La deuda de muchos con el pueblo mapuche

Unicef condena la violencia contra niños indígenas. Empeora el estado de salud de cuatro mapuches en huelga de hambre desde hace más de un mes.

El pueblo mapuche ha sido arrinconado, despreciado y olvidado por el chileno común, mientras que el Estado chileno ha usurpado sus territorios ancestrales. A fines de agosto cuatro indígenas presos en la Araucanía se declararon en huelga de hambre exigiendo la pronta devolución de sus tierras, pero hasta la fecha el gobierno de Sebastián Piñera no atiende sus demandas.

Decenas de comuneros mapuche cumplen duras condenas de cárcel, o se encuentran procesados y detenidos o sometidos a medidas restrictivas por acciones reivindicatorias de sus territorios ancestrales, anotó un editorial del informativo mapuche Mapuexpress, cuando finalizó la preparación de Juicio Oral en el llamado Tribunal de Garantía de la comuna de Victoria, situada en La Araucanía, contra 10 comuneros, dos de ellos menores de edad, imputados por “robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista, asociación ilícita terrorista”, entre otros delitos supuestamente cometidos en octubre de 2009.

Dicho proceso, como los anteriores contra el pueblo mapuche, fue criticado por autoridades indígenas y por especialistas en temas jurídicos porque la principal prueba del Ministerio Público sería la declaración de un testigo protegido, polémica figura amparada por la ley antiterrorista. Jorge Hunchullán, vocero de la comunidad Autónoma de Temucuicui, impugnó que se siga utilizando una ley heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). “Es una forma de utilizar la represión en toda su expresión, jurídica, comunicacional y policial”, afirmó.

La comunidad Wente Winkul Mapu, situada en la comuna de Ercilla, en el corazón de la Araucanía, se convirtió en epicentro de las noticias sobre el pueblo mapuche en Chile. Es que hemos sido escenario de reiterados allanamientos y de la violencia descontrolada de Carabineros, que actúa como guardia privada de empresas forestales y latifundistas frente a la reivindicación de nuestras tierras, señalaron a Prensa Latina autoridades ancestrales de esa comunidad.

Se refirieron en particular a las repetidas versiones sobre la muerte del sargento de Carabineros Hugo Albornoz, quien cayó abatido en una violenta irrupción policial en esa comunidad, y desmintieron las afirmaciones de la Fiscalía y de Carabineros acerca de las circunstancias del fallecimiento del uniformado. Primero se habló de emboscada en un camino público, cosa que se ha ido aclarando como totalmente falsa, afirmaron los indígenas. Acerca de la investigación abierta para esclarecer el hecho, pidieron se cambie al fiscal designado para el caso, identificado como Luis Chamorro y a quien calificaron de antimapuche, y porque además fue el mismo que encabezó el allanamiento en el cual murió el agente policial.

El sacerdote jesuita Pablo Castro calificó de aberrante la postura de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile en comunidades mapuches del sur, donde es usual que la policía irrumpa en determinados asentamientos indígenas con gases lacrimógenos, los que incluso, afirma, son lanzados dentro de los hogares. Ni siquiera cuando se allana por narcotráfico en una población tiran bombas lacrimógenas dentro de las casas. Hay un claro uso abusivo de los instrumentos policiales que afecta a mujeres y niños completamente inocentes, apuntó el religioso chileno.

El 20 de diciembre del año pasado unos 70 académicos, escritores y artistas de América Latina y Estados Unidos alertaron sobre violencia policial contra las comunidades mapuche en el sur de Chile, y pidieron la intervención urgente del relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas James Anaya. En particular, la misiva aludió a la irrupción de la policía de Carabineros en la comunidad de Temucuicui, en la región de La Araucanía:

“Estos lamentables operativos policiales han significado atroces actos de violencia estatal y atropellos a los derechos humanos contra la población mapuche”, denunciaron los firmantes. La carta tuvo lugar, además, en un contexto de indignación de los pueblos originarios por el fallo de la Corte Suprema que dejó bajo régimen de libertad vigilada al policía confeso de la muerte del comunero mapuche Matías Catrileo en 2008.

El 3 de enero de 2008, Catrileo fue baleado por la espalda durante un enfrentamiento con una unidad de las Fuerzas Especiales de Carabineros, cuando participaba en la toma de un terreno en la Región de la Araucanía. Un fiscal militar encontró culpable al cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez de “violencia innecesaria con resultado de muerte” del indígena de 23 años, y solicitó al tribunal militar una pena de 10 años de cárcel; pero la Corte Marcial de la ciudad sureña de Valdivia condenó al policía a tres años y un día con el beneficio de libertad vigilada.

El 20 de enero de este año el Premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel pidió al gobierno chileno cesar la política de persecución contra el pueblo mapuche y rechazó el uso contra la etnia de la ley antiterrorista. En carta enviada al presidente Sebastián Piñera, expresó su preocupación por “las acusaciones que deben soportar los hermanos mapuches” de ser los autores de incendios, imputándolos como “actos terroristas”. (1)

El 24 de abril el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó su preocupación frente a las reiteradas denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial en allanamientos a las comunidades mapuches en Chile, y por el impacto de tales acciones sobre la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes indígenas.

La declaración del organismo internacional aludió a la denuncia presentada por la Defensoría Penal Pública, en la Fiscalía Militar de Angol, a raíz de la violenta irrupción de Fuerzas Especiales de Carabineros en la comunidad de Temucuicui, región de La Araucanía, el 20 de abril. En la ocasión, recordó el comunicado de Unicef, resultó herido un adolescente como consecuencia de un impacto de perdigones. (2)

El werken (vocero) de Temucuicui Jorge Huenchullan denunció que los Carabineros ingresan habitualmente en las comunidades indígenas en forma violenta y amedrentan, y humillan a los pobladores. “El ataque (a Temucuicui) ocurrió con escopetas y otras armas, además de los vehículos que lanzan gas lacrimógeno”, declaró sobre el hecho el lonko (autoridad máxima) Víctor Queipul Huaiquil.

Para la instancia de la ONU, “es necesario que todas las partes involucradas en este conflicto, especialmente aquellas llamadas a velar por la plena vigencia del Estado de Derecho, actúen estrictamente dentro de sus funciones y velen por el respeto y garantía de los derechos de la niñez”.

Casi dos meses después, el 27 de julio, Unicef condenó nuevamente los hechos de violencia registrados en la Araucanía en los que fueron baleados menores mapuche. El llamado de atención ocurrió luego de trascender a la opinión pública sobrecogedoras imágenes de cuatro menores mapuche heridos en operaciones policiales en el territorio Arauco.

“Condenamos todo acto de violencia que amenace o ponga en riesgo la estabilidad física o emocional de niños, niñas y adolescentes”, señaló una declaración de la instancia del organismo internacional difundida en Santiago. La instancia de la ONU rechazó juicios de autoridades chilenas que alegaron en defensa de la institución policial que familias mapuche utilizan a sus hijos como escudos humanos frente a los Carabineros.

No compartimos esa tesis. Ninguna persona, ningún padre o madre utiliza a sus hijos como escudo de protección, afirmó el funcionario de Unicef Nicolás Espejo. “Cuando los procedimientos policiales ocurren dentro de las comunidades, las policías se van a encontrar con niños y ese tiene que ser un dato que la policía debe tomar en cuenta”, aseveró Espejo, encargado del área de protección legal en el organismo mundial.

Justamente la noche del 26 de julio decenas de mujeres del pueblo mapuche protagonizaron una manifestación frente a la sede de Unicef en Santiago con el fin de denunciar la violencia ejercida contra sus hijos en los allanamientos policiales en la Araucanía. Unicef advirtió sobre las nocivas secuelas que dejan hechos de naturaleza violenta en la niñez y la adolescencia. Mencionó entre ellas, sentimientos de inseguridad, miedo, inestabilidad emocional y conductas regresivas que afectan el normal desarrollo.

EL ESTADO CHILENO EN DEUDA CON EL PUEBLO MAPUCHE

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instituido por Naciones Unidas para cada 9 de agosto, las comunidades mapuche en Chile dejaron claro que no había nada que celebrar. Ese día la Alianza Territorial Mapuche (ATM) instó a la ONU a tener un papel más activo frente al histórico despojo que han sufrido los pueblos originarios y en particular frente a graves hechos de violencia policial en la Araucanía chilena.

“Hacemos un llamado a las más altas autoridades del sistema de Naciones Unidas que funcionan en Chile a establecer una mesa de trabajo que permita la pronta solución de esta situación”, señaló en una carta la referida agrupación indígena. El mensaje fue dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

“Recalcamos que la premura que nos impulsa es la de nuestros hijos que día a día, son agredidos y vulnerados por la represión del Estado chileno”, subrayó el comunicado. La declaración hizo mención a la toma pacífica de la sede de Unicef por mujeres representantes de ATM que pidieron a ese organismo una actitud menos pasiva frente a los recientes desalojos que en la Araucanía dejaron cinco niños gravemente heridos.

La nota advirtió que las instituciones agrupadas en el Sistema de Naciones Unidas conocen la violencia estructural que sufre el pueblo mapuche en Chile y es por ello que se apela a que la ONU tenga un papel interlocutor frente al Estado chileno. Natividad Llanquileo, ex vocera de reconocidos líderes mapuche que la justicia chilena condenó a larga prisión bajo la cuestionada ley antiterrorista, concordó que la Unicef y los organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, han jugado un rol muy pasivo con la violencia que afecta a las comunidades mapuche.

Reflexionó la ahora estudiante de Derecho Penal que la vía de la toma “es una forma de manifestarse, de ser escuchado. Llega el momento en que uno se desespera, dado que los organismos nacionales no funcionan”. Sobre la toma de las oficinas de Unicef en Chile comentó que constituye un llamado de atención no solo al Estado chileno, sino la ciudadanía en general.

“Quizá no salga mucho de ahí. La gente que está dentro decidirá cuándo sale. Y seguramente lo harán muy decepcionados del organismo y las instituciones. Uno no sabe a quién recurrir”, expresó en entrevista publicada en el sitio Mapuexpress. La reconocida representante del pueblo mapuche consideró que los gobiernos anteriores de la llamada Concertación chilena cometieron muchos errores, de los que este gobierno “no aprendió o no quiso aprender”.

A su juicio todo pasa por el interés económico que está dentro de las comunidades y “el Estado se ha convertido en un protector del poder económico más que de las personas”, manifestó. En estos últimos días, paralelamente, autoridades ancestrales del pueblo mapuche denunciaron la presencia de grupos paramilitares en el territorio de Arauco que actúan solapados para incriminar a comuneros mapuche en actos de violencia.

Jorge Huenchullán, vocero de una comunidad autónoma, precisó que “los paramilitares son hijos de agricultores y policías en retiro, que buscan inculpar a las comunidades mapuche”. Las declaraciones de Huenchullán en Chile tuvieron lugar a raíz de la realización dos semanas antes de una llamada cumbre de seguridad del gobierno, convocada a partir de ultradifundidas agresiones a latifundistas y empresarios privados.

En opinión del abogado José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos, es preocupante la imputación automática que se hace en Chile de hechos violentos a personas, comunidades y organizaciones mapuche sin tener los fundamentos necesarios para hacerlo.

Las acciones violentas en sectores rurales de las regiones del Bío Bío y La Araucanía, unos 800 kilómetros al sur de Santiago, son habitualmente atribuidas a los mapuche con el fin de justificar la militarización del territorio, coinciden sectores de la oposición en el país sudamericano. El propósito de la “pacificación de La Araucanía”, apuntan asimismo autoridades mapuche, es detener la lucha por recuperar las tierras ancestrales usurpadas a los pueblos originarios.

Una carta de autoridades indígenas al gobierno en la antesala de la referida cumbre, a la que tuvo acceso Prensa Latina, señalaba: Esperamos que no se estigmaticen nuestras legítimas demandas por hechos de violencia en donde ni siquiera consta la participación mapuche. Nosotros trabajamos por la sobrevivencia y subsistencia de nuestra cultura, recalcaba la misiva de los representantes del pueblo mapuche.

Un artículo de la revista Punto Final repasaba cómo a lo largo de la historia de Chile el pueblo mapuche ha sido arrinconado y despreciado, dolorosamente olvidado por el chileno común, farandulizado, futbolizado y endeudado.

MAPUCHES EXIGEN LA DEVOLUCIÓN DE SUS TERRITORIOS

Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) concluyó que la vulnerabilidad sociodemográfica y socioterritorial que enfrenta el pueblo mapuche y que expresa claras brechas en la implementación de sus derechos, está dada por la pérdida del territorio, base de su supervivencia material y cultural.

El organismo de Naciones Unidas presentó un estudio realizado de conjunto con la ATM a partir sobre todo de las características de los asentamientos de la citada etnia en la comuna de Ercilla, situada en la provincia Malleco de la Araucanía. Denominado “Desigualdades territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile: Situación en la comuna de Ercilla desde un enfoque de derechos”, el documento aporta un panorama sociodemográfico y socioambiental de la población mapuche de esa zona.

La Cepal advirtió sobre los niveles de pobreza que afectan a las comunidades mapuche en Chile, particularmente en zonas de la región de la Araucanía. De acuerdo con el último censo nacional de 2002, destacado en la presentación de Cepal, el 5% de la población en Chile se identifica como perteneciente a alguna de las ocho etnias nativas reconocidas en el país, siendo el mapuche el pueblo indígena más numeroso con más de 604 mil habitantes. En el caso de Ercilla casi la mitad de los habitantes son mapuche, constituyéndose en una de las comunas con mayor presencia de esta etnia.

El 9 de septiembre, comunidades mapuches exigieron al gobierno de Sebastián Piñera una pronta devolución de sus tierras ancestrales, tras calificar al Estado chileno como el máximo responsable de la usurpación de esos territorios. En un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina, las Autoridades Tradicionales de las comunidades Mapuche Autónoma y Tradicional de la localidad de Temucuicui culparon al Ejecutivo de que sus tierras estén en manos de colonos extranjeros, empresas transnacionales forestales y militarizados.

El texto señala además que, durante los últimos dos días, las comunidades tradicionales llegaron a un consenso para saldar las diferencias internas que durante cuatro años persistieron a lo interno del territorio, para así ordenar las demandas históricas y dar una fuerte señal de unidad.

Las organizaciones consideran que las autoridades políticas del Estado chileno, en todo momento, utilizaron a su favor estas diferencias para manipular, engañar y así evadir sus responsabilidades en dar solución a las legítimas demandas planteada por parte de ambas comunidades, enclavadas en la zona roja del conflicto mapuche.

La Red Diario Digital informó sobre la convocatoria del Ministerio del Interior para crear juntas de vigilancia rural en la Araucanía, consideradas por la comunidad Mapuche como una apertura al paramilitarismo. “Dicha licitación debiera ser motivo para instalar en el debate público nacional el tema del serio riesgo de institucionalizar el paramilitarismo en la región de la Araucanía con financiamiento, asesoría, apoyo logístico y entrenamiento del Estado”, señaló un extenso artículo de la publicación, a nombre de los pueblos originarios.

En su opinión, poner a civiles como auxiliares de la fuerza pública, implica admitir que ésta ha sido superada en su deber constitucional de resguardar el orden público. Según las autoridades, las juntas de vigilancia están dirigidas a apoyar la labor policial preventiva en 22 de las 33 comunas de la Araucanía.

INDÍGENAS PRESOS EN HUELGA DE HAMBRE

Paulino Levipan, Daniel Levinao, Hector Ricardo Nahuelqueo, Rodrigo Montoya y su vocero Eric Montoya dejaron de consumir alimentos el 27 de agosto de 2012 por considerar que sus causas judiciales no tuvieron un proceso justo. Dos de ellos fueron condenados semanas antes a 10 años de presidio por homicidio frustrado contra miembros de la policía de Carabineros.

Leminao y Levipán cumplen una condena de 10 años y un día por homicidio frustrado a Carabineros, además de otros 541 días por porte ilegal de armas de fuego, mientras que Rodrigo y Eric Montoya son imputados por un presunto homicidio frustrado en contra de un policía.

Líderes mapuches aseguran que las sentencias son racistas, discriminatorias, no respetan el debido proceso y para imponerlas fueron utilizados testigos encapuchados. Los cuatro comuneros se encuentran en huelga de hambre para solicitar a la Corte Suprema que revise y anule sus condenas, además de otras demandas, relacionadas con el reclamo de los mapuches de sus tierras ancestrales.

“Estamos luchando por justicia y verdad para nuestro pueblo en sus justas demandas de territorio y libertad, aunque el estado no ha podido dar repuesta y solo piensa en reprimir agudizando más la lucha de las comunidades”, señalaron los presos en un nuevo comunicado. “Estamos pálidos, demacrados pero con la fuerza intacta, sabemos que estos síntomas son incómodos y soportables por lo que está en juego. Seguiremos paso a paso con esta huelga porque creemos que bien vale la pena el territorio y libertad para cada mapuche y todo pueblo”, expresaron.

El 14 de septiembre, representantes de la comunidad mapuche exigieron al gobierno la liberación de los cinco indígenas presos en la cárcel de Angol, quienes cumplían 19 días en huelga de hambre. “Estamos apoyando a nuestros hermanos en huelga de hambre, acusados injustamente, se preparó un montaje para acusar a nuestros hermanos, con testigos encapuchados”, declaró a Prensa Latina Nibaldo Huenuman, uno de los líderes de la comunidad mapuche en la Región Metropolitana.

De acuerdo con el activista, el Estado ha manipulado a los jueces, a la policía de Carabineros, para inculpar a miembros de esa etnia que reclaman territorios considerados ancestrales. “El gobierno mantiene centenares de policías rondando día y noche en las comunidades, helicópteros sobrevolando nuestras zonas pobladas y hay colonos de la zona que se están organizando con armas para atacar a nuestra gente”, señaló Huenuman.

Según narró, hace días se encontró en la casa de un colono un gran número de armas de grueso calibre, sin embargo el dueño disfruta de libertad. “Pero si esas armas llegan a ser encontradas en la casa de un mapuche, sería encarcelado por miles de años”.

El 20 de septiembre, a 25 días de iniciada la extrema medida, los huelguistas aún no habían recibido respuesta de las autoridades chilenas a sus demandas. Los indígenas consideraron que al no existir acercamiento alguno por parte del gobierno, ello era señal de que se niega a algún tipo de diálogo con el pueblo Mapuche. En ese sentido, Erick Montoya, Rodrigo Montoya y Paulino Levipan Daniel Levinao prometieron que seguirían sin ingerir alimentos hasta ser escuchados.

Entre otras exigencias, reclamaron que la Corte Suprema de Justicia revise y anule la injusta condena de Levipán Coyan y Levinao Montoya, sentenciados en agosto a 10 años y un día de presidio por el delito de homicidio frustrado a Carabineros en actos de servicio y a 541 días de presidio por porte ilegal de arma de fuego.

Los reos abogaron por la devolución total del territorio del pueblo Mapuche, la desmilitarización inmediata de las tierras de esa comunidad y la no utilización por parte de la justicia de testigos protegidos ni montajes político-judiciales. “Estamos pálidos, demacrados, pero con la fuerza intacta; sabemos que estos síntomas son incómodos y soportable por lo que está en juego. Seguiremos paso a paso con esta huelga porque creemos que bien vale la pena el territorio y libertad para cada mapuche y todo pueblo”, expresaron.

Cuatro días después, la Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas denunció nuevas amenazas del gobierno chileno al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, documento que defiende derechos de los pueblos originarios. En un comunicado, la alianza criticó la forma en que las autoridades dan curso al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual consideran excluyente para los pueblos indígenas, ya que la voluntad y el mandato de los directivos a cargo ha sido mutilar las consultas realizadas.

“Hoy, en la más completa oscuridad, se ha aprobado el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (…) nadie conoce, salvo algunos personeros del gobierno actual, su contenido exacto”, precisó el texto, y advirtió que el reglamento que regirá la evaluación del impacto ambiental de proyectos de diferente tipo, fue modificado por el Consejo de Ministros y ahora está en manos de la Presidencia, donde puede sufrir nuevos cambios y luego va a Contraloría, instancia que puede aprobarlo, rechazarlo o aprobarlo con modificaciones.

La organización señaló que asesores gubernamentales les han señalado que no consultarían proyectos emplazados en tierras ancestrales, pues ellas no están reconocidas por el Estado. “Es decir, que los pueblos debemos tolerar que los megaproyectos ubicados en tierras usurpadas y no tituladas, no sean consultados, lo que viola los artículos 13 y siguientes del Convenio”, denunció la Alianza, que dice seguir sin saber la real voluntad del Gobierno, acorralado por el poder transnacional, el gran capital, y las megaempresas.

El gobierno chileno ha dicho que el proceso de discusión del reglamento de evaluación de impacto ambiental ha sido complejo y transparente hacia la comunidad. Según la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez, sacar adelante ese documento ha sido un gran ejercicio de coordinación entre los organismos del Estado, ONGs y gremios, a través de un proceso de consulta pública realizado entre junio y octubre de 2011.

EMPEORA EL ESTADO DE SALUD DE LOS CUATRO HUELGUISTAS

Al cumplir un mes en ayuno, los cuatro presos mapuches perdieron hasta 10 kilogramos de peso. Según un reporte de Radio Cooperativa, el dirigente comunitario Daniel Melinao se mostró preocupado con el estado de salud de los reos, y alertó que no ha habido ningún acercamiento de las autoridades.

El dirigente informó que se interpuso un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, para evidenciar que en el juicio “hubo una condena racista, discriminatoria, y al mismo tiempo no se respetó el debido proceso”. De acuerdo con Melinao, a los presos se les agudizaron los síntomas de mareos, cansancio, y en general deterioro físico, pero se mantienen negados no solo a ingerir alimentos, sino también a acudir a un hospital.

El 29 de septiembre, observadores de derechos humanos en Chile corroboraron el delicado estado de salud de cuatro presos mapuches en huelga en la cárcel de Angol, quienes en los 33 días de inanición perdieron un promedio de 11 kilogramos de peso y se ven afectados y, en general, agotados. “Son niños, muy jóvenes, están muy delgados”, comentó Manuel Andrade, integrante de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT).

El representante de la Corporación de Promoción de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) Félix Madariaga también pudo entrar a la cárcel de Angol e informó que los presos “han perdido masa muscular, tienen mareos y les duele mucho el estómago. La impresión es que se están muriendo y nadie hace nada”. Los observadores conversaron durante cuatro horas con los mapuches en huelga de hambre, pertenecientes a la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla.

“Ellos dicen que sus juicios están viciados y que son condenados por llevar adelante una lucha ancestral por la recuperación de tierras”, expresó Madariaga. También solicitan la presencia de alguna autoridad de Gobierno, el fin de la Ley Antiterrorista y de la militarización de los territorios mapuche por las autoridades.

NOTAS:

1. Se refirió además a un allanamiento con más de 200 carabineros en la comunidad mapuche Cacique José Guiñón, en la Araucanía, ocasión en la que se lanzaron bombas lacrimógenas. Tal irrupción, precisó Pérez Esquivel, ocasionó que Teresa Millaqueo, integrante de la comunidad y con ocho meses de embarazo, tuviera que ser hospitalizada con un cuadro clínico de grave intoxicación. Asimismo, el comunero mapuche José Mariman, al asomarse a la puerta de su vivienda, recibió dos disparos que le dejaron heridas de bala en el estómago y en el brazo. Los que conocemos de la lucha por el reconocimiento territorial de los pueblos originarios sabemos que ellos no utilizan la violencia para defender sus legítimos derechos, enfatizó Pérez Esquivel.

2. Según la Alianza Territorial Mapuche, en el curso de un violento allanamiento policial el adolescente L.N., de 16 años, recibió al menos 10 impactos de balines metálicos en la sien, espalda, mejilla y otras zonas de su cuerpo y fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Victoria. Desde el lugar de los hechos, Mijael Carbone, werken de la Alianza Territorial Mapuche, señaló que unos 200 carabineros fuertemente armados irrumpieron en la mañana en la comunidad de Temucuicui, y efectuaron disparos hacia las casas de los comuneros con las consecuencias señaladas. La acción se registró en las cercanías de la escuela del lugar y en pleno horario de clases.

Por Tania Peña

Corresponsal de Prensa Latina en Chile.

Publicado en www.bolpress.com

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