Reforma al Código de Aguas: Organizaciones sociales y parlamentarios exigen derogación de propiedad privada del recurso

A raíz de la polémica generada por los dichos del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, respecto a la indicación sustitutiva que enviará el Gobierno para abordar la actual reforma al Código de Aguas, que se tramita actualmente en la comisión de Recursos Hídricos del Senado, este jueves la Mesa de Trabajo por el Agua de la Región de Valparaíso emitió una declaración pública en la que se acusa al Ejecutivo de estar privilegiando los intereses particulares por sobre los públicos respecto del recurso hídrico, poniendo especial énfasis en la continuidad de la propiedad privada del agua en Chile.

La Mesa de Trabajo por el Agua la componen el senador Juan Ignacio Latorre y el diputado Diego Ibañez, ambos del Frente Amplio; el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA); la Fundación Newenko; y las organizaciones Mujeres en Zonas de Sacrificio y Putaendo Resiste.

En su declaración cuestionan lo expuesto por el ministro Fontaine en cuanto a que la reforma al Código de Aguas considerará nuevos derechos de aprovechamiento del recurso que tendrán carácter de “indefinidos, no perpetuos”. A juicio de la Mesa, esto «evidencia el compromiso que tiene este Gobierno con el agua como un bien de consumo y objeto de lucro en manos de privados, atentando una vez más contra los derechos humanos de una población que por años ha estado vulnerable».

En ese sentido, califican lo expuesto por el secretario de Estado como «una falta de respeto y de consideración» con las más de 60 comunas que en la actualidad carecen de este vital recurso para la subsistencia de sus habitantes, lo que se traduce en una afectación no solamente al consumo humano, sino que también al riego básico de pequeños productores agropecuarios.

A partir de ello la Mesa afirma que «cualquier reforma al Código de Aguas será insuficiente mientras no se derogue el inciso final del artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política, que consagra la propiedad privada del agua». De no ser así, añaden, «Chile seguirá siendo el único país del mundo con las fuentes de agua privatizadas».

«Las declaraciones del ministro apuntan más bien a priorizar la entrega de certezas jurídicas para los intereses particulares de grandes inversiones económicas y especuladores, a costa de las múltiples problemáticas hídricas que de manera creciente sortean en precarias condiciones las comunidades en nuestro país», complementa la Mesa de Trabajo por el Agua.

Los parlamentarios y organizaciones sociales también se refieren al supuesto liderazgo que el Ejecutivo buscaría demostrar en la acción climática nacional e internacional al asumir la presidencia de la COP 25. Al respecto, apuntan que «resulta absolutamente contradictorio que el Gobierno garantice la disponibilidad de agua para el sector empresarial y no prime la visión del agua como un derecho humano básico para la población y para la preservación de los ecosistemas».

La Mesa plantea que es urgente que las preocupaciones de la administración del Presidente Sebastián Piñera apunten a una búsqueda real de soluciones para «distribuir el agua de manera equitativa y democrática, especialmente en aquellas zonas gravemente afectadas durante muchos años por la crisis hídrica». Una situación -advierten- «que está directamente relacionada con el acaparamiento y la concentración de las aguas en pocos actores, la sobreexplotación de las cuencas y los efectos del cambio climático como agravante de la sequía».

Los firmantes concluyen realizando un llamado al mandatario a reconsiderar la indicación sustitutiva enviada al Congreso, y a los parlamentarios que legislarán sobre las reformas al Código de Aguas a «no avalar ni profundizar la sistemática violación de los derechos humanos de acceso al agua y saneamiento».