Decenas de indígenas ecuatorianos llegaron este miércoles a Quito tras once días de caminata desde la Amazonía, para entregar en la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica que prohíba la minería metálica en el país.
Yaku Pérez, titular de la Confederación quichua de Ecuador (Ecuarunari), agradeció a los participantes en la marcha, que inició el 4 de noviembre en la provincia amazónica de Napo, y aseguró que «en su caminata escucharon propuestas de las comunidades, así como sus demandas, esperanzas, sueños”.
Anunció que tras una ceremonia indígena en el sur de la ciudad, los manifestantes caminarán hacia la Asamblea Nacional para entregar a su presidenta, Elizabeth Cabezas, el proyecto de ley orgánica elaborado por la población.
“Este proyecto, a diferencia de otros que surgen desde arriba, ha surgido desde abajo, desde los despojados, desde los criminalizados, los marginados, los excluidos, desde los que han sentido en carne propia la invasión de las empresas mineras”, dijo.
Advirtió que “estarán vigilantes” del tratamiento del proyecto, cuya aprobación es “emergente”, y comentó que también hoy visitarán la Contraloría para exigir la entrega “inmediata” de un informe de auditoría a empresas mineras que operan en Ecuador.
En la agenda de los manifestantes figura acudir al centro de Quito en busca de una reunión con el jefe de Estado, Lenín Moreno, y varios ministros, pese a que el gobernante prevé viaja a Guatemala para participar en la XXVI Cumbre Iberoamericana.
“Si no tenemos respuestas nos quedaremos más días. Por eso apelamos a ustedes para seguir en este proceso de resistencia”, clamó ante los participantes de la marcha contra la minería y llamada también “movilización nacional por el agua, la vida y contra la corrupción”.
El líder indígena aseguró que tras once días de caminar están cansados pero no rendidos por lo que mantendrán su combate contra la minería, una lucha que aseguró es “intergeneracional”.
Grupos ambientalistas han manifestado su rechazo a la explotación y extracción minera y censuran que pese a las promesas del Gobierno de suspender las concesiones, éstas se siguen dando sin respetar zonas de especial interés ecológico.
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