Ante lo que considera el fracaso de los esquemas de protección personal, el Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, exigió al gobierno de Iván Duque que convoque con carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para detener los crímenes contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos, hecho que calificó como un «baño de sangre» y un “exterminio”.

“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los 11 compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto, sigan sin cumplirse”, sentenció el Procurador.

Procuraduría (@PGN_COL ) urge sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para adoptar medidas de protección de líderes sociales https://t.co/TpxQ1J7kSW pic.twitter.com/s26yZDLk0A

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 8, 2019

Siete líderes asesinados en enero

Suman siete los dirigentes asesinados en Colombia en lo que va de 2019, los homicidios ocurrieron en las regiones del Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caquetá y Norte de Santander.

En este sentido, Carrillo Flórez advirtió el “fracaso de los esquemas de protección personal» implementados desde el Estado, además, insistió en «un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones”.

En su opinión es necesario “comenzar a derivar responsabilidades en relación al exterminio de líderes sociales que es una verdadera tragedia humanitaria en Colombia«, indicó el Procurador, instando a acciones territoriales que permitan ver resultados.

El exterminio de líderes sociales es una verdadera tragedia humanitaria que requiere acciones inmediatas, por eso convocaremos la #MesaPorLaVida. Es URGENTE que en materia de acciones territoriales se vean los resultados pic.twitter.com/LB8STSYCDw

— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) January 9, 2019

Defensoría del Pueblo alerta

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret señaló que “lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado.  Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.: eso es lo que ha sucedido”, afirmó.

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Anunció, que el organismo convocará para el próximo 21 de febrero en Bogotá, una Audiencia Defensorial en la que se hará la actualización de los escenarios de riesgo que enfrentan estos activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.

Con ello la instancia busca impulsar, de manera determinante, la protección de los derechos de quienes representan a las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Balance alarmante

El último informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Colombia, refiere que en el año 2018 se produjeron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de estos crímenes 86 se registraron a partir de la juramentación del presidente Iván Duque.

Entre las víctimas se cuentan además de los activistas por los derechos humanos, comuneros, campesinos, indígenas y exguerrilleros desmovilizados, quienes fueron víctimas de grupos violentos ilegales que operan en diferentes zonas del país, donde no existe la presencia del Gobierno colombiano para enfrentar la situación.

La labor en terreno de la Defensoría del Pueblo estableció igualmente que de los crímenes, 158 eran hombres y 14 mujeres.

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En el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, también determinó que los homicidios ocurrieron en 27 departamentos, Cauca (35); Antioquia (24); Norte de Santander (18); Valle del Cauca (14); Caquetá (11); Putumayo (11); Meta (10); Nariño (7); Chocó (6); Arauca (5) y Córdoba (5).

Asimismo, al consolidar los casos del año 2018, el organismo estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.

Instancia del Acuerdo de Paz

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es una instancia creada durante la gestión del expresidente Juan Manuel Santos, forma parte de los puntos suscritos dentro del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora partido político.

Es un espacio que se plantea para la articulación estatal con representantes de organizaciones de la sociedad civil, encargados de trazar políticas públicas con el propósito de lograr avanzar en el desmantelamiento de los grupos criminales que atentan contra la vida de líderes sociales en el territorio colombiano.

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