La justicia peruana dictó este miércoles 36 meses de prisión preventiva contra la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos. Se le acusa de haber recibido dinero ilícito de la empresa brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial en 2011.
«El Ministerio Público consiguió que se dicte 36 meses de prisión preventiva para Keiko Sofía Fujimori Higuchi, quien es investigada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez por el caso de anotación en agenda de Marcelo Odebrecht», comunicó el organismo a través de Twitter.
Una nota de Sputnik reseña que la decisión fue tomada por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, en una audiencia celebrada en Lima.
Según el jurista, «existe sospecha grave de lavado de activos» de parte de Keiko Fujimori, por lo que «eso amerita que se dicte prisión preventiva a fin de garantizar el curso correcto de la investigación en su contra».
Asimismo, considera que existe “sospecha grave” de que Fujimori lidera una organización criminal creada de facto al interior de Fuerza Popular dedicada al delito de lavado de activos. «No se está criminalizando al partido político, sino que se afirma que hay una organización de facto dentro de dicho partido», detalló.
De igual manera, refirió que valoraron la anotación hallada en 2017 en la agenda del expresidente ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, la cual reza: «aumentar 500 para Keiko y hacer visita», que se refiere a dar 500.000 dólares más a Fujimori como financiamiento para lograr la presidencia.
Fujimori será inmediatamente trasladada a un penal en Lima, mientras que el resto de los 11 implicados aún esperan que se resuelvan sus solicitudes.
La Defensa apelara la decisión
Tras el dictamen, la defensa de Keiko Fujimori anunció que apelará la decisión de la Justicia. «Vamos a apelar», dijo Giuliana Loza, abogada de Fujimori, ni bien el juez a cargo, Richard Concepción Carhuancho, culminó la lectura de la resolución respectiva.
Según la defensa, no han existido actos de parte de Fujimori que hayan constituido una obstrucción a la Justicia, y las delaciones de un testigo protegido de la Fiscalía no han sido corroboradas en su veracidad.
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