Tras la imposición de un régimen casi dictatorial por parte de Ecuador, la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, presentó este viernes una acción de protección contra el Estado ecuatoriano.
La demanda por «aislamiento y amordazamiento» la introdujo el jurista Baltasar Garzón, junto al abogado ecuatoriano Carlos Poveda, contra el canciller de Quito, José Valencia, y el procurador del Estado, Íñigo Salvador, como representantes del Ejecutivo.
El objetivo es dejar sin efecto el ‘Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica’, que se dio a conocer el pasado 13 de octubre, con el que el gobierno de Lenín Moreno quiere «regular» la estancia de Assange en su sede diplomática en Londres.
“Este documento es una actuación unilateral y arbitraria porque (…) contiene una serie de afirmaciones o términos que son impropios de una situación de buena armonía y de asilo”, aseveró Garzón.
En el documento se amenaza con poner término al asilo, otorgado a Assange en 2012, si no cumple las medidas que incluyen censura sobre temas políticos, un riguroso procedimiento para recibir visitas y atención médica y el pago de todos sus gastos, hasta el agua potable, desde el 1 de diciembre.
Por su parte, el Canciller ecuatoriano indicó que responderán al recurso de una «manera adecuada y con el apego al derecho que sigue el Gobierno nacional y la Cancillería. «Contamos con absolutamente todo el respaldo judicial del caso ya que es un protocolo adoptado conforme a estándares internacionales y a la ley ecuatoriana», afirmó.
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