Grave: Gobierno decide reponer “Ley Monsanto” de la mano del TPP-11

Vía Radio Universidad de Chile / Hace casi cuatro años, el Gobierno de Michelle Bachelet, retiró la discusión del proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales, conocida popularmente como la “Ley Monsanto”. La propuesta legal, cuyo origen se remonta al año 2009, fue fuertemente resistida por distintas organizaciones sociales, quienes acusaban que su objetivo era “privatizar las semillas”, y con ello, concentrar su propiedad en muy pocas manos.

Fue gracias a esa batalla librada por grupos y organizaciones de mujeres agrícolas, campesinas e indígenas, que las autoridades optaron por “congelar” su tramitación. Hasta ahora. Y es que el TPP 11 exige que el Estado chileno ratifique el convenio Upov91, el que a su vez obliga a la generación de una legislación nacional para las patentes de semillas, en este caso, la Ley Monsanto.

Francisca Rodríguez, dirigenta de Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indigenas ANAMURI, confirmó que desde el Ejecutivo se está buscando reponer la discusión de la iniciativa, aunque con modificaciones. A su juicio, una legislación que regule y cautele el patrimonio genético es necesaria, y recalcó que desde el Gobierno se comprometieron a introducir modificaciones, principalmente en lo referido a la penalización de la reproducción de las semillas. Sin embargo, advierte, nada asegura que estos cambios se concreten.

“Ojalá que el próximo año tengamos las cosas más claras y que nuestras propuestas sean integradas a la propuesta nueva que va a ir (…) No nos oponemos a que haya una cautela, a lo que nos oponemos es a que haya una censura, una persecución y una criminalización a nuestras semillas”, declaró Rodríguez.

La relación entre el controvertido Tratado TPP11, cuya discusión se está dando en el Parlamento, y la denominada “Ley Monsanto”, es estrecha. Así lo han venido advirtiendo agrupaciones y parlamentarios desde hace años. De esta forma, la reactivación de la normativa sobre obtenciones vegetales, viene a ser una consecuencia del pacto internacional suscrito por más de la mitad de sus miembros y que estaría próximo a entrar en vigencia.

Así lo explica Lucía Sepúlveda, representante de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile: “En el fondo el tratado obliga a Chile a privatizar las semillas mediante lo que exige el Upov-91 y éste último va de mano con esta ley que el Gobierno está intentando refrescar y volver a poner en discusión”.

En enero de 2014, la denominada “Ley Monsanto” debía ser votada en la Sala de la Cámara Alta, luego de que los diputados y diputadas le dieran su visto bueno. Se trataba de una de las últimas iniciativas que serían aprobadas durante el año legislativo del primer gobierno de Sebastián Piñera.

La discusión estuvo marcada no sólo por el firme rechazo de distintas organizaciones y de grupos que se verían directamente afectados con la medida, sino que también, con los cuestionamientos desde la ciudadanía, a raíz de la participación accionaria de quien a la sazón lideraba el Ministro de Agricultura, Luis Mayol, en la Compañía Agropecuaria COPEVAL S.A., dedicada a la comercialización y distribución de insumos agrícolas, entre ellos, semillas.

Todo esto motivó que la votación no se llevara a cabo durante la primera administración de Piñera y se postergara para el segundo mandato de Michelle Bachelet, quien durante su campaña aseguró haber cambiado de opinión.

“Nosotros hemos planteado que vamos a revisar esa ley, porque hay una evidencia clara de que habrían elementos que podrían, por un lado, dañar la salud, y por otro más importante, podrían afectar a la soberanía alimentaria y las semillas tradicionales” sostuvo en ese momento Bachelet.

Sin embargo, y pese a que el compromiso fue retirar la polémica legislación, desde el Ejecutivo optaron por quitarle la urgencia, y con ello, congelar su tramitación en el Senado. Hoy, a casi cuatro años, el proyecto podría retomar su tramitación, con algunas modificaciones, siendo necesaria sólo su aprobación en la Cámara Alta.

Por esta razón, desde las organizaciones se encuentran expectantes y dispuestas a emprender una nueva batalla en contra de una ley, que aseguran, vulnera  los derechos de las comunidades agrícolas, como también el patrimonio de las semillas en nuestro país.

Vía Diario y Radio Universidad de Chile