Tres escenarios políticos son planteados en Venezuela como posibles vías para el desenlace de la actual coyuntura. Pero todos ellos dependen del despliegue de violencia en las manifestaciones convocadas por la oposición, pues de otra manera no existiría legitimidad en la usurpación.
Es por eso que los detractores al gobierno promueven acciones violentas de calle, conocidas «guarimbas» como las que se vivieron en Venezuela entre los años 2014 y 2017, y que originaron el asesinato de más de 160 personas (algunas de ellas quemadas vivas por ser «chavistas»), miles de heridos y discapacitados, así como también millonarias pérdidas materiales y daños al patrimonio.
Ríos de sangre
El escenario preferido de Washington parece ser la vía armada, pues les garantiza la salida inmediata de Nicolás Maduro para la instalación de un gobierno títere favorable a sus intereses.
Ese escenario puede darse a través de un golpe de Estado, en el que participen militares cómplices de la derecha, que podrían ser apoyados apoyados por efectivos colombianos y/o brasileños, que darían paso a un periodo de «pacificación» o «limpieza», donde un ejército internacional (OTAN, Cascos Azules) acabaría con el saldo de la insurgencia bolivariana para dar paso a un gobierno de facto,. seguido por elecciones arregladas, en las que ¿por qué no? podría resultar ganador Guaidó.
Este desenlace es promovido -entre otros- por la Organización de Estados Americanos (OEA), principalmente por su secretario general, Luis Almagro, quien durante 2018 llegó a proclamar que para Venezuela era necesario ejecutar una invasión militar armada con el apoyo de Colombia, EEUU y otros países de la región, para así acabar «con la dictadura» de Nicolás Maduro.
De hecho, la OEA, EEUU y los países del Grupo de Lima, con apoyo de la prensa corporativa internacional, difunden propaganda y noticias falsas sobre el gobierno venezolano, desconociendo su legitimidad, mientras promueven el reconocimiento de Juan Guaidó, un extremista de derecha consagrado, como «Presidente provisional y legítimo de Venezuela».
El diálogo de la UE, la otra «transición pacífica» de la derecha para Venezuela
En paralelo, mientras se desarrolla la trama violenta -dentro y fuera del país-, la Unión Europea (UE) y una derecha considerada moderada, proponen la vía diplomática, a través de un diálogo que permita transicionar hacia un cambio de «régimen» de manera pacífica.
Este escenario considera la salida de Maduro como parte integral de los diálogos. Es decir que sería una «diálogo» donde el gobierno negociaría su salida del poder con el fin de mejorar sus condiciones de retiro, cuestión que está lejos de ser siquiera considerada por el gobierno (Poder Ejecutivo) ni los otros poderes que conforman el Estado venezolano: el Poder Electoral, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Legislativo que se encuentra en manos de la máxima instancia plenipotenciaria del país, la Asamblea Nacional Constituyente.
Sin embargo, el Ejecutivo venezolano está a favor de construir puentes de diálogo con la oposición política, con el objetivo de trabajar juntos para recuperar la estabilidad de la economía, pero sin cuestionar el orden constitucional vigente (o sea sin transición ni salida del gobierno) -como el que ocurrió en República Dominicana entre 2017 y 2018 que terminó siendo abandonado por la oposición de manera imprevista. Ésto ha sido manifestado en numerosas ocasiones por Nicolás Maduro.
De hecho, durante el fin de semana del 19 y 20 de enero de 2019, varios embajadores europeos que integran la mancomunidad de la UE, sostuvieron una reunión con el Presidente Nicolás Maduro donde le expusieron la creación de un grupo internacional de contacto que busca «una salida negociada a la crisis política en Venezuela».
Según informó el lunes -21 de enero- el canciller español, Josep Borrell, «Maduro no se manifestó en contra» de la creación de este grupo que está ideado por el mismo grupo de países de la UE que mantienen la imposición de sanciones económicas contra Venezuela.
Al respecto, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo que «el trabajo sobre el grupo de contacto continúa y esperamos establecerlo en las próximas semanas», aunque argumentan que aún tras haberse reunido con el jefe de Estado venezolano, no reconocen los comicios en el que fue electo como Presidente.
Todo este escenario se genera porque los países europeos se resisten a romper del todo las relaciones con Venezuela. Al respecto, el canciller portugués, Augusto Santos Silva, destacó la importancia de un «relanzamiento del proceso político de diálogo», pues considera que sin una solución política, «la grave crisis económica y social que Venezuela vive no puede superarse».
Este «grupo internacional de contacto» que promueve la UE estaría formado por países europeos y de fuera del bloque, entre ellos podrían estar España, Portugal, Italia y Francia, según fuentes diplomáticas europeas que cita AFP.
Por Latinoamérica podrían participar México, Uruguay y Ecuador. Mientras que Rusia, El Vaticano y EEUU están dispuestos a seguir el trabajo del grupo de cerca, pero sin participar, dice AFP.
«Queda todavía por atar la participación definitiva de unos y de otros», precisó Borrell, para quien el lanzamiento del grupo internacional de contacto podría producirse durante la próxima reunión ordinaria de cancilleres, el 18 de febrero en Bruselas.
Venezuela y el escenario constitucional
Los dos escenarios de desenlace expuestos para la coyuntura que vive el país no son aceptados por el gobierno de Nicolás Maduro ni por la constitucionalidad del Estado venezolano. Es decir, que el Presidente Maduro deje de ejercer su mandato hasta el 2025 no es una opción. Eso sólo podría suceder de una manera violenta o sobrevenida.
Con tal horizonte, otro grupo de países que respetan la soberanía, independencia y autodeterminación de Venezuela han expresado todo su apoyo al gobierno constitucional de Maduro y a toda la estructura del Estado venezolano. Entre ellos Irán, India, Rusia, China, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Uruguay, México, los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), los del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), entre otras naciones.
Y es que mientras la OEA decide no reconocer al gobierno legítimo de Venezuela, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) -creada el 8 de abril de 1996- instancia que se ha convertido en una de las más poderosas e influyentes del planeta, por su peso económico, geopolítico y militar.
Este bloque nació por iniciativa de la República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán -conocido como los Cinco de Shanghái cuando surgieron-. Sin embargo, la OCS ha ido expandiendo su presencia en la escena global, anexando socios claves hasta transformarse en un actor de peso en la escena internacional, moviendo el epicentro geopolítico hacia el nudo euroasiático.
La integración entre Rusia y China -principales socios estratégicos de Venezuela- viene a fortalecer a este bloque que también cuenta con India, Irán, Pakistán y otras naciones euroasiáticas.
La fuerza que la OCS viene acumulando desde su creación a restado poder a Estados Unidos (EEUU) y sus aliados en el Grupo de los 7 (G7) y la Organización del Atlántico Norte (OTAN), que han han visto como su influencia sobre otras naciones ha mermado.
Tanto es así que cuatro de las naciones que componen la OCS cuentan con armamento nuclear: Rusia, China, India y Pakistán. Con esto ponen equilibrio en el escenario global y disminuyen el peso del bloque occidental alineado a las pretensiones e intereses de Washington.
La OCS cuenta además con al menos tres de las economías más estables del planeta: China -primera del mundo y se consolidará en 2020 en ese puesto-, India -se convertirá en la segunda en 2030 y desplazará a EEUU al tercer puesto- y Rusia, la octava del mundo para 2030.
Todas estas economías se han levantado de manera soberana, con el control de su política interna y la administración de sus recursos y finanzas. Aunque durante los últimos años EEUU ha intensificado el asedio y saboteo de estas economías a través de la imposición de decretos autoritarios e impuestos, aplicados a través de una guerra comercial que incluso ha puesto en riesgo el propio capital de la Casa Blanca.
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