A través de un video, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) criticó el polémico proyecto Aula Segura, iniciativa que busca facilitar el proceso de expulsión de alumnos involucrados en hechos de violencia al interior de los establecimientos, y que actualmente se discute en el Congreso Nacional.
Amanda Luna
En el registro, la vocera de la ACES, Amanda Luna, apunta al déficit del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, respecto al control de los grupos de estudiantes que han protagonizado actos violentos en los recintos educacionales de la comuna.
“En chile, son 5.234 los liceos municipales; son 5.950 los particulares subvencionados; y son 775.689 la cantidad de estudiantes de enseñanza media. Y por la inoperatividad de un alcalde, de una comuna, de una región; en todo nuestro país, es que discutimos el proyecto de Aula Segura”, planteó.
”A usted no le han contado que la comuna de Santiago es la que tiene menor porcentaje de petitorios de estudiantes respondidos, tan solo a dos de ellos se les ha dado una respuesta en su totalidad”, agregó la dirigenta secundaria.
El proyecto
Actualmente, la legislación permite expulsar y cancelar la matrícula cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y bajo un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, sin posibilidad de separar de inmediato al alumno o alumna involucrado.
El proyecto de ley Aula Segura busca entregar más facultades al director del recinto educacional en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia. Para ello, establece un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula para estudiantes que incurran en uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de características similares, como, por ejemplo, bombas Molotov.
Una medida igual de drástica también afectaría a los estudiantes responsables de agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
“No sean cómplices”
En su exposición, Amanda Luna recordó además que Chile reportó a Naciones Unidas 802 casos de violencia policial ocurridos entre los años 2010 y 2017. A esto añadió el perjuicio sufrido por los estudiantes de Quintero y Puchuncaví, afectados por la presencia de químicos tóxicos en el aire. “Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Quintero y ver cómo todos los días niños y niñas salían intoxicados de sus liceos”, remarcó.
La presentación de la vocera ACES concluyó con un mensaje a padres y apoderados. Estos últimos constituyen el grupo al que busca llegar el mensaje de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. “Son mas de 10 años de movilización, exigiendo educación pública y gratuita, y con medidas como esta, es que a nosotros nos intentan callar. Papás, mamás, no sean cómplices de la violencia hacia sus hijos, sobrinos y nietas”, finalizó Amanda Luna.
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