Acción en contra de la Termoeléctrica Castilla / FOTO: Manuel Herrera.
Álvaro Toro, abogado de la comunidad de Totoral, y del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), afirma que el fallo de la Corte Suprema puede marcar jurisprudencia (antecedente legal) que podría servir para detener el proyecto de Hidroaysén, dado que obliga a que las propuestas no se evalúen ambientalmente por separado.
El abogado señaló que si el proyecto se llega a presentar nuevamente, tanto la central como el puerto deben evaluarse conjuntamente, lo cual genera un precedente judicial para el proyecto Hidroaysén, donde las hidroeléctricas se evalúan en forma separada del tendido eléctrico que necesita para hacerse realidad.
Representantes de las comunidades afectadas y de las organizaciones ambientalistas que se han opuesto a la construcción de la termoeléctrica Castilla, señalaron que el fallo de la Corte Suprema es “histórico”, dado que por unanimidad se rechazó en su totalidad el Proyecto.
Álvaro Toro ha explicado que éste no es sólo un fallo categórico del máximo tribunal de la Justicia chilena paralizando las expectativas de construir la central termoeléctrica en las cercanías de la comunidad de Totoral, sino que además acoge la demanda de los pescadores en contra del Puerto Castilla, puesto que le revoca la resolución ambiental que le permitía funcionar. Lo trascendente es que se acoge el argumento de que se debían evaluar los dos proyectos como uno solo, explica el abogado.
Lucio Cuenca, director del Olca, especifica que “significa un avance el hecho de no solo actuar cuando están ocurriendo las situaciones de contaminación, sino que paralizar proyectos que estén amenazando esa garantía constitucional” que otorga el derecho de las personas y las comunidades a vivir en un medio ambiente sano, y agrega que esta resolución también es significativa porque por primera vez se toma en adelanta a considerar el impacto del proyecto en las comunidades.
La Central Termoeléctrica Castilla tendría un costo que se elevaría a los cinco mil millones de dólares y se consideraba que sería la más contaminante del continente.
En un comunicado la empresa al frente del proyecto de la termoeléctrica, MPX, del magnate brasileño Eike Batista (el segundo millonario de Latinoamérica y entre los 10 del mundo), lamentó la decisión de la Corte Suprema, y dicen que ambas iniciativas fueron “evaluadas correctamente y sometidas a las máximas exigencias ambientales”, pero que a la luz del fallo van a reevaluar su estrategia de negocios en Chile.
CBH
El Ciudadano
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