas preventas petroleras del 2016, pero tendrán que demostrar», dijo, citado por Telesur.
Caso Balda
El caso más descabellado, es la solicitud que realizó la Fiscalía de Ecuador de que se dicte la prisión preventiva contra Correa, por su supuesta vinculación en el intento de secuestro del ex asambleísta Fernando Balda en Colombia.
Balda denunció haber sido introducido de manera forzada en un vehículo en 2012, en Bogotá, Colombia. La policía de ese país detuvo el presunto intento de secuestro y el caso fue procesado hasta enjuiciar a tres personas.
El ex asambleísta asegura que en su secuestro estuvo vinculado el exmandatario, mientras que el fiscal general , Paúl Pérez Reina, presentó supuestas pruebas de la participación de Correa en el secuestro, como cartas de altos mandos y dos depósitos de pago.
La versión “oficial “ es que los detenidos eran funcionarios de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y recibieron órdenes de Correa para efectuar el secuestro, aunque se ha demostrado que no eran servidores públicos de esa institución dentro del período comprendido entre 2011 y 2012, y que tampoco se registran pagos por traslado a la capital colombiana en 2012.
— Rafael Correa (@MashiRafael) June 19, 2018
Por este caso, la justicia ecuatoriana le impuso una medida cautelar para que se presente cada 15 días, a partir del pasado 2 ante el tribunal ecuatoriano.
Esta condición es muy difícil de cumplir ya que el expresidente reside desde 2017 en Bélgica junto a su familia, por lo que aseveró que la justicia ecuatoriana usará el incumplimiento de la medida cautelar para dictar la prisión preventiva en su contra, e impedir que pueda presentarse de nuevo a una contienda electoral.
ATENCIÓN| Fiscal #PaúlPérezR solicitó la prisión preventiva en contra del expresidente Rafael C. por incumplimiento de medida cautelar de presentación periódica ante @CorteNacional. Pidió que se notifique a Interpol mediante difusión de alerta roja para su captura y extradición. pic.twitter.com/aZKFLaGVty
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 3, 2018
«Si tengo prisión preventiva en Ecuador, voy preso, entonces tengo que pensar si voy, si pido asilo, ver qué hacer», expresó el expresidente y agregó: «Obviamente quieren que vaya allá para no dejarme salir. Me quieren preso o fuera del país, pero inmovilizado. Lo lograrán, de forma temporal, pero todo es cuestión de tiempo. Al final venceremos».
Macri contra Cristina
La ex presidenta de Argentina (2007-2015) y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, está siendo acusada de asociación ilícita, como parte de una estrategia emanada de la Casa Rosada, para distraer a los argentinos de la crisis económica que están experimentando gracias a las políticas aplicadas por Mauricio Macri, y además bloquear sus posibilidades electorales en los próximos comicios presidenciales.
Fernández cuenta con inmunidad parlamentaria, por lo que no puede ser detenida. Sin embargo puede ser imputada y condenada por la llamada “causa de los cuadernos” sobre presuntos sobornos millonarios a varios empresarios durante el Gobierno kirchnerista.
Como parte del proceso judicial, el pasado 22 de agosto el Senado autorizó los allanamientos en sus viviendas, tal como lo solicitó el juez federal Claudio Bonadio.
“El Poder Judicial se ha transformado en un instrumento de persecución y proscripción política”, afirmó Cristina Fernández ante el Senado en esa oportunidad.
Recordó que la historia se repite en la región: “A Lula lo metieron preso porque ganaba las elecciones. ¿Les suena? Esta persecución que se da aquí, en Brasil, en Ecuador, es una estrategia regional“.
La periodista argentina Stella Calloni, recordó que desde que Mauricio Macri llegó al poder a finales de 2015, se han levantado al menos seis causas contra Fernández , lo que es una muestra clara del acoso judicial y político hacia la ex mandataria.
Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping?
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 13, 2018
Asimismo, el sociólogo Néstor Fantini, señaló que el establishment político, económico y mediático han encontrado en el Poder Judicial un vehículo para asociar al kirchnerismo con la corrupción reinante en Argentina
“¿Qué clase de justicia es ésta que se ensaña con líderes kirchneristas, pero ignora los escándalos del presidente Mauricio Macri y su familia en casos como el Correo Argentino y los Panama Papers? ¿No será que este sector político-judicial tiene la misión de proteger a los Macri de Argentina y castigar a los Kirchner y sus aliados que se atrevieron a generar la redistribución de la riqueza más contundente de la historia contemporánea argentina? ¿No es esto prácticamente la definición de persecución política?”, cuestionó en un artículo publicado en el diario La Opinión.
El precio de la verdad
La guerra judicial no solo ataca a expresidentes, sino también a actores políticos que resultan incómodos para la ultra derecha.
Tal es el caso del periodista australiano Julian Assange, quien se encuentra refugiado Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, donde enfrentaba cargos por presuntos delitos sexuales.
A pesar de que los fiscales suecos retiraron estos cargos en mayo de 2017, el fundador de WikiLeaks no ha podido abandonar la Embajada, ya que podría ser arrestado por las autoridades británicas por incumplir las condiciones de su fianza en el Reino Unido.
Asimismo, podría ser extraditado a Estados Unidos, en donde hay cargos de espionaje y conspiración en su contra que conllevan la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Al frente de WikiLeaks, Assange puso a disposición del mundo piezas de información secretas sobre crímenes de guerra imperialistas, espionaje masivo y manipulaciones y conspiraciones antidemocráticas realizadas por Washington y otros Gobiernos y corporaciones transnacionales.
El caso del periodista, quien ha denunciado persecución política, fue catalogado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como “una detención arbitraria”.
Al filtrar documentación clasificada de diversos gobiernos, entre ellos el norteamericano, Assange se ha convertido en el objetivo del imperialismo internacional.
Tanto es el temor que imparten sus comentarios, que por más de seis meses permaneció sin acceso a internet por órdenes del Gobierno ecuatoriano.
En marzo pasado, Quito decidió tomar esta medida, para evitar inconvenientes con el Reino Unido, con el resto de miembros de la Unión Europea y países como Estados Unidos.
Ataque a Mélenchon
Ante este escenario, la campaña contra Jean-Luc Mélenchon no resulta extraña, ya que es una figura que genera incomodidad al Gobierno de Macron, así como a los sectores más conservadores del resto del mundo.
Nacido en Tánger, Mélenchon desciende de españoles por ambos progenitores. Es eurodiputado desde 2009 y líder de la coalición Frente de Izquierda, que incluye al Partido Comunista Francés y al Partido de la Izquierda.
Empezó a militar en el Partido Socialista francés hace más de 40 años y obtuvo su primer cargo público en 1983 como concejal en la localidad de Massy. Antes de esa responsabilidad, ejerció como profesor de instituto.
A lo largo de su vida ha sido senador, ministro delegado de enseñanza profesional en la presidencia de Jacques Chirac.
En las elecciones presidenciales de 2012 quedó en cuarto lugar con el 11% de los votos, y en los comicios de 2017 participó con una plataforma propia (Francia
Insumisa) y obtuvo el 19,6% de los votos, quedando también en cuarta posición detrás de Emmanuel Macron (24%), Marine Le Pen(21,3%) y François Fillon (20%).
Su proyecto político busca ponerle fin a las políticas neoliberales desde un punto de vista republicano, ecosocialista y pacifista, opuesta al establishment europeo.
Ha expresado en no pocas ocasiones que se puede derrotar a la derecha desde una democracia económica, social y cultural, comprometida con los derechos, defensora del Estado social y protectora de las mayorías.
En su campaña propuso destinar más de 100 mil millones de euros en proyectos de construcción de viviendas y centrales de energía renovable, además de aplicar un 90% de tributo a las personas que ganen más de 400 mil euros al año.
No acepta las reglas neoliberales impuestas por la Unión Europea (UE)y apuesta por cambiarlas. De hecho propone convocar a un referendo para evaluar la permanencia de los galos en el bloque, que está doblegado al Gobierno de la canciller alemana Ángela Merkel
Su política internacional está signada por la búsqueda de la paz, la seguridad y un nuevo orden económico internacional más justo.
Una de sus propuestas más destacadas es que Francia abandone la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), porque considera que es un método de «servidumbre más» y que sólo se utiliza para preparar guerras contra enemigos que no lo son.
Mélenchon es defensor de una política migratoria concertada a escala internacional y europea, que permita recibir dignamente a las personas migrantes y garantizarles el derecho al asilo, lo que dista de los dictámenes de Macron y la UE.
La caída de Macron
Podría decirse que las propuestas del líder de izquierda son anti gobierno, ya que son totalmente opuestas a la gestión que ha llevado adelante Emmanuel Macron .
Desde el inicio de su mandato en mayo de 2017, Macron experimenta una estrepitosa caída de su popularidad. Según el instituto demoscópico Odoxa, el Presidente solo tiene la aprobación del 29 % de los franceses, debido a la aplicación de medidas neoliberales que han conducido a una profundización de la crisis social.
El mandatario ha sido catalogado de “autoritario” por gobernar utilizando de manera recurrente los decretos como fórmula legislativa para implementar sus políticas.
De este modo, decidió rebajar las ayudas al alquiler e implementar una reforma laboral distribuida para facilitarle la vida a la empresa privada y despojar de herramientas y derechos a sindicatos y trabajadores.
Con esta reforma redujo el coste de los despidos y flexibilizó de manera significativa el mercado laboral.
Suprimió el impuesto a la fortuna y propuso una reforma a la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), que plantea recortes a las pensiones y beneficios laborales, así como la privatización del sistema nacional de trenes, lo que condujo a una huelga de tres meses.
Además, prepara las privatizaciones de la empresa pública de loterías Française des jeux y de los Aeropuertos de París.
“Las medidas con un carácter más social, que debían favorecer la protección y la formación de los parados, han sido relegadas a un segundo plano. La promesa de que también tendrían derecho a las prestaciones de desempleo los autónomos y las personas que dimitieran de su empleo ha quedado muy limitada”, recuerda el portal Público.
Su polémica ley migratoria es contraria a las promesas electorales en las que defendía que la acogida de refugiados era “un deber moral y político para Francia”.
El nuevo texto facilita las extradiciones de inmigrantes y alarga de 45 a 90 días el período máximo de encarcelamiento de un extranjero en un centro de retención. Es sin duda una política migratoria xenófoba que seduce a los votantes de derechas.
Estas medidas anti populares han generado movilizaciones, a las que el Gobierno de Macron ha respondido a través de la represión.
Uno de los episodios más cruentos fue el del desalojo forzoso de la zona ocupada por vecinos y ecologistas contra la construcción del nuevo aeropuerto de Nantes en Notre Dame des Landes, que fueron atacados por más de 2.000 funcionarios antidisturbios de la gendarmería francesa.
Estas mismas fuerzas antidisturbios dejaron cientos de activistas y estudiantes heridos que protestaban por la reforma del acceso a la universidad.
Incluso su asesor de seguridad, debió renunciar por agredir delante de las cámaras a un manifestante durante la marcha del 1 de mayo en París.
Macron se ha visto obligado a reestructurar su Gobierno ante las dimisiones de sus ministros más sólidos y populares, Gerard Collomb (Interior) y Nicolas Hulot (Transición Ecológica), y del escándalo que rodea las actividades de su ministra de la Cultura Françoise Nyssen, quien renovó las oficinas de su editorial y decidió publicar libros de corte racista.
En el plano internacional, con la figura de Merkel parcialmente debilitada, Macron busca promover el reposicionamiento de Francia más allá de los límites geográficos y políticos de la Unión Europea.
En su visita oficial a Estados Unidos afirmó ante el Congreso de ese país, que en el contexto actual deben primar las relaciones bilaterales, más que las negociaciones en bloques.
Mélenchon, una piedra en el zapato
En los 17 meses de la era macronista, Jean-Luc Mélenchon se ha posicionado como el principal referente de la oposición. Ya sea desde su escaño en la Asamblea Nacional o en la calle, sigue luchando por los derechos sociales y en contra de los atropellos del Gobierno.
Por eso no es de extrañar que la “guerra judicial” enfoque sus cañones contra el líder de izquierda.
Los registros a su vivienda y la sede de Francia Insumisa responden a dos procedimientos preliminares abiertos por el Ministerio Público.
En primer lugar se le acusa a Melénchon de emplear supuestamente como asistentes de sus diputados en el Parlamento Europeo a personas que en realidad trabajaban para su partido. Por lo que se busca determinar si hubo malversación de los fondos europeos para misiones distintas a las que justificaban su asignación.
La segunda investigación tiene que ver con supuestas irregularidades en las cuentas de su campaña para las elecciones presidenciales de 2017.
Ante estos señalamientos, el líder del movimiento izquierdista denunció una operación dirigida por el Gobierno y por el presidente, Emmanuel Macron, y subrayó que el objetivo es «intimidar» y «criminalizar» su acción política.
“No estamos en un Estado democrático normal«, condenó.
En un comunicado, Francia Insumisa consideró los registros un «ataque sobre la base de elementos fantasiosos» y destacó que el procedimiento sobre el presunto uso fraudulento de fondos europeos se asienta en la denuncia de Sophie Montel, una representante de la extrema derecha, que es eurodiputada por el Frente Nacional (FN).
Asimismo, el grupo político indicó que las cuentas de la campaña presidencial de recibieron la validación de la comisión de supervisión «sin ninguna irregularidad», algo que no ha conseguido Macron, a quien «se han señalado irregularidades«, entre las que figuran el hecho de que se benefició de numerosas rebajas en las facturas de empresas que le prestaron servicios para su campaña.
Francia Insumisa denunció el doble rasero de la justicia de ese país, ya que e la Comisión Nacional de las Cuentas de Campaña (CNCCFP) no ha abierto ninguna investigación contra el jefe del Estado a pesar de las evidencias existentes.
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