El fundador de Wikileaks, Julian Assange, tendrá que cumplir el régimen casi dictatorial que le impuso la administración del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para continuar asilado en la embajada de ese país en Londres.
Este lunes, la jueza ecuatoriana Karina Martínez rechazó «por improcedente» la acción de protección que solicitó la defensa del australiano. Defendió su decisión con el argumento de que Assange «tiene derechos pero también deberes».
Al hacer el anuncio, el procurador general del Estado, Iñigo Salvador, acotó que rechazaron el recurso porque «el Gobierno de Ecuador, al emitir el Protocolo especial, de visitas, comunicaciones y atención médica no ha conculcado ninguno de sus derechos».
Sin embargo, cuando el jurista Baltasar Gazón presentó la demanda contra el Estado ecuatoriano, el pasado 19 de octubre, lo hizo por “aislamiento y amordazamiento”.
En ese momento, explicó que «el protocolo -que se dio a conocer el 13 de octubre- es una actuación unilateral y arbitraria porque (…) contiene una serie de afirmaciones o términos que son impropios de una situación de buena armonía y de asilo”.
En el documento se amenaza con poner término al asilo, otorgado a Assange en 2012, si no cumple las medidas, que incluyen censura sobre temas políticos, un riguroso procedimiento para recibir visitas y atención médica y el pago de todos sus gastos, hasta el agua potable, desde el 1 de diciembre próximo.
Por estas razones, el abogado del fundador de Wikileaks, Carlos Poveda, apeló de inmediato la sentencia emitida por Martínez este lunes. Ahora, será la Corte Provincial de Justicia de Pichincha la que conocerá la causa, refirió Sputnik.
Vía teleconferencia, durante la audiencia de la acción de protección, Assange denunció que las normas impuestas por el Estado ecuatoriano son una señal de que intentan expulsarlo de la embajada por presiones de otros países.
«No quiero meterme en política, pero vemos que el Gobierno ecuatoriano está apoyándose más en Estados Unidos y Reino Unido, con mayor influencia», dijo.
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