El proyecto de Ley de Televisión Digital Terrestre (TDT) lleva discutiéndose casi cuatro años y se encuentra en el segundo trámite constitucional en suma urgencia. A pesar de lo prolongado del proceso de digitalización en Chile, éste no está dejando a nadie conforme. Se repite el proceso como con la leyes radiodifusión comunitaria, en que medios locales, educativos y culturales quedan alienados de la injerencia de la discusión, y peor aún, aislados de toda práctica comunicacional en el mundo digital.
La discusión de un nuevo marco legal ha sido condicionada por el lobby por parte de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). Los once puntos de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital hacen eco en actores comunicacionales que ven a la televisión como un servicio público, educativo y local, pero no es el caso de los parlamentarios/as a pesar de las justificaciones que han dado académicos/as de la Universidad de Santiago (Usach) y Universidad de Chile (U. de Chile), y muchos otros especialistas en el Seminario de Televisión Digital de Libre Recepción.
Con la actual legislación habrían mínimo 30 canales digitales, cálculo matemático que debiera llevarnos a una mayor democratización y pluralidad de voces en la televisión. Sin embargo, sin incentivos económicos, concesiones en igualdad de condiciones, diferenciando a los canales lucrativos de los educativos, culturales y comunitarios, un transportador público digital para estas últimas señales, entre otras soluciones que no están plasmadas en la legislación, es prácticamente imposible que se recupere el derecho a la libertad de expresión e información, ya que el acceso va a estar definido por lo que define casi todo en nuestro país: el dinero que limita nuestro derechos humanos a quienes puedan pagar por ellos.
Por Rodrigo Dresdner D.
Educación y Comunicaciones, ECO
19 octubre 2012
Publicado en www.agenciadenoticias.org
Fuente fotografía
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