La ministra Benítez y el dispositivo mediático empresarial en picada contra la Corte Suprema

Un nuevo bochorno se ganó el gobierno de Piñera con la contundente declaración de la Corte Suprema que responde a las críticas a uno de sus fallos efectuadas por la ministra de Medio Ambiente. La carrera de la titular, quien es hermana del rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, se hizo asesorando termoeléctricas en sus Estudios de Impacto Ambiental. Sepa además el dispositivo mediático y empresarial que apoya al Gobierno.

El Gobierno ni se esperaba una respuesta tan contundente de parte de la Corte Suprema a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. En menos de 48 horas la porfiada estrategia del Ejecutivo de salir a golpear con todo a quienes le pongan piedras en el camino, recibió un knock out que los dejó en el más completo silencio.

Luego de reunirse en la mañana, el pleno del máximo tribunal del país, emitió su declaración, en la que acusan que las opiniones de las autoridades de Gobierno “afectan la independencia de los tribunales”, garantizada en el artículo 76 de la Constitución Política. También acusan afección a la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los poderes del Estado, “condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el Estado de Derecho”.

¿QUÉ DIJO LA MINISTRA?

La nueva polémica del gabinete de Piñera se originó cuando la ministra Benítez dijo en una entrevista dominical a El Mercurio se refirió al fallo de la Corte Suprema que por cinco votos a cero acogió los recursos de protección presentados por vecinos y pescadores de El Totoral que inviabilizó la construcción de los proyectos Central Termoeléctrica Castilla y Puerto Castilla en la Región de Atacama. Benítez dijo que “se acata, pero no comparto el razonamiento del fallo. No estoy aquí para defender un proyecto determinado, sino que estoy por defender la institucionalidad ambiental”.

La ministra además criticó que en el fallo de la Corte se sustituyera “al organismo técnico, es lo que no corresponde y acá la institucionalidad queda en entredicho”. Esta frase es en referencia al edicto del máximo tribunal que argumenta que los proyectos se presentaron de forma separada, debiéndose entregar de manera conjunta para evaluación  ambiental.

También Benítez dijo que “la Corte no debiera calificar, porque el único encargado de calificar y con la competencia para hacerlo es la autoridad sanitaria (…) Creo que la Corte no tiene la competencia técnica en esos temas para decir que esto es contaminante o no”.

Desde Australia, donde realizaba una visita oficial, la incontinencia verbal del presidente Piñera apoyó a la ministra, diciendo que su “gobierno, junto con respetar los fallos de la justicia, tiene también la obligación de seguir haciendo todo lo que sea necesario para que la falta de energía no se transforme en un freno para la economía chilena”.

El Presidente volvió al repetido argumento de la crisis energética, usado también por medios como El Mercurio y La Tercera, como presión para aprobar proyectos de generación de energía con graves impactos para el medio ambiente. Piñera dijo que “aquellos que tomen decisiones vinculadas al sector energético deberían tener ‘plena conciencia’ de que, si no se adoptan medidas en el presente, los gobiernos futuros afrontarán ‘una grave crisis de energía’”.

LA RESPUESTA DE LA SUPREMA

Acostumbrados a no dar recados a través de la prensa, los ministros de la Corte Suprema se reunieron este miércoles en forma extraordinaria para ajustar una declaración. Para los supremos, las palabras de Benítez “constituyen derechamente una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución Política entrega a los tribunales de justicia”.

Junto con acusar la afección a la independencia del poder judicial, los ministros comentaron que las declaraciones de Benítez “van inequívocamente dirigidas en el sentido de desconocer a la jurisdicción competencia para revisar la legalidad de los actos de la Administración, en este caso específico, de la autoridad ambiental”.

La frase va en directa respuesta a los dichos de Benítez respecto de la competencia de los supremos para dirimir en casos ambientales.

Entrevistado por radio Futuro, el vocero del máximo tribunal, ministro Hugo Dolmestch, dijo después que una autoridad de Gobierno no puede desautorizar a un juez, diciéndole que ‘no es técnico’, quitándole así su facultad constitucional. Dolmescht agrega que lo dicho por la ministra de Medio Ambiente, constituye “derechamente una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que la Constitución Política entrega de forma exclusiva a los Tribunales de Justicia”.

La declaración de la Corte Suprema agrega que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Como Benítez se defendió el lunes diciendo que sus comentarios eran ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, el escrito de la Corte Suprema dice que “cualquier persona tiene el derecho de estar en desacuerdo con nuestras decisiones. Pero no puede un ministro de Estado cuestionar las facultades de la Corte Suprema. Eso nos pareció inaceptable”.

El escrito termina diciendo que “el Pleno de la Corte Suprema manifiesta su total, absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la señora Ministra del Medioambiente, que han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, las que se hallan constitucionalmente garantizadas y que se erigen como condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el Estado de Derecho”.

La resolución del pleno fue respaldada por todos sus miembros, con las excepciones de los jueces Gabriela Pérez y Alfredo Pfeiffer. Este último integra como suplente la quina para ascender al máximo tribunal enviada por dicho poder del Estado para que el Presidente Piñera dirima. Ambos jueces consideraron que las opiniones de Benítez son objeto de una crítica, pero no vulneran la autonomía del Poder Judicial.

LAS PEGAS DE LA MINISTRA BENÍTEZ

El currículum de la ministra Benítez más que vocación por el servicio público da cuenta de una casi absoluta práctica en asesorías de impacto ambiental a empresas. Independiente pro UDI, Benítez es Ingeniero civil químico de la Universidad de Chile y antes de ser ministra ocupó el cupo UDI en la Core Metropolitana. Se inició en la temática ambiental en los ‘80, trabajando en la Secretaría Regional de Planificación y Coordinación de la Región Metropolitana.

Su experiencia en medio ambiente la ganó trabajando como gestora de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Desde 1992 trabajó en Gestión Ambiental Consultores, logrando aprobar proyectos de compañías como CMPC y Elecmetal. Entre el 2005 y el 2007 fue subgerente del departamento de admisión y finanzas de la consultora.

Además fue jefa de proyectos de las termoeléctricas Punta Alcalde, que Endesa desea instalar en Huasco, Región de Atacama, y Térmica Cruz Grande, de la Compañía Aceros del Pacífico (CAP) en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.

La ministra es hermana del rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez.

LAS METIDAS DE PATAS

Esta no es la primera vez que el gobierno de Piñera se enfrenta con el poder judicial. Es acostumbrado en varios de sus ministros criticar fallos de jueces cuando estos van en contra de los deseos del Ejecutivo.

Así sucedió cuando la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, criticó el fallo del Caso Bombas, o cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acusa a los jueces de ser mano blanda porque no encarcelan a jóvenes acusados por carabineros sin mayores pruebas. Incluso el propio ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en octubre de 2011, amenazó a los jueces que se tendría en consideración para los ascensos en el Poder Judicial sus fallos en causas de seguridad ciudadana.

LA AGENDA ENERGÉTICA DE EMPRESARIOS

Al repetido chantaje del Gobierno sobre una crisis energética de no aceptarse todos los proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos en proceso de evaluación ambiental, se sumó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), dijo en referencia al fallo que inhabilitó el proyecto Castilla que “no nos gusta, es negativo para el país, hay ciertos proyectos que se demoran mucho en ser tramitados, desarrollados y construidos, estamos hablando de siete a 10 años aproximadamente”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile, René Muga, dijo que compartía las críticas planteadas por la ministra de Medio Ambiente. Dijo que “Benítez toca puntos que nosotros también compartimos. Creo que efectivamente aquí hay una situación derivada de los contenidos del fallo de Castilla, que evidentemente genera en los actores económicos y de la industria, una sensación de una mayor incertidumbre respecto a la que había previa al fallo”.

La argumentación es la misma usada en la época concertacionista y que hoy repiten el Gobierno y los medios masivos. Así, La Tercera se ha dedicado a mostrar cierta reticencia de inversionistas extranjeros de iniciar proyectos en Chile tras el fallo de la Corte Suprema y El Mercurio acusa que se “pone en riesgo ser un país desarrollado”.

Pablo Gazzolo, actual encargado de prensa de la empresa MPX -que presentó el proyecto Castilla-, se desempeñó hasta comienzos de 2011 como sub director de La Tercera. Y en mayo de ese año se incorporó al Ministerio de Economía, hasta que el titular de esa cartera, Juan Andrés Fontaine, fue reemplazado por Pablo Longueira.

La actual institucionalidad ambiental es producto de un acuerdo político entre el PS y la UDI en los gobiernos pasados. Los procesos de evaluación ambiental se diseñaron con el objetivo de blanquear las iniciativas empresariales dañinas para el medio ambiente y otorgarles certificaciones. A la vez, en vez de sopesarse si efectivamente las iniciativas empresariales causaban o no daños al medio ambiente, se sentó una política orientada a generar ‘compensaciones’ a las comunidades afectadas.

Al paso de la ofensiva del Gobierno sale la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, quien valoró en conversación con el programa Semáforo de radio Universidad de Chile, el fallo del máximo tribunal al mostrar un camino para aplicar correctamente la legislación ambiental.

“La Corte se pronuncia sobre el sentido de la evaluación ambiental, sobre el proceso, no sobre un proyecto en particular, porque como considera que el proceso fue mal hecho ni siquiera se mete en ese tema. Eso es lo que tiene tan angustiado al sector empresarial, porque aquí hay una señal clara de cómo debe ser aplicada la ley ambiental” -dijo la ambientalista.

¿DEBE RENUNCIAR LA MINISTRA?

En las últimas horas, parlamentarios del Partido Socialista y el Partido Por la Democracia dijeron que podrían acusar constitucionalmente a la ministra del Medio Ambiente por intentar interferir en la actuación de la justicia.

Ya antes, ambientalistas habían exigido lo mismo. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), hace ver que “el grado de intromisión, manipulación de datos y arrogancia de esta autoridad de gobierno, pone en entredicho la institucionalidad democrática de nuestro país”.

Para Olca es impresentable que la ministra Benítez acuse al poder judicial de ‘debilitar a la institucionalidad ambiental’, cuando “lo único que sostiene el fallo de la Corte Suprema  (ratificando, por lo demás, lo ya dicho por las Cortes de Apelaciones de Copiapó y de Antofagasta, cuando debieron pronunciarse sobre la materia) es que el poder ejecutivo presionó indebidamente a diversas autoridades ambientales para beneficio del proyecto Castilla de las empresas MPX”.

Olca destaca que el fallo de la Corte Suprema “pone coto a la subdivisión  mañosa de numerosos proyectos empresariales que en la práctica burlaban los principios y el espíritu de la ley ambiental”.

La organización ambiental también muestra que Benítez no tiene la independencia necesaria para garantizar probidad al país en materia medio ambiental, “pues pretende hacer creer que la institucionalidad debe seguir operando sin control alguno, pese a ser evidente su actuar político y no técnico en desmedro de los derechos colectivos. Esto se refuerza por el cuestionamiento y escándalo desatado  en el caso de los planteles de cerdos de Agrosuper en Freirina, que en su momento contó con sus servicios como consultora, y donde la supuesta rigurosa evaluación técnica se transformó en un una catástrofe sanitaria y ambiental a los pocos meses de entrada en operaciones la planta”.

UN EJECUTIVO SORDO

El bochorno del documento de la Corte Suprema fue silenciado en el palacio de gobierno y relegado a noticias de menor importancia por los medios masivos. Ayer miércoles, Hinzpeter sólo habló del duelo oficial por la muerte de Sergio Livingstone y Raquel Correa, sin aceptar ningún tipo de preguntas. En tanto, el vocero de Gobierno,  Andrés Chadwick, guardó silencio sobre el tema.

En menos de un mes a dos ministros de Piñera diversos sectores les piden que abandonen sus cargos. Lavín por el escándalo de la Casen y ahora Benítez por defender un sistema de evaluación ambiental a la medida de los proyectos. Tal como en  ocasiones anteriores, La Moneda sólo responde con silencio.

Por Mauricio Becerra R.

@kalidoscop

El Ciudadano