Se reactiva acoso judicial contra Rafael Correa ¿Cómo funciona la persecución en su contra?

La jueza Daniella Camacho resolvió esta semana juzgar al expresidente  de Ecuador Rafael Correa (2007-2017)– por su presunta implicación en el caso del secuestro del ex legislador Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012 en Colombia, con base a los informes de inteligencia de la nación neogranadina.

Este hecho supone un nuevo capítulo dentro de la trama de persecución judicial o “lawfare” perpetrada contra el líder progresista,  con el fin de desprestigiar y neutralizar su carrera política, de cara a una posible participación en próximas elecciones.

La jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, ratificó este miércoles la medida de prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes , así como el bloqueo de sus cuentas y fondos en Ecuador.

Pese a que la Fiscalía presentó la acusación por los delitos de asociación ilícita y plagio ,  la jueza dictó el auto de llamamiento a juicio contra Correa sólo por el delito de plagio cometido Balda, tras evaluar veinte elementos de convicción que supuestamente revelaron que exmandatario estuvo al frente de la  planificación del secuestro.

Para establecer el dictamen, Camacho tomó en cuenta las declaraciones de los policías procesados, que aseguraban haber seguido órdenes del jefe de Inteligencia para contratar el secuestro en suelo colombiano con dinero público, otorgado por el entonces presidente de Ecuador.

La resolución alcanza también al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y a los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón. Los cuatro procesados pasaron a la etapa de juicio en calidad de autores.

El fallo se produjo durante una  audiencia de revisión de las medidas cautelares del ex Jefe de Estado. El fiscal general encargado, Paúl Pérez, solicitó la prisión preventiva de Correa, por no haberse presentado el 2 de julio en la Secretaría de la Corte.

Sin embargo, el expresidente , quien reside junto a su familia en Bélgica, lugar de nacimiento de su esposa, se presentó el lunes en el consulado ecuatoriano en la nación europea, tal y como ha hecho cada quince días desde el pasado 2 de julio.

Ese día, Correa solicitó que se dejara, por escrito y con sello oficial, una constancia de su visita al consulado,  la cual fue firmada por el vicecónsul, Bernardo Burgos González.

Manifestó que como expresidente desea cumplir con las exigencias procesales, “a pesar de ser evidente la persecución política y judicial que he sufrido en los últimos meses” y explicó que se presentó ante el Consulado “amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y la Constitución y leyes de la República, para cumplir la medida cautelar impuesta por la ilegal e ilegítima vinculación al llamado “Caso Balda”.

El fiscal Pérez también pidió a la jueza que, si ordenaba la prisión del exmandatario, se notificara a la Policía Internacional (Interpol) para que este organismo emita una difusión roja y proceda a su búsqueda, captura y extradición.

Asimismo, señaló que en delito se habrían usado recursos públicos de la Secretaría de Inteligencia (Senain), por lo que advirtió que el delito de peculado podría ser motivo de una nueva acusación y acción judicial.

No obstante,  la resolución de la jueza de que los cuatro procesados en el caso pasen a la etapa de juicio no se podrá ejecutar debido a que para el expresidente Rafael Correa y para Pablo Romero el proceso se suspende, ya que no se los puede juzgar en ausencia, puesto que uno reside en Bélgica y otro en España.

Proceso judicial contra Correa

Sobre el ex gobernante pesa desde julio pasado  una orden de arresto preventiva, pero sólo podrá ser enjuiciado si es detenido o se presenta ante el tribunal, ya que la Ley impide que sea procesado en ausencia por este delito que se castiga hasta con siete años de prisión.

Daniella Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dictó entonces la prisión y emitió una alerta roja para que la Interpol lo localizara, capturara y extraditara, y se estableció que una vez que Correa estuviera en suelo ecuatoriano debería  ser trasladado a la Cárcel 4, ubicada en el norte de la ciudad de Quito.

En esa oportunidad, Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, calificó de arbitraria la disposición de la magistrada  que establecía que debía presentarse cada 15 días en la Sala de lo Penal de la Corte (Quito), y entregó seis documentos para demostrar que su defendido reside en Bélgica y tiene su familia en ese país por lo que pidió revocar la medida para que el exmandatario se pudiera presentar en el consulado de Ecuador en Bélgica. Tanto la Fiscalía como la defensa de Balda impugnaron los documentos presentados.

El propio Correa ha asegurado que la justicia no cuenta con ninguna prueba para vincularlo con el caso Balda y ha denunciado ser víctima de una persecución política y mediática, ante el hecho de colocar “una medida cautelar imposible de cumplir”.

Para el penalista Francisco Pesántez, en la resolución de la jueza Daniella Camacho primaron los elementos de convicción que presentó en su momento la Fiscalía y señaló al diario El Telégrafo que el “proceso penal colombiano estableció que el secuestro existió, que fue contratado un carro y pagado con dineros de fondos del Ecuador, y que los autores intelectuales del hecho estuvieron en Bogotá y son policías del Ecuador”.

La versión de Balda y la “inteligencia” colombiana

De acuerdo con la versión de Fernando Balda, su secuestro se debió a una orden  emitida por Rafael Correa y  ejecutada en Colombia por agentes ecuatorianos infiltrados, con la ayuda de un oficial de policía colombiano y  delincuentes.

El ex legislador se refugiaba en ese momento en territorio colombiano, después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado, tras denunciar que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.

También estaba involucrado en un caso de  injurias calumniosas no graves, entablado por el exdirector de la Unidad Técnica de Seguros Óscar Herrera, a quien Balda acusó de tráfico de influencias por adjudicar irregularmente un contrato de bróker de seguros.

Según  la Fiscalía de Colombia, durante su estancia en ese país, Balda conoció a tres ecuatorianos: Luis Chicaiza, Wilson Jarrín y Daniela Gaibor.  El primero se acreditó como miembro de una ONG y los otros dos como parte de un movimiento político de oposición a Correa.

Los tres decían que participarían en el evento de la Fundación Internacionalismo Democrático presidida por Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Dos meses después, varios hombres y un policía disfrazado habrían hecho un primer intento para deportar a Balda hacia Ecuador, pero como su estancia en Colombia estaba en regla, esta acción no pudo concretarse.

“La Fiscalía colombiana explicó que el 13 de agosto de 2012, cerca de las 7:40 de la noche, Balda, quien se habría despedido de Chicaiza y mientras caminaba por una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, fue interceptado por una camioneta en la que cuatro hombres y una mujer lo subieron a la fuerza. Mientras esto ocurría un taxista testigo del suceso, habría llamado a la policía y a otros taxistas que emprendieron una persecución que impidió el supuesto secuestro. Tras la persecución los secuestradores habrían escapado, abandonando a la camioneta y a Balda”, refiere Eloy Osvaldo Proaño, analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (Clae).

Asimismo, recordó que durante las investigaciones las autoridades colombianas encontraron huellas digitales en el vehículo con las que pudieron detener a uno de los secuestradores (no identificado) en Puerto Tejada, a 301 kilómetros de Bogotá, quien dijo haber recibido una llamada de un amigo, cabo del Ejército  de Colombia, quien le dijo que fuera a Bogotá para hacer “una vuelta” (un encargo): secuestrar a una persona y llevarla hasta Ipiales, un municipio colombiano, ubicado en la frontera con Ecuador. El detenido aseguró que iba a recibir 10 mil dólares por el secuestro.

Según la  Fiscalía colombiana en el intento de secuestro también participaron agentes de inteligencia ecuatorianos y señalaron que la camioneta utilizada en el secuestro fue rentada por Chicaiza , quien era parte de la Dirección General de Inteligencia de Ecuador.

Tanto Falcón y Chicaiza guardan prisión preventiva y son testigos de la Fiscalía, y han afirmado que recibieron órdenes del expresidente Correa y del exsecretario de inteligencia Pablo Romero para secuestrar al opositor Balda.

El exmandatario ha negado las acusaciones y denunciado “falso testimonio, pruebas forjadas y chantaje”, como parte de un proceso que  busca sacarlo del juego político.

«Balda nunca ha sido diputado, es un prófugo de la Justicia, se dedicaba a actividades ilícitas en Colombia, lugar de donde iba a ser deportado ¿Para qué se va a secuestrar a alguien que va a ser deportado?», indicó en declaraciones ofrecidas al portal France 24.

Irregularidades en el proceso

La defensa legal del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, ha denunciado irregularidades y una eventual politización del proceso para perjudicarlo.

«El procedimiento no responde a los estándares internacionales, sobre todo en la garantía de independencia de los jueces,  afirmó el abogado, Cristophe Marchand, quien observó  además una “influencia muy fuerte para los equilibrios de poderes” del Estado en la actuación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio (Cpccst), cuya legitimidad constitucional está en duda y que está conformado por personalidades abiertamente contrarias a Correa.

Por ejemplo, Edwin Paúl Pérez Reina,  llegó a ocupar el cargo de Fiscal General encargado -figura que no contempla la Constitución ni las leyes del Ecuador-, gracias al referéndum constitucional y consulta popular llevados a cabo el 4 de febrero de 2018 por el Gobierno de Lenín Moreno.

Este proceso resultó en la creación del Cpccst,  cuyos miembros fueron electos por la Asamblea Nacional de ternas enviadas exclusivamente por Moreno, quien expresó públicamente su esperanza de ver a Correa preso

“En Ecuador no hay ex presidentes presos, pero no perdemos las esperanzas”, dijo en octubre de 2017.

El 2 de mayo de 2018, el  nuevo Cpccst nombró a Pérez Reina Fiscal General “encargado”, quien desde entonces ha liderado el caso contra Rafael Correa.

“Ecuador se encuentra absolutamente fuera del orden constitucional y vive una de las épocas más obscuras de su historia, con la complicidad de la prensa nacional, y la indiferencia del Sistema Interamericano y del mundo entero”, denunció Oswaldo Ruiz-Chiriboga, en un artículo publicado por Confirmado.net.

Otra de las irregularidades cuestionadas por la defensa del expresidente ecuatoriano se basa en la orden de la jueza Daniella Camacho, de que Rafael Correa debiera presentarse ante la corte cada quince días cuando reside a «miles de kilómetros«.

“Es una condición imposible, no puede cumplirla (…) me parece, cuando veo todo el camino hasta este momento, que es un camino lleno de ilegalidades, que la idea primera fue que él no cumpliera para que pudiera tomar esta medida de detención», sostuvo.

Por otra parte, los observadores internacionales que siguen de cerca el proceso penal en contra del exmandatario presentaron un informe preliminar en el que revelan de que en Ecuador hoy en día “hay una verdadera persecución política a través de la justicia” en contra de toda una parte política y social que representa la única real oposición.

El documento de 35 páginas de la Misión Internacional de Observadores concluye, entre otras cosas, que se evidencian“innumerables las violaciones de los principios básicos de un Estado de derecho, tanto en materia constitucional como procesal y penal. Evidentes las graves anomalías que caracterizan las acciones actuales del Estado ecuatoriano, con respecto a lo que prevé la Constitución”.

“ En Ecuador hay intolerables violaciones de los principios fundamentales de la responsabilidad penal, administrativa, civil y contable, con la inercia, y de vez en cuando la complicidad, de los órganos judiciales ecuatorianos, que no cuentan con la seguridad de su necesaria autonomía e independencia del poder político”, señala.

Asimismo, detalla que “es evidente la infracción en materia del derecho procesal de la prueba, dado que se están ignorando totalmente los principios básicos elaborados por la ciencia jurídica y la jurisprudencia más consolidada. Así que, en base a estos principios, el testimonio del principal acusador de Rafael Correa Delgado se debe considerar del todo inatendible e inutilizable”.

“En el ámbito de derecho penal sustancial, el intento de la Fiscalía, de calificar como desaparición forzada la privación temporal de la libertad de un fugitivo como Fernando Marcelo Balda Flores, parece totalmente infundado y procedente de un evidente forzamiento de aplicabilidad de la figura del delito de “desaparición forzada””, indica.

Entre otros planteamientos consideran “absurdo” llegar a la conclusión de que “es posible equiparar la relación existente entre el Presidente Correa y los agentes de la Policía Nacional a la que había entre los jerarcas nazis y los militares del Reich”.

También resaltan que existe una “persecución político-procesal en curso no solamente contra Correa en persona, sino también en contra de aquellos considerados “correistas”, empezando con el ex vicepresidente Jorge Glas, a más de muchos otros ex ministros y ex funcionarios del Estado que se mantuvieron fieles a Correa, quienes hoy en día constituyen la única verdadera oposición política y social al actual Gobierno”.

“Sin duda estamos en presencia de graves y evidentes violaciones de los derechos humanos, de suspensión de los principios de garantía de un Estado de derecho y de instrumentalización de la justicia para fines políticos, que deben asustar a cualquiera que se preocupe por el destino de la democracia, el estado de derecho y los Derechos del Hombre en el Mundo, y que nosotros tenemos el deber de denunciar siempre y en todo lugar, judicial y extrajudicial”, finaliza el informe.

Persecución judicial

Frente a las irregularidades y la saña del Gobierno de Lenín Moreno, Rafael Correa ha denunciado que está siendo víctima de una “persecución política” y “judicial” plagada de “irregularidades”.

«Como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas excusas tremendamente grave”, dijo al tiempo que condenó que  esta acción judicial está plagada de «irregularidades» y constituye un «fraude total» que  «no tiene ningún futuro».

Esta estrategia definida como “lawfare”, comprende el uso indebido de instrumentos jurídicos y medios de comunicación para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político

El objetivo es sepultar la carrera política de Correa de cara a un posible regreso a la contienda electoral que le permita vencer a Lenín Moreno, quien desde que llegó al poder en 2017 ha traicionado los lineamientos de la Revolución Ciudadana desarrollada por el líder progresista.

«Pretenden con eso tenerme desterrado siete, ocho años, hasta que prescriba» y «tenerme fuera el país para la próxima campaña (electoral), en marzo de 2019», agregó en una entrevista a AFP.

Para el exmandatario socialista, “la judicialización de la política es la nueva forma de perseguir a los líderes progresistas de América Latina“.

Asimismo, planteó que estas acciones forman parte de una estrategia regional, basada en un «acoso judicial terrible por parte de las élites locales, conectadas con las de los países hegemónicos».

“Es lo mismo que le hicieron a Dilma (Rousseff), a Lula (Da Silva) y a Cristina (Fernández de Kirchner). Primero viene el bombardeo mediático, te destruyen la reputación, te hacen perder apoyo y, cuando te enjuician de cualquier cosa, nadie sale a defenderte porque ya te quitaron el apoyo político”, explicó.

Al ser cuestionado sobre un eventual regreso para enfrentar el juicio, Correa  descarta esta acción porque sería “regresar para que (lo) masacren con la injusticia que vive el país”.

“Todo está tomado. Ecuador tiene un golpe de Estado. No tenemos Corte Constitucional, la destituyeron”, alertó.

Traición de Lenín Moreno

Luego de asumir la presidencia en mayo de 2017, Lenín Moreno dio un monumental giro político y se deslindó del líder de la llamada Revolución Ciudadana, Rafael Correa.

Desde entonces se ha puesto al servicio de la oligarquía ecuatoriana y responde a los intereses de la política estadounidense.

Entre sus acciones más controversiales figuran: la entrega de la administración del sector eléctrico a opositores; el control de medios públicos a representantes de medios privados; la aplicación de  una agenda neoliberal de austeridad  que incluye  despidos a funcionarios públicos;  aumentos en la tarifa de los combustibles, rebaja de impuestos a los más ricos, y contratación de deuda pública para financiar a los importadores.

Estas acciones le han pasado factura y lo acercan a un

escenario de ingobernabilidad, con una ola creciente de protestas masivas y una baja  popularidad de 77 a menos de 40%.

Sin embargo, un punto a destacar  son  las acusaciones  de “corrupció” a funcionarios del Gobierno anterior, del cual formó parte y al que pretende hundir políticamente.

“En octubre, el presidente Moreno anunció que no perdía la esperanza de verme preso. Esto es una clara persecución política. Pero estoy seguro que esto va a cambiar, eso no tiene probabilidad de éxito a nivel internacional y cambiará cuando varíen las condiciones políticas en Ecuador”, señaló Correa.

“Ecuador es un país sin corte Constitucional, con un Consejo de la Judicatura nombrado a dedo y repleto de enemigos políticos (en su contra) un fiscal encargado que no existe en la ley, un contralor sin nombramiento y que es instrumento de persecución política”, dijo el exmandatario.

Contra el “Correísmo”

Desde la Presidencia, Lenín Moreno, ha emprendido una cacería de brujas contra los aliados políticos de Rafael Correa, incluido Jorge Glas, quien en  fue reelecto en febrero de 2017 para continuar en el cargo de vicepresidente hasta el 2021.

Glas, uno de los hombres más fieles al líder de la Revolución Ciudadana, lleva más de 12 meses preso, como parte del

caso de la asociación ilícita relacionado  con la constructora brasileña Odebrecht, por el que fue sentenciado en calidad de autor a seis años de reclusión menor.

Desde hace  20 días se mantiene en huelga de hambre tras denunciar que está incomunicado y en condiciones deplorables e infrahumanas en la cárcel de Latacunga, una prisión de máxima seguridad a la que fue trasladado por orden del Gobierno de Lenín Moreno.

Aunque el estado de su salud es preocupante, e incluso tuvo que ser  enviado de emergencia a un hospital en Quito, el Gobierno de Moreno afirma que «no puede hacerse responsable si él (Glas) o cualquiera de los procesados se infringen daños personales«.

En un comunicado difundido a través de la cuenta en Twiter del vicepresidente ecuatoriano detenido, se precisa que la medida de huelga «pacífica tiene el objetivo que su pedido, de ser llevado de vuelta a la C4 de Quito, se haga efectiva, pues ahí cuenta con las condiciones mínimas necesarias para el cuidado de su salud, vida y su seguridad«.

«Soy un preso político. Por el odio sin límites me han trasladado de cárcel sin motivo, solo por humillarme, solo por venganza. Mi vida corre peligro», denunció Glas el pasado 22 de octubre en un mensaje publicado en Twitter.

Ahora, la nueva víctima de la casería de brujas es la legisladora Sofía Espín, del bloque político del expresidente Rafael Correa, quien está siendo vinculada en la  “investigación” por el caso de Fernando Balda.

El juez nacional, Iván Saquicela, pidió a la Asamblea Nacional que  le levante la inmunidad parlamentaria, una acción que según el asambleísta Luis FernandoTorres es una autorización que «la Asamblea debe dar para que un asambleísta pueda ser procesado penalmente”.

A Espín la investiga la Fiscalía de la Nación por la visita que realizó en la cárcel a la procesada y testigo protegida Diana Falcón, en el caso que investiga el secuestro de Balda.

Futuro de Correa

Rafael Correa reside en Bélgica desde 2017 y si no se presenta en el juicio, no podrá pisar territorio ecuatoriano en los 10 años.

«si no se presenta, hay un lapso de 10 años para que esta acción penal se pueda prescribir», afirmó el abogado penalista Miguel Ángel Angulo.

Se solicitó una alerta roja internacional, que de ser negada, no habría una orden de prisión para que sea detenido en cualquier país y sea retornado a Ecuador y sometido a juicio.

Al estar diez años fuera de Ecuador, su carrera política quedaría en el limbo y no podría hacerle oposición activa al régimen de Lenín Moreno, ni participar en futuros comicios.

Sin embargo, si se presenta lo más seguro es que sea condenado por el actual Gobierno.

«El momento de cometerse la conducta, estaba vigente en Código Penal (2012), y posteriormente entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (2014) pero tiene que ser sometido en razón de la pena que estuvo vigente al momento del presunto cometimiento de la infracción, en este caso es un delito con prisión de 5 a 7 años«, dijo citado por el portal ecuatoriano Última Hora.

No obstante, la defensa del expresidente Rafael Correa acudirá ante instituciones internacionales,  tal como hicieron en septiembre pasado para denunciar la  “persecución judicial” ante el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces, fiscales y abogados.

“Vamor a ir al sistema interamericano, pero (…) había que esperar esta última etapa. Ya hemos agotado todo lo razonablemente posible (…) De persecución política tenemos muchísimas pruebas”, Christophe Marchand.

Sobre la petición de la justicia ecuatoriana a Interpol de emitir una circular roja contra el exmandatario que permita capturarlo y regresarlo a Ecuador , no hay nada definido.

El organismo internacional con sede en Lyon (Francia), no suele informar sobre sus decisiones, y la  justicia ecuatoriana, tampoco se ha pronunciado sobre la circular roja.

«Si lo hubiera aceptado ya tendríamos la alerta roja. Y lo rechaza por ser un caso evidentemente político, es de libro de texto, es una persecución política», señaló Correa.

Aunque diversos medios de comunicación, firman que el expresidente ecuatoriano solicitó asilo en Bélgica, el portal France 24  señala que él mismo negó haber realizado ese trámite.

Sin embargo, el exmandatario sí dijo estar sopesando la posibilidad de pedir asilo en ese país europeo: “lo sigo estudiando, utilizaré todos los derechos que tengo para defenderme y a mi familia», aseguró en una conversación con la agencia de noticias EFE.

Por el momento las autoridades belgas no han confirmado o desmentido que Correa haya hecho esa petición aludiendo motivos de privacidad, y por su parte, el Ministerio de Exteriores en Quito dijo que «no tiene constancia» de que efectivamente el líder progresista haya pedido asilo en el país europeo.

Aunque  ha negado los comentarios relacionados con una posible candidatura presidencial, Correa ha manifestado su preocupación por el futuro del pueblo ecuatoriano en manos de Moreno.

Indicó que volver a ser el presidente “sería trastornar muy gravemente los planes familiares”, pero reconoció que las acciones del actual mandatario son “el principal incentivo para volver” a Ecuador.  

“Yo dije que me iba a retirar los próximos años de la política probablemente de forma definitiva, pero he tenido que involucrarme para defender mi Gobierno porque se ha desatado una cacería de brujas”, expresó.

El exmandatario asegura que está «absolutamente tranquilo» con su inocencia y consciente de que sus denuncias contra el Estado ecuatoriano en la justicia internacional «tomarán tiempo, pero estamos seguros de la victoria. Esta acusación es insostenible».

«Esto no lo buscamos. Es una verdadera pesadilla. Somos víctimas de la traición más grande tal vez de la historia del país y, probablemente, de la historia de América Latina, pero al final venceremos», afirmó.

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