Era aparentemente un miércoles normal de trabajo. Después de las festividades trabajadores y trabajadoras del centro de distribución de Unilever en Lampa comenzaban la jornada laboral. Paralelamente, el directorio del Sindicato se reunía para planificar sus actividades en su sede de Quinta Normal.
A eso de las 10:30, Claudio Urrutia, presidente del Sindicato 1 de Unilever, recibe una llamada del Director de Recursos Humanos de la firma, quien le informa que debe dirigirse solo a su oficina para entregarle una información importante. La noticia: en ese mismo instante se estaban desvinculando más de 180 trabajadores debido a que, bajo “necesidades de la empresa”, el servicio de operaciones y administración sería externalizado desde el día 2 de enero, todo esto previo a elecciones y negociación de servicios mínimos con el Sindicato N°1.
Joel Garay, director del Sindicato 1, explica que “es muy delicada la situación en la que nos encontramos hoy, porque existe mala fe en el accionar de la empresa. Todo esto previo a la negociación colectiva, nos deja en una clara desventaja y con una sensación amarga y dolorosa por nuestros compañeros de trabajo”.
La empresa, por su parte, se limitó a entregar un comunicado donde expresa que “para nuestra compañía, siempre es una situación difícil iniciar un proceso de reestructuración, pero lamentablemente, el contexto en el que nos encontramos hace que esta medida sea necesaria para mantener la sostenibilidad del negocio en Chile, a largo plazo”.
Frente a ese escenario Leopoldo Sarmiento, secretario del Sindicato 1, declaró que “los argumentos que entrega la empresa no se condicen con el desarrollo y la presencia en el mercado que tiene Unilever. Las utilidades que se generan son enormes. El progreso y el desarrollo económico, no puede ir en desmedro de sus trabajadores y trabajadoras, a quienes le deben su éxito en Chile”.
La medida, que afectó a más de 180 familias, vulnera el acuerdo firmado en noviembre del 2005, en el protocolo de acuerdo ante la OCDE, tras el despido masivo y cierre de la planta de perfumería. La empresa estaba comprometida a avisar con 6 meses de anticipación al Sindicato 1, cualquier cambio drástico en la compañía con el fin de minimizar los daños colaterales hacia sus trabajadores y trabajadoras.
Por otra parte, las personas despedidas del centro de distribución denunciaron que tras ser informados, se les pidió que abandonaran la faena y retiraran sus pertenencias en bolsas plásticas que la empresa les facilitó, siendo vigilados por personal de seguridad y contando con presencia de Carabineros al costado del acceso principal, todo esto en medio de la jornada laboral y sin previo aviso.
“Unilever, está pasando a llevar todas las instancias legales y democráticas nacionales, además de los acuerdos internacionales, con una potente intención de práctica antisindical, por lo que esta institución representativa hará todo lo que esté al alcance para revertir el impacto social que genera este tipo de decisiones arbitrarias y poco empáticas, por parte de la multinacional”, concluyó Claudio Urrutia.