Caso Hagan: Confirman que director de la PDI infringió Ley de Transparencia al negar sumario

El 6 de septiembre de 2014 apareció muerta al interior del Colegio Bautista de Temuco la profesora norteamericana de inglés, Erica Hagan. La PDI atribuyó el asesinato a Domingo Cofré, nochero del establecimiento, quien luego de un extenso juicio oral fue declarado inocente por los tribunales de La Araucanía.

En 2017, el abogado que representa a la familia de la víctima, Gaspar Calderón, denunció en Radio Biobío la existencia de «varios encubrimientos» que habrían tomado lugar en el curso de la investigación, como la pérdida de un reloj encontrado en el sitio del suceso. “En ciertas áreas de influencia», indicó, «se tomaron las decisiones precisas para que este crimen quedara impune».

En esa línea, el Departamento de Prensa de Teledos Noticias, vinculado a la Universidad Autónoma de Chile, divulgó a fines de 2018 un reportaje dando a conocer la carta enviada al fiscal nacional Jorge Abbott por la madre de Hagan, Regina O’Neal, quien solicitó la reapertura de la causa.

En una lista de 10 puntos, O’Neal planteó la existencia de una tórula de sangre humana obtenida en el lugar de los hechos, la cual tendría material genético masculino de alguien distinto al acusado Cofré. También se detalla la ruta que habría tomado el asesino a partir del conjunto de antecedentes reflejados en la carpeta fiscal.

«La lógica solo muestra el cerco hacia el oriente (del establecimiento) como la única vía de escape del homicida, pero no se aplicó reactivo BlueStar precisamente en ese lugar por parte de la policía chilena”, observó la estadounidense.

Semanas antes de cumplirse un cuarto aniversario del fatídico suceso policial que dejó heridas abiertas fuera de Chile, el portal Verdad Ahora solicitó a la PDI acceder «a todas las investigaciones internas, incluyendo sumarios administrativos y procesos realizados por el Departamento V de Asuntos Internos, a fin de sancionar a personal de la institución por las irregularidades del caso Hagan».

También se buscó obtener la identidad de “todos los funcionarios de la PDI que participaron como investigadores, peritos u otra calidad, en la investigación del caso Hagan, precisando dotación y funciones que realizaron con motivo del citado caso y actuales destinaciones a la fecha de esta solicitud”.

Al transcurrir el plazo legal de 20 días hábiles que el servicio tenía para entregar los documentos, la Jefatura Jurídica envió una insólita respuesta al medio de comunicación.

«Respecto al caso en estudio, para un mayor entendimiento de la información que requiere, se solicita indicar y especificar mayores antecedentes del caso ‘Hagan’, por cuanto bajo ese nombre, no nos resulta ningún caso policial conocido», arguyó la subprefecto Lorena Cuevas, encargada de la Sección de Información Pública institucional.

Posteriormente, Verdad Ahora presentó un amparo contra el director general de Investigaciones, Héctor Espinosa, ante el Consejo para la Transparencia, entidad que en sesión ordinaria del pasado 3 de enero de 2019 resolvió, por mayoría, a favor de la parte reclamante, ordenando a la PDI entregar los archivos que dispone sobre el caso.

La decisión de amparo rol C3744-18 señala que «exigir al reclamante como condición previa a efectuar la búsqueda de los antecedentes consultados, el proporcionar datos precisos, referidos al número interno de la investigación -encontrándose solo la PDI en posición de conocerlos-» erige «un obstáculo insalvable para cualquier persona que desee acceder a información en poder de la reclamada relativa a investigaciones que haya desarrollado».

«En efecto, en el caso en concreto, hubiese bastado que la Policía de Investigaciones en uso de un motor de búsqueda de libre acceso como, por ejemplo, Google, Yahoo! u otro, proporcionara los datos relativos al ‘Caso Hagan’ para establecer de modo indubitado que lo pedido versa sobre el crimen de una ciudadana extranjera en el sur de Chile, ilícito de amplia cobertura en los diversos medios de comunicación existentes en nuestro país», añade.