Una condena de 12 años y 11 meses por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales se le sumó este miércoles 6 de febrero al expresidente de Brasil, Luiz Inácio «Lula» da Silva.
El líder de izquierda brasileña está preso desde abril de 2018 y ya pagaba una condena de 12 años y un mes, dictada en segunda instancia, por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El fallo a cargo de la jueza federal Gabriela Hardt, que sustituyó al frente de la investigación de la Operación Lava Jato al magistrado Sérgio Moro, actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, consideró que Lula recibió coimas en forma de reformas edilicias en una propiedad cedida temporalmente a su familia.
Según la Fiscalía, Lula recibió sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht a través de la reforma y decoración de una finca situada en Atibaia, Sao Paulo, al sureste de Brasil, frecuentada en su tiempo libre, aunque en realidad era propiedad de un amigo, Fernando Bittar.
Sentencia sin pruebas
Lula fue acusado por la Fiscalía de recibir un apartamento que habría sido pagado y reformado con valores provenientes de tres contratos específicos firmados entre Petrobras y la empresa constructora OAS.
Sin embargo, el juez que lo condenó, Sergio Moro, actual ministro de Justicia, reconoció en el proceso que no halló ningún valor de contratos de Petrobras que hubiera sido destinado a Lula.
«Además, presentamos la prueba de que Lula jamás tuvo la posesión o la propiedad del apartamento objeto de la denuncia, lo que también fue reconocido por la justicia», dijeron los abogados defensores cuando se dictó la primera sentencia contra Lula.
Lula perseguido
Lula da Silva es una persona de origen humilde, trabajó como obrero metalúrgico, luego como sindicalista lideró una de las mayores huelgas contra la dictadura militar.
Durante sus dos períodos ejercidos como presidente de Brasil, la nación experimentó un crecimiento económico sin precedentes.
El Producto Interno Bruto por persona triplicó su valor, según el Banco Mundial, y alrededor de 30 millones de personas salieron de la pobreza gracias a las políticas sociales implementadas por su Gobierno.
El político de 73 años dejó el cargo con una aprobación de 80 %, según encuestas. En 2018 se preparaba como candidato para optar de nuevo a la dirección del país sudamericano, pero la persecución judicial le truncó sus planes.
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