La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por la ANEF de Antofagasta en representación de ocho funcionarias de Gendarmería que fueron grabadas con una cámara oculta en el sector de las duchas del Centro Penitenciario Femenino de esa ciudad. La acción legal fue interpuesta en contra de la Dirección Regional antofagastina de la institución.
Los antecedentes indican que el 8 de junio pasado, mientras las funcionarias se encontraban realizando aseo en la pieza N°2, encontraron una cámara oculta en el sector del baño en una rejilla de respiración del lugar. Además de dicho aparato tecnológico, fueron halladas otras cuatro cámaras ocultas en la muralla del interior de la bodega de mantención, apuntando hacia el basural, y otra dirigida a la bodega.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció que este actuar -al que calificó como «irracional»- amenaza la vida privada y el derecho a la honra de las funcionarias afectadas, revocando la sentencia que el 9 de julio pasado había dictado la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de la denuncia de las gendarmes. Junto con ello, se ordenó a la institución penal el retiro y desactivación del dispositivo.
La Corte señala respecto de Gendarmería que a partir de lo ocurrido no se alcanzan «los estándares suficientes de seriedad que le son exigibles precisamente en su condición de institución jerarquizada, disciplinada y obediente».
La Corte Suprema dispuso además la entrega de las imágenes en cuestión al Ministerio Público «para los fines a que hubiere lugar».