«Cuestionamiento del Poder Ejecutivo sobre fallo de la Corte Suprema demuestra fracaso de la gestión ambiental»

Declaración pública Consejo de Defensa de la Patagonia

Ante las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, respecto del reciente fallo de la Corte Suprema que rechazó la instalación de la Central Termoeléctrica Castilla en el norte de Chile, diversas organizaciones ambientales declaran:

1. Concordamos con la declaración emitida por el pleno de la Corte Suprema el día 11 de septiembre de 2012, en relación a considerar que la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez ha incurrido en una «intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución Política entrega a los tribunales de justicia».

2. Consideramos que los dichos de la autoridad, representante del Ejecutivo, son extremadamente graves, pues no solo se entromete en las resoluciones de otro poder del Estado, sino que desconoce el derecho de todas las personas a recurrir ante la justicia, solicitando que se cautelen derechos establecidos en la Constitución de la República, en particular el del artículo 19 N°8, que garantiza el derecho a vivir en un medio libre de contaminación y obligando al Estado a velar para que este no sea afectado y a tutelar la preservación de la naturaleza.

3. La ministra, además, se empecina en defender una institucionalidad ambiental precaria y que a todas luces está haciendo agua. Una institucionalidad que en vez de gestionar el medio ambiente, los recursos naturales y ecosistemas, y resguardar las garantías constitucionales de las personas, está llena de falencias. Benítez se empeña en defender una institucionalidad que no ha sido capaz de gestionar, pues desde la reforma a la Ley Ambiental el año 2010 no se han dictado los reglamentos pertinentes para hacer operativo este diseño institucional. Defiende la autoridad una institucionalidad a medias, donde una parte opera con los reglamentos antiguos y otra sencillamente no puede hacerlo, como es el caso de la Superintendencia de Medio Ambiente.

4. El número cada vez mayor de conflictos socioambientales y la alta judicialización de los mismos, especialmente de los que dicen relación con proyectos energéticos, se explica por la falta de garantías que el Sistema de Evaluación Ambiental da a las comunidades potencialmente afectadas por tales proyectos.

5. En la actual institucionalidad ambiental, las comunidades no tienen otra salida que recurrir a los Tribunales de Justicia para que estos velen por sus derechos y tomen decisiones, en un escenario de evidente desequilibrio de poder entre las empresas y la ciudadanía. Las comunidades podrán y deberán seguir recurriendo a las cortes cuando se trate de solicitar el resguardo de garantías constitucionales.

6. Es clave la conclusión emitida este martes 11 de septiembre por la Corte Suprema, que tras realizar un pleno extraordinario, manifestó «su total, absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la señora ministra de Medio Ambiente, que han sobrepasado la sola crítica», y la insistencia del gobierno en esta postura demuestra fracaso del sistema de gestión ambiental en su conjunto. El máximo tribunal argumenta claramente que las afirmaciones de la secretaria de Estado «constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, las que se hallan constitucionalmente garantizadas y que se erigen como condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el estado de derecho».

7. Es importante recordar que la ministra de Medio Ambiente participa del Comité de Ministros que próximamente debe pronunciarse sobre la autorización de un proyecto altamente cuestionado por la ciudadanía y el Parlamento como es HidroAysén. En este sentido, hoy María Ignacia Benítez no da garantías de imparcialidad para votar en tal trascendental proceso que podría cambiar el destino a la Patagonia chilena.

8. Exigimos al Gobierno tomar las medidas pertinentes toda vez que a través de las recientes declaraciones de Benítez se devela que el real compromiso de la máxima autoridad ambiental del país está con el sector eléctrico y con el gran empresariado, mientras que el mandato que le confiere la Ley es el de proteger el medio ambiente.

Finalmente, las organizaciones ambientales que desde hace años trabajan para fiscalizar que los gobiernos mantengan el equilibrio en la búsqueda del llamado desarrollo económico y social, instan a que el ministerio de Medio Ambiente sea dirigido por una persona sin vínculos recientes con las empresas privadas, por cuanto obligatoriamente les tocará ser juez y parte en la evaluación ambiental de proyectos, tal como ha sucedido con la ministra María Ignacia Benítez, que ha mostrado su verdadero sesgo cuestionando un fallo unánime de la Corte Suprema. Creemos que esta sentencia recoge el verdadero espíritu de la Ley, específicamente del artículo 19 Nº8 de la Constitución que señala: «La Constitución asegura a todas las personas: 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la Naturaleza».

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