Un reclamo contra la encargada del Departamento de Información Pública y Lobby de Carabineros, teniente coronel Anita Serrano Tello, realizó en la Contraloría General de la República el abogado Marcos Herrera Chirino, quien representa a la viuda del sargento segundo Dany González Catalán, funcionario que dejó de existir en circunstancias no muy claras cerca de Futrono, en la Región de los Ríos, a fines de 2016.
Según el texto de la denuncia -a la que accedió este medio-, el representante de Ximena Muñoz, cónyuge del ex efectivo de Fuerzas Especiales de Valdivia, habría concurrido a la Central de Registro y Despacio de Correspondencia de la institución (Credecar) con el fin de presentar un escrito al general director Mario Rozas, advirtiendo que existen diligencias omitidas en el sumario que se instruye por el fallecimiento del sargento González, entre otras peticiones.
En dicho expediente, afirma el letrado, se han podido advertir una serie de contradicciones de testigos presentes al momento de ocurrir la muerte del funcionario, quien presuntamente fue víctima de un accidente al caer desde altura mientras realizaba ejercicios de escalada en el sector de Los Cerrillos en compañía de otros policías.
En Credecar de Santiago -esbozando una «orden superior», indica- le negaron la posibilidad de recibir el documento, enviándolo a hablar con la encargada de la oficina de Transparencia ubicada en el piso 11 del edificio que alberga a la Dirección General de Carabineros. Allí, agrega, el trámite nuevamente fue demorado.
«En ese momento le manifesté (a una funcionaria del Departamento) que no correspondía que me hicieran esperan más de 30 minutos por la sola recepción de un escrito, informándole que tenía que concurrir a una reunión programada con anticipación y no podía estar más tiempo esperando. Por tal situación le pedí que me devolviera el escrito y que regresaría durante la tarde», cuenta.
El abogado cumplió su promesa y volvió al lugar un par de horas después, ocasión en la cual tuvo que esperar otros 20 minutos para hablar con la oficial a cargo, Anita Serrano Tello, jefa de la unidad que contesta solicitudes por Ley de Transparencia, añade.
En su relato dirigido al contralor Jorge Bermúdez, Herrera asegura que «al momento de iniciar la conversación le manifiesto la situación que me afectaba y señalé que el impedir recepcionar peticiones y especialmente si son escritos dirigidos al General Director de Carabineros y por el solo hecho de denunciar una situación grave, existía una animadversión».
Serrano le habría contestado: «Mire, yo he sido prefecto en las Prefecturas de Carabineros, por lo que conozco este tipo de situaciones y no corresponde que el departamento de Credecar recepcione escritos a ninguna persona, ya que su finalidad es tramitar solo documentación institucional de Carabineros, por lo que yo creo que usted debería recurrir a presentar sus escritos a las Prefecturas».
El denunciante afirma que las palabras de la uniformada contradicen la Orden General N° 2336 de Carabineros de fecha 30 de septiembre de 2016, que expresamente se señala que a Credecar «le corresponde recepcionar, distribuir, registrar, ordenar, presentar, tramitar y controlar, toda la documentación que llegue o salga de la Dirección General de Carabineros gestionando en forma efectiva la distribución tanto de la documentación institucional como extrainstitucional recibida».
«Lo anterior da cuenta que la interpretación antojadiza que realiza doña Anita Serrano es arbitraria y abusiva, y con ello actúa al margen del Estado de Derecho» y la garantía constitucional de petición, finaliza.
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