370 mil personas, en su mayoría mujeres trabajadoras de casas particulares, se beneficiarán con la iniciativa legal que equipara las jornadas laborales con las del resto de los trabajadores; fija nuevas medidas de fiscalización; determina la obligatoriedad de remuneración en dinero; y establece las condiciones para el uso de uniforme. Ahora se espera su aprobación definitiva en el Senado.
El proyecto aborda las condiciones específicas del trabajo en casas particulares (puertas adentro y afuera) y reduce la jornada actual de hasta 66 horas semanales de trabajo a un máximo efectivo de 45 horas distribuibles en seis días. El empleador, por cierto, no podrá bajar el salario unilateralmente ante estas modificaciones.
La ley fija el domingo como día de descanso y dos días más del calendario, fraccionables o acumulables, pero irrenunciables.
Para el diputado Tucapel Jiménez el proyecto “es de entera justicia”, ya que pone a las trabajadoras al mismo nivel que el resto de los trabajadores de Chile, “mejorando sus horas de trabajo, horas y días de descanso y, en general, sus condiciones laborales”.
Sin embargo, recalcó que está pendiente la ratificación del Gobierno del Convenio 189 de la OIT que señala que las trabajadoras de casa particular podrán tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva.
Otra innovación importante del proyecto de ley aprobado en la Cámara es el establecimiento de la obligación de remuneración en dinero, por lo que la habitación y alimentación no le será cobrada a la trabajadora ni imputada al pago de sus cotizaciones provisionales.
Respecto al uniforme, el empleador no podrá obligar a su uso en lugares públicos o comerciales. Para hacer valer la ley, existirán fiscalizadores de la inspección del trabajo que deberán ser dejados entrar a los domicilios particulares.
El Ciudadano
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