Comieron, robaron y torturaron a menores de edad: Condenan a 5 funcionarios (r) de la Armada

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, condenó a cinco funcionarios en retiro de la Armada por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y torturas en contra de José Miguel e Isabel Sánchez Larraín, quienes eran menores de edad en agosto de 1974 cuando fueron víctimas de estos delitos en el sector de Belloto en la comuna de Quilpué.

En el fallo el ministro Arancibia condenó a Pedro Frioli Otonel, Manuel Buch López, Arístides León Calffas y Guillermo Retamales Ruiz a 541 días de presidio como autores de los mencionados ilícitos; en tanto, Germán Valdivia Keller fue sentenciado a 60 días en su calidad de cómplice.

Cabe destacar que a los tres primeros se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, mientras que solo Retamales y Valdivia deberán cumplirla efectivamente.

Por otra parte, el ministro decretó la absolución de Juan Vásquez Huidobro, Jorge Ginouves Contreras, Miguel Gallegos Sote y Jaime Urdangarín Romero.

En la etapa de investigación, el magistrado estableció que la casa de las víctimas fue allanada por un gran número de funcionarios de la Armada provenientes de la Base Aeronaval de El Belloto, quienes buscaban a su hermana mayor, a quien se le atribuía pertenecer a las Juventudes Comunistas. En ese momento ella estaba a cargo de sus dos hermanos, debido a que la madre se encontraba trabajando.

La mujer fue llevada por los uniformados a la Base Aeronaval de El Belloto, mientras que sus hermanos permanecieron en el hogar junto a los uniformados. Durante su detención -sostiene el fallo- las víctimas «fueron golpeadas con el arma que portaban los uniformados, mientras éstos revisaban y registraban las habitaciones buscando armas».

Es importante consignar que se estableció igualmente que la patrulla naval estuvo apostada al interior del domicilio hasta el día siguiente, «después de haber dormido y consumido todo el alimento que había en la casa, manteniendo con ello secuestradas a las víctimas al interior de su propio hogar». Junto con ello se señala que el grupo de funcionarios de la Armada «produjo diversos destrozos a la vivienda, además de sustraer las especies de valor que en ésta se encontraban».

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de $35.000.000 a cada una de las víctimas por el daño moral provocado.