La Comisión de Verdad y Reconciliación publicó el Informe Rettig el 8 de febrero de 1991, solicitando al Estado de Chile, entre otras medidas, realizar gestos de reparación simbólica con el objeto de reivindicar a las víctimas, recordar lo sucedido durante la dictadura y evitar que estos hechos volvieran a repetirse.
Asimismo, la Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, en noviembre del año 2004, recomendó declarar “los principales sitios de tortura como monumentos nacionales y la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política”.
Desde el primer informe han pasado casi 30 años y la deuda del Estado en esta materia aún está pendiente. El Informe Anual de Derechos Humanos 2018, elaborado por el INDH, en su capítulo sobre “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”, detalla una serie de dificultades de diversas organizaciones en la recuperación de inmuebles, utilizados en la comisión de violaciones a los derechos humanos entre los años 1973 y 1990, que todavía permanecen en manos de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El estudio de carácter exploratorio analizó, entre otras materias, la respuesta del Estado respecto a las políticas públicas sobre Sitios de Memoria a través de una encuesta digital realizada a 21 organizaciones, entrevistas a directivos de instituciones que trabajan en temas de memoria y el cruce de información disponible de diversas entidades públicas como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Bienes Nacionales.
Los integrantes de diversos sitios de memoria -lugares que recuerdan hechos vinculados a violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, cuyo presente interpela a la sociedad sobre hechos ocurridos en el pasado-, coinciden en que uno de los aspectos más complejos que han debido enfrentar tiene que ver con la destrucción de los espacios físicos, las dificultades para recuperar los inmuebles y la restricción de acceso que imponen las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden Público.
Miguel Lawner, arquitecto y ex preso político, manifestó en un seminario internacional el año 2017 su inquietud respecto a que la demolición de inmuebles del Ejército no sólo afecta su eventual transferencia, sino también su utilización “como medio de prueba para conocer la verdad”.
La falta de recursos humanos y financieros, coinciden los especialistas entrevistados, ha derivado en una actuación reactiva por parte del Estado y sus órganos técnicos, que se han limitado a tramitar las solicitudes presentadas por organizaciones de derechos humanos ante el Consejo de Monumentos Nacionales impidiendo que muchos sitios no recibieran una protección oportuna.
José Piga, experto en conservación y restauración de monumentos, asegura en el informe que algunos casos terminaron en la destrucción de los inmuebles por parte de sus nuevos propietarios con evidentes “intereses políticos”, como sucedió con la Casa Memoria José Domingo Cañas (ex cuartel Ollagüe de la DINA), ubicada en la comuna de Ñuñoa.
En la actualidad se ha logrado recuperar el 46% de los inmuebles protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales para sitios de memoria y se ha entregado protección legal a 40 centros de detención y tortura utilizados durante la dictadura, gracias al arduo trabajo de diversas agrupaciones de derechos humanos durante los últimos 22 años.
Los registros más altos de visitas mensuales a sitios de memoria durante el año 2017 lo encabezaron Londres 38 con 2.380 visitantes y Villa Grimaldi con 2.042, relevando la importancia que tienen estos recintos en materia de educación y cultura en derechos humanos.
El promedio de visitas a nivel nacional en estos espacios de memoria es de 406 visitantes al mes, mientras aquellos que siguen en manos de las Fuerzas Armadas, y que cuentan con protocolos de acceso durante algunos días, registran apenas 21 visitas en el mismo periodo.
La escasa colaboración de las Fuerzas Armadas, desafiando la jurisprudencia internacional y los marcos que rigen las políticas en materia de verdad, justicia y reparación, es otra de las barreras detectadas en el Informe. También la falta de voluntad política de los gobiernos, asegura Romina Ampuero, integrante de la Red de Sitios de Memoria, “para enfrentar decididamente a quienes buscan que los hechos ocurridos queden en el olvido”.
El diagnóstico realizado en el Informe elaborado por el INDH no sólo concluye con el escaso esfuerzo del Estado en responder a las demandas de las organizaciones respecto a los sitios de memoria, sino también la inexistencia de una política pública de protección para estos recintos y de un órgano competente para coordinar y planificar “las acciones necesarias para ejecutar las propuestas de patrimonialización de inmuebles emanadas de la comisión Rettig y Valech”.
La escasez de recursos del Ministerio de Bienes Nacionales para adquirir propiedades es otro factor que ha impedido la recuperación de centros de detención y tortura utilizados en dictadura, encontrándose hoy en manos de personas y entidades de derecho privado.
Así, en virtud de los compromisos y obligaciones adquiridos por el Estado de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recomienda al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que soliciten la entrega de los inmuebles fiscales utilizados en la comisión de delitos en contra de los derechos humanos en la dictadura, a las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Seguridad.
El objetivo es que estos recintos puedan ser habilitados como sitios de memoria para el desarrollo de actividades pedagógicas que contribuyan a la no repetición de hechos de esta naturaleza.
Se recomienda, además, que los organismos cumplan con las acciones comprometidas con el Plan Nacional de Derechos Humanos, respecto a la colocación de placas y la creación de protocolos de acceso a los sitios de memoria que se encuentren bajo su jurisdicción.
Descarga aquí el Informe Situación de los Derechos Humanos e Chile 2018
Fuente: INDH
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