La reciente resolución del Jurado de Acusación de Magistrados (JEM) del Paraguay de procesar a los jueces Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez Prieto – por haber revocado la sentencia de los once campesinos condenados por la masacre de Curuguaty – vuelve a movilizar al país contra la vergonzosa manipulación del poder judicial por los grandes latifundistas.
La denuncia contra los dos magistrados fue formulada por la Fiscal General, Sandra Quiñónez, bajo el alegato de “mal desempeño en sus funciones”. Una vez anunciada la absolución de los campesinos-presos políticos de Curuguaty, la procuradora amenazó a los magistrados con activar “todos los mecanismos legales” para que su comportamiento no quedase impune. Imagen relacionada
El fiscal Jalil Rachid – hijo de Blader Rachid, expresidente del Partido Colorado, del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) – calificó la liberación de los campesinos como “canallada jurídica”.
Buena parte de la acusación contra los campesinos fue orquestada bajo su batuta criminal, que convocó 240 testigos, la mayor parte agentes del ministerio del Interior y del viceministerio de Seguridad Interna, que desde 2016 pasó a ser dirigido por Jalil. Después de omitir información, fabricar declaraciones y desaparecer pruebas, fue debidamente premiado.
La reacción contra la farsa montada por la Procuraduría y acatada por el Jurado de Acusación, fue inmediata. Como miembro de la Sala III de Apelación en lo Civil y Comercial e integrante de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en la causa, Arnaldo Prieto decidió procesar a Sandra Quiñónez y propuso su inhabilitación por agredir la Constitución “al atentar contra la independencia del Poder Judicial (…) en lugar de velar por el respeto de los derechos y garantías en ella establecidos”.
En el mismo tono, el juez Emiliano Rolón respondió a la agresión de Quiñónez, dueña de un tenebroso legado histórico de persecución y criminalización de los movimientos que luchan por la tierra.
El 15 de junio de 2012, en Marina Kue, Curuguaty, 324 policías fuertemente armados con fusiles, caballos, escudos hasta helicópteros cercaron un asentamiento de menos de 60 campesinos, la mitad de ellos mujeres y niños. La acción de francotiradores del Grupo Especial de Operaciones (GEO) –entrenado por militares estadounidenses y técnicos de la CIA – causó la muerte de seis policías y 11 trabajadores rurales.
El río de sangre derramada, debidamente canalizado por los medios hegemónicos, llevó al derrocamiento del presidente constitucional Fernando Lugo una semana después. Todo ello para que 2,5% de los propietarios, dueños de 85% de las tierras cultivables, 94% de ellas destinadas a la exportación, sigan mandando y desmandando en el país.
Sin prueba alguna, los campesinos fueron condenados a hasta 35 años de prisión por “homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno”. Conforme a la pericia, los 17 muertos fueron blanco d armas de grueso calibre, jamás encontradas entre los campesinos. La única “asociación” existente fue estimulada y legalizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para reivindicar la propiedad pública de dos mil áreas que la familia del latifundista Blas Riquelme insistía en decir que era suya.
Para José Gil Ojeda, veterano dirigente de las Ligas Agrárias Cristianas del Paraguay. preso y exiliado por la dictadura de Stroessner, “así como en el caso del castigo a los campesinos de Curuguaty, lo principal fue disuadir la lucha por la reforma agraria e infundir miedo, no se precisa ser un profesional del derecho para ver que quieren transformar a esos dos jueces en chivos expiatorios”.
“Tengo la convicción de que desde que Sandra Quiñónez fue nominada, incluso antes, ya existía este plan. Fue nominada procuradora general por quien elaboró el plan de procesar y condenar a los jueces, pues querían un desquite contra el triunfo que obtuvieron con la nulidad del juicio. Ante eso, sabemos perfectamente que no economizarán argumentos falsos, que buscarán validar con su influencia jurídica», dijo.
De la misma forma, explicó que “Jalil Rachid fue escogido a dedo y definido de antemano para encubrir a los verdaderos culpables y sus crímenes”.
La oposición al gobierno, el Frente Guaçu denunció a Sandra Quinónez por “no sólo estar gerenciando el proceso manipulado y viciado que llevó a campesinos inocentes injustamente a prisión, dejando al mismo tiempo de investigar los hechos que condujeron a la muerte de compatriotas, como de ser cómplice de la actuación delincuencial de Jalil Rachid, que sustentó este aberrante proceso judicial”.
El flirteo cariñoso de Jalil Rachid con la familia Riquelme –dueña de Campos Morombi, con 75 mil hectáreas– y el odio desmedido a quien ponga en jaque sus intereses, son dos caras de una misma moneda. Hace dos años el abogado Darío Arguayo denunció que “el latifundio de los Riquelme es un bunker de la actividad delictiva. Pretendían anexar Marina Kue para ampliar su mar de maconha (marihuana) y soja transgénica”. Así de simple.
https://www.elciudadano.cl/columnas/curuguaty-una-causa-nacional-balance-y-perspectivas2/08/10/
https://www.elciudadano.cl/pueblos/investigan-jueces-liberaron-responsables-matanza-curuguaty/08/08/
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