Unas 3500 familias indígenas estafadas por «Los Herederos»

A través de la fachada de resguardo lograron estafar programas de ayuda como el de ONU Mujeres, organismo del que lograron una ayuda por 119 millones de pesos

Luis Yañez

19/10/2018 3:36pm

Detrás de los rituales de iniciación del Autogobierno Indígena del Gran Jardín de la Sierra, ubicado en Orito, Putumayo, al Sur de Colombia encubría una red de estafadores y deforestadores.

Tres latigazos, incluidos en el ritual de iniciación, y la imposición en la cabeza del bastón de mando del cacique eran imprescindibles para la incorporación a esta organización.

Julián Otero Salazar, quien fungía como vicecacique, tenía en su poder un título ancestral, una copia de la escritura pública de origen colonial 509 del 13 de enero de 1906, con la que la corona española entregó un área de 293.647 hectáreas a las comunidades indígenas de San Bartolomé de Males.

Con base en ese título, el falso cacique empezó a vender lotes en la vereda El Líbano, de Orito, los cuales entregaba con el pago de 15 millones de pesos (4873,13 dólares), financiados. Y para darle mayor credibilidad, los interesados debían someterse al ritual de iniciación.

Precisamente, las alarmas de las autoridades se encendieron desde el 2012 a causa de la evidente deforestación en la zona por la llegada de varias familias. La Fiscalía tiene 40 casos documentados, pero la estafa podría ser mucho mayor, ya que el Gran Jardín de la Sierra tiene 3.500 familias inscritas.

El vicecacique y dos de sus principales cómplices, Daniel Belalcázar y su hijo Óscar, a través de la fachada de resguardo lograron estafar programas de ayuda como el de ONU Mujeres, organismo del que lograron una ayuda por 119 millones de pesos (38660,13 dólares).

“Lo que le dieron a cada mujer del resguardo fue una mochila y un lápiz, el resto se lo robaron”, dijo un investigador del caso. En este momento, en búsqueda de nuevos incautos, los falsos caciques estaban ofreciendo la vinculación a un programa de gas carbónico a través de una reconocida fundación que les iba a pagar cuatro millones de pesos mensuales (1299,5 dólares) por 30 años a cada una de las familias que se registrarán.

“Ahora vamos con la Fiscalía General con base en los delitos imputados: enriquecimiento ilícito y lavado, a rastrear los bienes para que entren a extinción del dominio”, dijo a EL TIEMPO el director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas, al confirmar que Otero Salazar, los Belalcázar y seis personas más fueron capturadas por estafa dentro del falso resguardo indígena.