“Se habla de política pública energética y nunca le han preguntado a la gente”- comentan participantes de la Coordinadora Regional Anti Represas de Aysén, que agrupa a decenas de organizaciones de la Patagonia críticas de HidroAysén y Energía Austral, apuntó a la falta de participación de los ciudadanos y las comunidades en el diseño de la iniciativa. “Se está legislando a favor de HidroAysén y los mega proyectos que Chile ya no acepta”- acusan.
La Coordinadora Regional Anti Represas de Aysén, que agrupa a decenas de organizaciones de la zona austral, expresó hoy su “molestia” por el proyecto de ley de Carretera Eléctrica Pública que el gobierno enviará próximamente al Congreso. Partiendo porque, independiente de su contenido, no habría considerado en su elaboración la opinión de los actores más importantes y quienes tienen en vilo varios mega proyectos de generación energética, particularmente la termoeléctrica Castilla y las hidroeléctricas de HidroAysén y Energía Austral.
“Hemos sabido por la prensa del diseño de este proyecto de ley, el cual ha sido consensuado con los grandes actores del empresariado eléctrico. Pero en ninguna parte se le consultó a las comunidades, en ninguna parte se hicieron cargo de ver esto como una verdadera política pública, sino que se pretende imponerlo al resto de los chilenos” señalaron en la organización. “Se habla de política pública energética y nunca le han preguntado a la gente. Eso por cierto que molesta” fue uno de sus cuestionamientos.
Al respecto Luis Alberto Gómez, de la Agrupación Cultural y Ambiental Viva de Coyhaique, expresó que “no se puede hablar de Carretera Eléctrica Publica cuando el acceso sería para algunos privados, impulsando el Presidente que sean públicos los costos pero privadas las utilidades”. Agregó que “se incrementa la ineficiencia eléctrica al existir grandes líneas de transmisión con enormes pérdidas, siendo los riesgos por corte directamente proporcionales al largo de la línea”.
Concordó Francesca Brautigam, profesional de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, para quien “los riesgos no son solo naturales, porque esta iniciativa permite proyectar miles de kilómetros de conflictos sociales producto de controversias económicas, políticas, y amenazas a la calidad de vida de las personas, porque la paz es un valor importante. Son miles de kilómetros de posible militarización”.
Como habitante de Aysén la joven apuntó a la “reducción de la participación ciudadana y, por tanto, de poder decidir sobre qué tipo de desarrollo queremos, y también el derecho a la propiedad privada en beneficio de las grandes empresas”.
Para Gómez esto es un error estructural en torno a la política energética. “Al generar la energía en lugares distantes a los centros de consumo, se distancia el beneficio del impacto, lo que incrementa las desigualdades dentro del país” explicó. “Al traer la energía desde grandes distancia se desincentiva la generación local, afectado la producción eléctrica de menor escala y la robustez del sistema eléctrico. Y esto último incrementa la monopolización aún mas del sistema” puntualizó.
“Nuevamente se le está metiendo la mano al bolsillo de todos los chilenos para favorecer a los mismos empresarios, los que ejercen influencias en el Congreso para mantener una de las tarifas eléctricas más caras de Latinoamérica, lo que les genera millonarias utilidades” dijo Gómez. Y concluyó: “El mensaje del gobierno es claro: nos está diciendo a los chilenos que la propiedad privada en este país termina cuando choca con la ambición de una gran empresa eléctrica o minera”.
En la coordinadora, que organiza periódicas asambleas en la región de Aysén donde se planifican actividades de diversa índole, señalaron que iniciarán un proceso de información a la comunidad sobre esta iniciativa e hicieron un llamado a los parlamentarios a no seguir el juego del gobierno que simplemente “está legislando a favor de HidroAysén y los mega proyectos que Chile ya no acepta”.
Patricio Segura
El Ciudadano
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