Hace unos días ha ingresado a la Cámara de Diputados una propuesta de Reforma Tributaria, impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, para financiar los incrementos en el costo de la educación.
Se trata de una reacción no deseada a las protestas de los estudiantes y la efervescencia de 2011.
Se dice que es una reforma que está orientada a ayudar a las medianas, pequeñas y medianas empresas –Mipymes-. Sin embargo, como lo explicaremos, esa puede ser la intención, pero en la práctica no resulta así.
En el año 2010 se aprobó el Estatuto Pyme con la finalidad de otorgar un trato diferenciado a los emprendedores más pequeños que viven en una situación permanente de angustia y falta de futuro dada la sobrexplotación de que son objeto a manos de las grandes empresas y el sistema financiero. Se suponía que la adopción de esta legislación significaba un permanente trato diferenciado, lo que no ha sido así y tampoco lo es a propósito de la reforma tributaria.
Los beneficios tributarios, para que se puedan ejecutar es necesario que las empresas tengan utilidades; en Chile las empresas Mipymes que declaran utilidades no sobrepasan las 44 mil, de un total de 700 mil formales (se deben agregar 800 mil informales, que están fuera del sistema). O sea, los beneficios tributarios propiamente tal a la Mipyme por esta sola razón no las tocan.
La propuesta de reforma tributaria contiene una disminución del impuesto de timbre y estampilla de 0,6 a 0,2% del monto del crédito, siendo una norma positiva nos parece que mejor hubiera sido que las operaciones a un cierto rango ($10-15 millones) quedarán exentas del pago de esta obligación y las otras (que las hacen las empresas grandes) siguieran pagando la misma tasa anterior.
También hay que reconocer que los bonos que se acuerdan por una vez para los taxis, taxis colectivos y transportes escolares son un avance, pero no resuelven en nada las dificultades de estos colegas, pues siguen sin resolverse los asuntos previsionales y los temas de cobertura médica, dada las particularidades de estos negocios.
Se anuncia que se enviará, en otra propuesta, la modificación del impuesto específico a los combustibles, elemento básico para las Mipymes de Chile. Aquí la lógica es si no hay la intención de modificar nada sustantivo en el sistema, nos parece de toda justicia que todos los usuarios del combustible paguen este impuesto, puesto que hoy las empresas generadoras, la gran minería, las empresas de aviación, la gran industria, están exentas de estos tributos porque la ley las dejó fuera o porque administrativamente pueden descontar estos gastos.
El ideal sería que, de mantenerse este tributo por razones de congestión y contaminación (originalmente fue para construir carreteras; hoy son privadas), éste se pagará proporcional a las ventas de las empresas, tal como se hace actualmente con la devolución que se otorga a los camioneros.
Se crean impuestos verdes para productos de difícil absorción; nos parece positivo, para dar una señal clara de mejoría del medio ambiente.
Nos parece una equivocación garrafal la propuesta de la eliminación del arancel aduanero en condiciones que en la práctica se pagan menos del 1% como arancel real. Es decir, no existe ninguna protección para la empresa nacional. Además, es un elemento con el cual se negocia los acuerdos de libre comercio. En otras palabras, es un beneficio otorgado sin recibir nada a cambio, solo para ser “más papistas que el papa”, en la óptica neoliberal predominante.
Se disminuye la tasa del impuesto de segunda categoría de manera escalonada. Parece no tener justificación las rebajas a los dos grupos de mayores ingresos, que no constituyen más de 40 mil personas.
Se otorga como crédito imputable contra el impuesto de segunda categoría los gastos en educación con dos topes: $200 mil pesos anuales por hijo e ingresos hasta 66UF ($1.300.000). Es una medida que suponemos puede ayudar a las personas, pero que consolida el modelo de mercado en la educación reafirmando las diferencias entre los distintos tipos de escuela disponible.
Se eliminan los pagos adicionales para los software, lo que permite utilizar programas originales sin tener que pagar sumas importantes. Esto propenderá a mejorar el uso de la tecnología. Siempre se podría discutir el tema de los programas libre y cómo el Estado ayuda a su aplicación más amplia.
Hay una serie de medidas orientadas a disminuir la elusión, especialmente de las empresas extranjeras; nos parece muy correcta la adopción de este tipo de medidas.
Las normas que igualan a las empresas de capital (sociedades anónimas) y de personas (responsabilidad limitada) nos parece que perjudican a las Mipymes, pues éstas viven una realidad muy diferente desde todo punto de vista. Aquí es donde debiera primar el sentido del Estatuto Pyme para tener un trato diferenciado. Lo mismo se repite respecto de las normas de tasación nuevas que se pretende entregar al Servicio de Impuestos Internos (SII). Otra vez, las Mipymes son discriminadas negativamente en clara contravención al Estatuto Pyme que intentaba hacer exactamente lo contrario.
Es cierto que ha existido abuso en el uso de la renta presunta, pero eso no justifica para que “paguen justos por pecadores”. Debiera examinarse esta norma que es utilizada esencialmente por los Mipymes de la ciudad y el campo, para evitar que sea objeto de un uso incorrecto, pero no por ello casi eliminarla. Es una complicación tremenda para muchos sectores económicos.
En definitiva, los recursos no vienen de los que más tienen, por tanto no es una reforma redistributiva que es lo que exige Chile. Tampoco favorece sustantivamente a la Mipyme y de allí nuestro desacuerdo, aunque hay medidas que van en el sentido en que queremos que evolucionen las cosas.
PhD. Iván Vuskovic
Director IEMT
Instituto Empresa Menor Tamaño
El Ciudadano Nº125, segunda quincena mayo 2012
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