El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó cuál es su plan para combatir la inseguridad: decretos para permitir que todos los brasileños sin antecedentes criminales puedan ser dueños de armas de fuego, así como dar impunidad a polícias para asesinar presuntos delincuentes y endurecer las penas en el Código Penal.
“Por decreto, planeamos asegurar la posesión de armas de fuego al ciudadano sin antecedentes penales”, dijo el actual Mandatario quien, durante su campaña, prometió cambiar la actual legislación del país, que pone varios obstáculos burocráticos y legales a las personas que buscan comprar armas de fuego.
Aunque no entregó detalles adicionales ni aclaró qué mecanismos tendría a su disposición para promulgar tales decretos, ni qué medidas específicas incluiría, lo que sí es cierto es que dentro de la bancada de su partido político en el Congreso se estudia cómo contribuir a hacer viable este decreto presidencial.
Entre los obstáculos que encuentra está que la legislación brasileña impone, entre otras restricciones para que los brasileños adquieran armas legalmente, el tener al menos 25 años, ausencia de antecedentes criminales y justificar la necesidad de tener el arma.
Mientras el Congreso de Brasil ya discute formas para flexibilizar las leyes de posesión de armas, los fabricantes de armamento del país, como la empresa Taurus Armas SA, han visto su acciones trepar un 88 % hasta la fecha.
Actualmente, los civiles solo pueden adquirir armas de pequeño calibre y deben pasar por un proceso de verificación. Asimismo, el decreto de Bolsonaro permitirá a los ciudadanos portar armas de fuego en público.
Bolsonaro asegura que las armas son necesarias, debido a que “garantizan» el derecho a la legítima defensa, pero sus detractores se muestran preocupados por una medida de esta naturaleza.
La preocupación es que pudiese aumentar la violencia armada en este país, que registró 64.000 casos de homicidios en 2017, de los cuales, más del 70 % se cometieron con armas de fuego.
«Nuestra orientación es que la efectiva necesidad está comprobada por el estado de violencia en que vive el país. Estamos en guerra, todo el mundo dice eso, ustedes mismos en la prensa dicen eso», afirmó Bolsonaro en una entrevista con TV Record.
Aunque esta medida está orientada a combatir la inseguridad, para el Mandatario, la liberación de las restricciones a los civiles para adquirir armas no bastaría para poder controlar la violencia, el vandalismo y el narcotráfico. Por esa razón, tuiteó este viernes sobre la necesidad de cubrir de impunidad a los agentes policiales en sus funciones.
“Sin garantías necesarias para que los agentes de seguridad pública actúen en favor del ciudadano de bien, la reducción de los delitos no ocurrirá a la velocidad a la que los brasileños exigen. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial tienen que asumir este compromiso urgentemente”, dijo Bolsonaro.
El Mandatario ordenó desplegar 300 agentes de la policía militarizada en el estado de Ceara (noreste) y solicita a los diputados y los jueces que respalden la ley con la que pretende dar impunidad a los policías para matar a delincuentes en acto de servicio.
En todo caso, el programa de seguridad del ultraderechista está cimentado en tres ideas básicas: impunidad policial, armar a la población y endurecer las penas para incrementar el número de presos.
Derechos humanos
En respuesta a la elección de Jair Bolsonaro, Amnistía Internacional (AI) le dirigió un mensaje en octubre pasado solicitando respeto a los derechos humanos.
“Bolsonaro hizo campaña con una agenda abiertamente contraria a los derechos humanos y con frecuencia ha realizado declaraciones discriminatorias sobre distintos grupos de la sociedad. Su elección como presidente de Brasil podría entrañar un riesgo enorme para pueblos indígenas y quilombolas, comunidades rurales tradicionales, comunidad LGBTI, juventud negra, mujeres, activistas y organizaciones de la sociedad civil si su retórica se convierte en política pública”, advirtió Erika Guevara Rosas, directora de AI para la Américas.
Tal y como lo advitió AI, Bolsonaro busca suavizar las leyes sobre el control de armas y conceder a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley autorización previa para matar, lo que empeorará el ya difícil contexto de violencia letal de Brasil, donde la policía perpetra aproximadamente 5.000 homicidios anuales, muchos de los cuales son en realidad ejecuciones extrajudiciales.
AI asume «el reto de proteger los derechos humanos de todas las personas en Brasil y se pone del lado de los movimientos sociales, ONG, activistas y demás personas que defienden los derechos humanos, para garantizar que el futuro de Brasil venga con más derechos y menos represión”, añadió Guevara.
Brasil tiene una de las tasas de homicidios de activistas y personas defensoras de los derechos humanos más altas del mundo, ya que decenas de personas mueren todos los años por defender derechos que deberían estar garantizados por el Estado.
En este grave contexto, las declaraciones del Presidente sobre poner fin al activismo y tomar medidas drásticas contra los movimientos sociales organizados representan un riesgo muy probable para el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, garantizado por la legislación nacional y el derecho internacional.
https://www.elciudadano.cl/pueblos/el-odio-de-bolsonaro-podria-iniciar-un-genocidio-indigena-en-brasil/11/05/
https://www.elciudadano.cl/politica/el-odio-que-siembra-bolsonaro-en-sus-fanaticos-desata-una-ola-de-violencia/10/11/
https://www.elciudadano.cl/brasil/amnistia-internacional-pide-a-bolsonaro-mas-derechos-y-menos-represion/10/29/
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