La mañana de este lunes llegaron hasta la Contraloría General de la República distintas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Social Allendista, quienes en compañía de abogados presentaron una solicitud de investigación jurídica sobre los gastos y la legalidad que tendría la contratación de quien ha sido nombrada por el «Presidente Encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, como embajadora en Chile, Guarequena Gutiérrez Silva.
«Según entendemos, es una funcionaria a honorarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, lo cual hace absolutamente improcedente su reconocimiento como embajadora del gobierno que preside el señor Guaidó por autodesignación en Caracas», señaló el abogado Roberto Ávila.
Eduardo Artés
Junto con ello se solicitó a la Contraloría que se pida un informe al Presidente Sebastián Piñera y al canciller Roberto Ampuero respecto a un eventual financiamiento o asistencia material a grupos en Venezuela. Esto, explicó el jurista, «considerando que es un comportamiento, una actitud, que incita a una confrontación civil y armada en ese país, lo que está estrictamente prohibido en la legislación internacional a la que Chile ha suscrito».
Por su parte, el ex candidato a La Moneda y líder del partido Unión Patriótica, Eduardo Artés, añadió que el objetivo del requerimiento es que «quede claro cuál es el papel que está jugando el gobierno de Chile desde el punto de vista material y jurídico en este golpe de Estado y frente a este falso Presidente», en referencia a Juan Guaidó. «Lo que pasa en Venezuela dice relación íntima con lo que sucede en Chile, con nuestras aspiraciones de soberanía y libertad», apuntó en ese sentido.
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