CNDH llama a proteger a indígenas desplazados por violencia en Chiapas

Las mas de cinco mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas,México desplazadas de sus comunidades por actos de violencia, ante la mirada indolentes e ineficientes  de autoridades municipales, estatales y  federales hicieran algo para impedir la violación de los derechos de estos ciudadanos.

Ante  este escenario  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 87/2018 considerando que las autoridades vulneraron los derechos a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la asistencia humanitaria.

También recomienda medidas de ayuda inmediata, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración de justicia y así como a los derechos económicos, sociales y culturales  para las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, señaló el portal ElFinanciero.com.

Dicha recomendación está dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas; al fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca; al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero; al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón; al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino López; a los alcaldes de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, y de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez.

De acuerdo con el organismo, en este caso no se  garantizó la ayuda inmediata, servicios de salud, seguridad pública, ni realizaron labores de prevención de delitos y conductas antisociales, como tampoco fueron auxiliadas ante la violencia, ni se implementaron acciones para salvaguardar los derechos humanos de los indígenas desplazados.

El organismo que preside Luis Raúl González Pérez, refiere que el 18 de octubre de 2017 en que varias personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona, por lo que aproximadamente cinco mil 266 habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Chenmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón todas pertenecientes a Chalchihuitán y Majompepentic, del municipio de Chenalhó, dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas del mismo municipio.

Por lo anterior, la CNDH pidió que se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida durante el  desplazamiento, y se les brinde atención médica y psicológica; y a quienes sufrieron daños en sus viviendas, perdieron sus cosechas y animales de granja, y a todas aquellas que lo requieran se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

Origen del conflicto

La historia comenzó el 18 de octubre de 2017, cuando un grupo de habitantes de Chenalhó saco a balazos a cientos de familias de Chalchihuitán, incendiaron algunas casas, saquearon muchas más y tomaron todas sus tierras. Un líder de los comuneros de Chalhichuitán murió en el enfrentamiento.

Después de meses de negociación y por presiones de los gobiernos municipal y estatal, regresaron alrededor de 4 mil personas a lo que quedaba de sus tierras o sus casas, pero con miedo.

“El presidente municipal nos obligó a regresar a nuestra comunidad, nos dijo que si nos quedábamos en el campamento íbamos a estar en peligro, y Protección Civil también, nos dijeron que el problema se iba a calmar, pero no fue cierto. Nos regresamos, pero sigue nuestro sufrimiento, es lo mismo, el problema no ha pasado. Estamos peor porque perdimos nuestros cultivos, nuestros animales domésticos, nos robaron nuestros alimentos, nuestros pollos, los pavos, los puercos; a algunos nos robaron las láminas de las casas, las cosechas de café, acabaron con las matas y con las milpas, se perdió todo”, relató Librado Díaz, uno de los desplazados que regresó a petición del gobierno.

“Estamos muy cambiados, antes estábamos contentos, tranquilos, aunque sufriendo para conseguir alimento y hoy estamos inquietos, pensando en que van a volver a cortar la carretera, en que haya disparos, estamos muy preocupados, nos sentimos en peligro”, recordó.

Los que se quedaron, decidieron seguir en las montañas porque estaban amenazados o porque no había una casa a la cual regresar.

“En los campamentos la vida es difícil porque hay pobreza, enfermedades, dos compañeros se suicidaron con matazacate (un herbicida) porque ven que no hay solución a esto. Al principio no podíamos ni salir para comprar medicamentos porque nos bloquearon la carretera, se escaseó la comida porque no teníamos cómo ir a comprarla. Al municipio no le dolió eso, pero los que sufrimos somos nosotros. Nadie nos atiende”.

“Todos vienen y preguntan, prometen y prometen, pero seguimos en la misma”, reclamó, Gloria Álvarez otra de las víctimas.

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